Un pacto silencioso entre los jueces y la Casa Rosada
El nuevo poder que se oficializó este mediodía en el Consejo de la Magistratura es el resultado de largas conversaciones entre el Gobierno y los jueces en medio de un panorama conflictivo que incluye desde la reforma judicial que anunció Alberto Fernández hasta discusiones por las jubilaciones y el pago del impuesto a las ganancias.
Pero los primeros pasos de este nuevo Consejo, que entronó presidente al juez Alberto Lugones, comenzaron a darse el año pasado. Eduardo "Wado" de Pedro, hoy ministro del Interior, fue el gran arquitecto del acuerdo con los jueces. En 2019, como consejero, Wado tejió una excelente relación personal con el camarista Ricardo Recondo y el resto de los jueces. Es un rol que ahora continúa su hermano, Gerónimo Ustarroz, como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.
El punto determinante para el acuerdo fue una reunión de una hora y media, en diciembre pasado, que unió posiciones que parecieron siempre antagónicas. Por un lado, el kirchnerismo; por el otro, Recondo, referente entre los jueces, que fue durante años el más acérrimo antikirchnerista.
En ese encuentro se habló de las posibles reformas en la Justicia y del futuro del Consejo, dijeron fuentes al tanto de su contenido. Y ya entonces se planteó la idea de avanzar con una fórmula de consenso para presidir el organismo. Por el oficialismo estaba Ustarroz. Distintas fuentes del Consejo aseguran incluso que el anfitrión de esa reunión fue Alberto Fernández en su departamento de Puerto Madero. Desde el entorno del Presidente, sin embargo, negaron que la reunión haya existido.
El contacto que Recondo encaró desde el año pasado con Wado y, sobre todo, este nuevo acuerdo que lo consagró vicepresidente del Consejo despertaron recelos en la oposición, a pesar de que todas las autoridades fueron votadas ayer por unanimidad. "Es un cargo que negoció él solo. Que después no digan que le dieron la vicepresidencia del Consejo a la oposición porque eso no es cierto. Ya veremos cómo vota a partir de la semana que viene", rezongó una de las espadas opositoras más afiladas.
Ante la consulta de LA NACION, Recondo respondió: "Ahora no estoy en ninguna vereda política. ¿Cómo voy a estar en contra del oficialismo si todavía no hicieron nada? Tenemos que llegar a una construcción consensuada. La idea es tapar la grieta y hacer funcionar el Consejo". Más allá de estos chispazos, desde la oposición remarcaron que la voluntad de diálogo del oficialismo, encarnada ahora en Ustarroz, permitió allanar un acuerdo de autoridades y vislumbran un año colmado de negociaciones, pero con diálogo abierto.
Recondo y Lugones se reunieron en los últimos meses con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, socia y persona de máxima confianza de Alberto Fernández, y con otros miembros del Gobierno que manejan con hermetismo la reforma judicial que anunció el Presidente ante la Asamblea Legislativa.
Los jueces llevaron al despacho de la ministra su preocupación por la intención del Ejecutivo de modificar el régimen jubilatorio de los jueces y también, el histórico conflicto por el impuesto a las ganancias, según informaron fuentes oficiales.
La negociación tendrá mucho por pulir. Lugones, flamante presidente del Consejo, es uno de los abanderados en la lucha para defender las conquistas de los judiciales. "Es justo que los jueces no paguemos Ganancias. Si quieren que paguemos tienen que reformar la Constitución", adelantó en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2018. Con matices, la postura del resto de sus colegas jueces en el Consejo es similar.
Desde el Gobierno remarcan que las decisiones sobre temas tan trascendentales como el futuro de las jubilaciones y el pago del impuesto a las ganancias corren por cuerdas separadas con respecto a esta negociación del Consejo. Losardo, por otro lado, habla permanentemente con Ustarroz para saber el paso a paso de la nueva conformación del Consejo. "Son temas distintos, es cierto, pero la presidencia del Consejo es una buena señal para los jueces", dijo Juan Manuel Culotta, el tercer juez que integra el organismo.
Casi sin investigaciones contra jueces a la vista, el oficialismo se enfocará en 2020 en el armado de las mayorías que le permitan aprobar nuevos pliegos para los concursos de magistrados, varios de ellos para ocupar vacantes en Comodoro Py. De hecho, la ministra Losardo ya tiene en su escritorio los 130 pliegos que Mauricio Macri había enviado al Senado, pero que Alberto Fernández pidió revisar. "La situación no está horrible, pero vamos a tener que revisar algunos casos puntuales", advirtieron desde la Casa Rosada.
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