Un paso hacia el apreciado principio de la igualdad ante la ley
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LA NACION
El fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia, conocido ayer, constituye el más saludable regreso a uno de los principios más apreciados por los argentinos: la igualdad ante la ley.
La aplicación de la ley más benigna fue siempre reconocida por los más altos tribunales del país a lo largo de nuestra historia. Pero esa garantía, inexplicablemente, le era negada hasta ahora a los acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad.
El pronunciamiento de la mayoría del alto tribunal, con cita de innegables precedentes jurisprudenciales, doctrinarios, legales, constitucionales y convencionales, termina con una discriminación aberrante y les hace saber a los jueces que deben aplicar la ley tal como fue sancionada por el legislador, sin excepciones que no estén fundadas en la ley misma. Y nos recuerda, además, que en nuestra patria no existen prerrogativas de sangre ni de nacimiento: todos somos iguales ante la ley.
La República se conformó constitucionalmente bajo los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La gran diferencia con los postulados de la Revolución Francesa que se expandieron como una llamarada a la independencia americana, es que nuestro Preámbulo reconoce a Dios como causa de ellos, en tanto fuente de toda razón y justicia.
Decidimos no reconocer monarca alguno que nos gobierne, porque tampoco aceptamos que uno solo de nosotros sea considerado inferior o tratado de forma diferente por su origen, su condición social, sus ideas políticas, su religión, su raza o su profesión.
La opinión de la minoría en el fallo Muiña se basa en anteriores fallos que fueron descalificados por nuestra Academia Nacional de Derecho, en sendos pronunciamientos. Son pronunciamientos que se corresponden con otra mayoría que gobernó la Corte durante el período de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, caracterizado por una manifiesta ilegalidad, la falta del respeto a la ley, la persecución a los jueces, la discordia nacional, la corrupción, los intentos por formar un Poder Judicial homogéneo y dependiente, adherido a políticas con otros poderes, subordinado y militante.
Bienvenidos estos fallos que son correctores, republicanos, profesionales y responden a nuestra más cara tradición. Una tradición que debemos defender siempre, si pretendemos volver a ser la nación que nuestros padres constitucionales soñaron para todos nosotros.
El autor es abogado penalista y miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Ricardo Saint Jean
LA NACION
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