Una auditoría interna de la Armada de 2016 advirtió que el ARA San Juan tenía fuertes deficiencias técnicas
En marzo del 2017, el comandante del ARA San Juan había pedido entrar a dique seco; cuando zarpó por última vez, la unidad llevaba más de 40 meses sin inspección, excediendo en más del doble el tiempo máximo permitido por las reglamentaciones de seguridad
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.- Un informe de la Auditoría de la Inspección General de la Armada del 20 de diciembre de 2016 sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, COFS, había advertido casi un año antes de la tragedia que el submarino ARA San Juan presentaba deficiencias técnicas que comprometían la seguridad del material y del personal. Del informe fueron notificados formalmente la cúpula de la Armada y el ministerio de Defensa.
La auditoría, que se encontraba bajo secreto militar, fue uno de los documentos centrales que se analizaron este miércoles en la séptima audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, que instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
La audiencia puso el foco en las auditorías y procedimientos administrativos que giraron en torno al buque en el último año antes de la tragedia. También, se difundió una nota dirigida al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, con fecha del 27 de marzo de 2017, en la cual el comandante del ARA San Juan solicitaba las limitantes del buque y la necesidad que el mismo ingrese a dique seco.
Entre las conclusiones más relevantes de la auditoría que lleva la firma del contraalmirante (R.E.) Guillermo Luis Lezana, quien se desempeñó como Inspector General de la Armada, dictaminó que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, advirtió formalmente que el submarino no cumplía con los mantenimientos programados en dique seco con la periodicidad establecida, señalando que para febrero de 2017 la unidad cumpliría tres años sin inspección.
La auditoría señaló que, al no tener la certificación de sus escotillas, el submarino estaba imposibilitado de realizar entrenamientos de escape y rescate con otras fuerzas. Lezana quien prestó declaración testimonial en la causa y figuraba como testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, no compareció este miércoles a declarar por encontrarse atravesando un problema de salud, según informó el Tribunal. “Creemos que es oportuno que el testimonio sea incorporado por lectura y se posponga su declaración para el momento oportuno”, propuso el fiscal Gastón Pruzán, y fue acompañado por las defensas.
En las declaraciones que constan en el auto de procesamiento, quedó acreditado que la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa fueron notificados formalmente de que el submarino presentaba deficiencias técnicas.
Sobre el derrotero de la Auditoría en cuestión, se refirió el testigo de fiscalía, Eduardo Pérez Bacchi, -hoy retirado de la fuerza- quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016 y aportó declaraciones fundamentales sobre el proceso de seguimiento de la auditoría realizada al ARA San Juan y el estado de sus fallas durante el año 2017.
Este martes, Pérez Bacchi detalló el itinerario administrativo del informe de auditoría, aprobado originalmente en enero de 2017, para que las unidades corrigieran sus fallas: fue remitido al Comando de Adiestramiento y Alistamiento, se enviaron observaciones a la Dirección General del Material de la Armada, una copia del informe fue girado al Ministerio de Defensa y en abril al Comando de la Fuerza de Submarinos.
El 1 de julio del 2017, según Bacchi, vencía el plazo para que los organismos observados informaran sus avances. Señaló que la primera remisión de julio fue un poco confusa por lo que pidió telefónicamente una reformulación que recién llegó de manera clara el 11 de agosto de 2017.
El testimonio de Pérez Bacchi fue crucial durante la instrucción para demostrar que la cúpula naval sabía que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas” y que el proceso de reparación se encontraba demorado o con informes poco claros durante la mayor parte del año 2017.
El auditor también se refirió durante la audiencia que el 25 de noviembre de 2017, cuando habían pasado diez días de la última comunicación del ARA San Juan, por orden del Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, efectuó una auditoría en la Base Naval Mar del Plata para verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del submarino, se dio mientras aún estaba vigente la búsqueda del buque.
En este punto, el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, pidió que su defendido amplíe la declaración indagatoria para responder los informes de auditoría presentados este miércoles en el juicio y darle el derecho a defensa.
“Villamide quiere explicar, defender sobre lo que ustedes han expuesto en pantalla”, afirmó Vigliero y se excusó de hacerle preguntas al auditor sobre el que dijo que presentaba “inexactitudes, sobre las cuales no podría conjugar una línea de interrogatorio” y recordó: “Srur le metió una auditoría cuando Villamide estaba embarcado buscando el submarino”. El Tribunal debe definir cuándo se tomará la ampliación de declaratoria.
El pedido del comandante Pedro Martín Fernández
Durante la audiencia también se reprodujo la nota N° 02/17 “S” SUSJ 3FY, de fecha 27 de marzo de 2017, a través de la cual, el comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, detalló una serie de fallas críticas que limitaban el desempeño operativo de la unidad, tras cumplirse 37 meses desde que el buque fuera puesto a flote después de su reparación de “media vida” y solicitaba el ingreso a dique seco.
En la nota, el marino destacó el estado de los periscopios, el periscopio de observación estaba “fuera de servicio” por el deterioro de sus actuadores hidráulicos, y el de ataque presentaba “cojinetes desalineados”, lo que obligaba a limitar su uso para evitar daños mayores. Fernández advirtió que, si ambos fallaban, el buque quedaría “no operativo”.
También se refirió a la restricción de profundidad en la operatividad hasta un máximo de 100 metros que tenía el submarino debido a una “pinchadura previa en una tubería” a 85 metros de profundidad, y recuerda que restaba realizar la “prueba hidráulica a 62,5 bares” del sistema de refrigeración principal.
El comandante también recordó que se reportó un “fuerte ruido” cada vez que se ordenaba parar máquinas, lo que provocaba una “gran indiscreción” (facilidad de ser detectado) y requería chequear el sistema de transmisión de potencia, por todo lo cual indicaba que eran señales que realizar tareas de carenado. Fernández recordó que, según la normativa para el uso de máquinas navales (NOCEM), estos trabajos deben hacerse cada “24 meses”, y según el plan para submarinos TR1700, cada “18 meses”, plazos que ya estaban ampliamente vencidos.
A pesar de la urgencia del planteo del comandante, la solicitud fue postergada sistemáticamente por las instancias superiores. En abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina, basándose en el pedido de Fernández, recomendó tramitar la “imperiosa entrada a dique”, pero la programó para el primer semestre del año 2018. Según se mostró, el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, incluyó la solicitud para esa fecha.
Cuando el submarino zarpó en su última misión en octubre de 2017, la entrada a dique seguía pendiente. Para ese entonces, la unidad llevaba más de 40 meses sin entrar a dique seco, excediendo en más del doble el tiempo máximo permitido por las reglamentaciones de seguridad de la propia Armada.
En la jornada de este miércoles también declararon en calidad de testigos el contraalmirante Gerardo Lestingi, quien se desempeñó como Director General del Material de la Armada (DGMN), el contraalmirante Ángel Cucoresse, jefe de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, -un organismo técnico con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano- y Carlos Guillermo Torrissi, jefe de logística de la Fuerza de Submarinos en 2016.
En la sala junto a sus defensas particulares siguen el juicio de manera presencial dos de los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina imputados: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide. En tanto que de modo remoto siguen las audiencias el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
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