Un fiscal denunció la aplicación irregular de miles de vacunas contra el coronavirus
Sergio Rodríguez, titular de la PIA, presentó cinco denuncias por personas que fueron registradas como personal de salud y personal estratégico cuando no correspondían con esa categoría
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LA NACION
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció en la Justicia que más de 1200 personas fueron vacunadas irregularmente contra el coronavirus. Las denuncias -en total cinco- aspiran a determinar quiénes fueron los responsables por la aplicación de las dosis.
Rodríguez es fiscal auxiliar en la causa que investiga Eduardo Taiano junto a la jueza María Eugenia Capuchetti. Un tramo de la investigación ya fue archivado por la jueza por considerar que el hecho de que funcionarios y personas que pertenecieran al denominado grupo de riesgo hayan sido inoculadas sin tener un turno no constituye un delito. Muchos de los inoculados habían sido registrados como personal de salud y como personal estratégico en el Hospital Posadas y en hospitales de la Capital Federal, de Lomas de Zamora, de Quilmes, de Morón y de Mercedes. Estas denuncias, sin embargo, fueron presentadas en los tribunales de cada una de esas jurisdicciones, y por ende no están bajo la órbita de la causa que llevan adelante Capuchetti y Taiano.
Ese fallo de la jueza Capuchetti había sido apelado por Rodríguez y luego revocado por la Cámara Federal, que le ordenó a la jueza profundizar la investigación. Hasta ahora, la Justicia trabajaba en determinar en que otros hospitales nacionales inocularon a funcionarios y amigos del poder por adelantado.
Según supo LA NACION de fuentes judiciales, se observaron, por ejemplo, las situaciones en las que personas registradas como “personas de 60 años o más” no se correspondían con esa categoría.
En las denuncias, Sergio Rodríguez aclaró que la responsabilidad por la aplicación de las vacunas a personas que no pertenecían a los grupos de riesgo o las categorías “personal de salud” o “personal estratégico” le cabe a los funcionarios que las facilitaron.
“Cabe atribuir a dichos funcionarios –en principio, y sin perjuicio de lo que surja de la pesquisa– cada decisión individual de inocular de forma presuntamente irregular a personas no contempladas en el segmento correspondiente del Plan estratégico, como también la ejecución de cada una de esas decisiones. Sin perjuicio de ello, no debe descartarse de este cuadro la posible actuación de otros funcionarios públicos nacionales en la maniobra”, consideró el titular de la PIA.
En el caso del Hospital de Morón, por ejemplo Rodríguez dijo: “En relación a las 79 registradas bajo la categoría “Personas de 60 años o más”, se corroboró que 2 de esas dosis fueron aplicadas a 2 personas que se encuentran - voluntariamente- registradas en el REFEPS. Finalmente, respecto a las 77 dosis restantes se corroboró que fueron aplicadas a 77 personas que no revestirían funciones en esa institución hospitalaria ni estarían registradas -voluntariamente- en el REFEPS”.
Cuando se desató el escándalo de las vacunas que derivó en la renuncia del exministro de Salud Ginés González García, el médico sanitarista a cargo de la dirección del Hospital Posadas, Alberto Maceira, trató de restarle importancia a los actos irregulares. Un año después del escándalo, Maceira renunció a su cargo “por cuestiones estrictamente personales”.
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