Un fiscal de Cámara pidió dejar sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández
José Agüero Iturbe sostuvo que los elementos en su contra eran “insuficientes” y solicitó dictar la falta de mérito
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El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, pidió este martes que se revoque el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por los Seguros, que investiga presuntas irregularidades en el reparto de seguros durante su gestión en dependencias públicas.
Para el fiscal Agüero Iturbe, todavía restan realizar medidas de prueba antes de avanzar con el procesamiento del expresidente Fernández. Solicitó, por ejemplo, la declaración del ex Canciller, Santiago Cafiero.
“Todo lo que sea necesario para sostener que cumplió el rol que se atribuye”, explicaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, el fiscal propuso que se dicte la falta de mérito del expresidente.
El pedido se dio en el marco de las audiencias con los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, que deberán resolver la situación procesal de Fernández y de otras 32 personas procesadas en el presunto esquema irregular. No están atados al dictamen fiscal y podrán fallar en cualquier sentido.
El procesamiento del expresidente Fernández fue dictado en julio por el juez Sebastián Casanello. El magistrado encontró elementos suficientes para procesarlo por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Afirmó que el expresidente intervino para favorecer los negocios del broker de seguros, Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo”, cuya pareja, María Cantero, era su secretaria.
Pero el fiscal Agüero Iturbe, sin embargo, encontró “insuficientes” los elementos que darían cuenta de ello, tal como expresó hoy, según indicaron fuentes judiciales.
La defensa de Fernández, en manos de la abogada Mariana Barbitta, presentó un escrito en el que pidió, en línea con el fiscal, que se revoque el procesamiento del expresidente.
La letrada afirmó que el proceso violó el principio de congruencia al sostener que existe diferencias entre los hechos que animaron el llamado a indagatoria, ordenado por el juez Julián Ercolini en noviembre, y el procesamiento dictado en julio por el juez Casanello, el cual, argumentó Barbitta, introdujo nuevas calificaciones.
En el medio, el Juzgado donde tramita el expediente -vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio, en 2020- cambió de subrogancia.
La abogada Barbitta alegó también que el único mensaje que involucraría directamente a Fernández en la presunta maniobra es ambiguo.
Se refería a la respuesta que Fernández le dio a su secretaria Cantero cuando esta le dijo que La Cámpora estaba tratando de “armar broker” en Cancillería. "Ya me ocupo”, contestó el expresidente.
Solicitó, además, que se levante la prohibición para salir del país que pesa sobre Fernández y el embargo de más de 14 mil millones de pesos, por “desproporcionado”.
Según el procesamiento de Casanello, las comisiones de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández fueron de 2252 millones de pesos y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.
La empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, se hizo del 17% de las comisiones.
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