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Una buena noticia con muchos desafíos que quedan pendientes
El acuerdo es mejor que una cesación de pagos, pero se debe tener presente que resulta una condición necesaria pero no suficiente para estabilizar la economía.
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El Presidente anunció esta semana el logro de un acuerdo con el FMI. Si bien para su concreción queda camino por recorrer, el principio de acuerdo es una muy buena noticia para el país ante la alternativa de no acuerdo e incumplimiento de las obligaciones del Estado nacional con el organismo de crédito, situación en la que se encuentran Somalia, Zimbabue y Sudán. El escenario de no acuerdo provocaría una severa profundización de la crisis de confianza que enfrenta el país, con los consecuentes impactos económicos, sociales y, por ende, políticos, en el corto plazo.
El logro de un acuerdo, y posterior cumplimiento de las metas comprometidas, habilitaría al país a refinanciar los abultados vencimientos de deuda con el organismo, a la vez de recibir fondos frescos. Ningún país confiable hace frente al pago de sus deudas, ya que al vencimiento logran su refinanciación e incluso fondos adicionales a menores tasas de interés. Ahora bien, la crisis de confianza que enfrenta la Argentina obliga a realizar el pago de cada vencimiento, situación que resulta insostenible para cualquier estado o empresa. De esta manera, el logro de un acuerdo resulta fundamental para evitar la cesación de pagos. Este fija metas a cumplir, las cuales resultan deseables en pos de estabilizar la economía, aunque generan incertidumbre respecto de su logro.
La convergencia fiscal planteada está en línea con un desequilibrio financiable y sustentable para el país. Si bien a comienzos de año el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteaba diferencias con el FMI sobre el sendero fiscal para el logro de un acuerdo, estas habrían desaparecido a lo largo del mes. La meta de un desequilibrio fiscal primario equivalente a 2,5 puntos del PBI para el corriente año, convergiendo al equilibrio en el año 2025, resulta razonable para un programa que busca reducir el financiamiento vía impuesto inflacionario.
La reducción del déficit disminuiría las necesidades de financiamiento, incluyendo la emisión monetaria. De acuerdo con los dichos del ministro, la emisión monetaria se reduciría del equivalente a 3,7 puntos porcentuales del PBI en 2021 a 1 por ciento el corriente año, dada la reducción en las necesidades de financiamiento. Esta emisión sería demandada por la economía, contribuyendo a disminuir los desequilibrio en el mercado de pesos y por ende sus efectos no deseados; la emisión de pesos no demandados redunda siempre en incrementos de la demanda de otros activos y bienes, lo que provoca el deterioro de las cuentas externas del país, la pérdida de reservas del Banco Central, la ampliación de la brecha cambiaria y la aceleración de la inflación.
La baja del déficit y, por ende, su monetización presenta importantes desafíos. Ajustado por ingresos extraordinarios, y teniendo en cuenta la dinámica intertemporal de los subsidios energéticos de 2021, el sector público comienza 2022 con un desequilibrio fiscal primario normalizado equivalente a 4,3 puntos porcentuales del PBI. La reducción del desequilibrio en 1,8% del PBI, para lograr cumplir la meta de 2,5%, demandará esfuerzos adicionales, más allá del crecimiento, dada la premisa de que el gasto crecería moderadamente por encima de la inflación. La respuesta a este interrogante se encontraría en el comunicado del FMI, en el cual se menciona un acuerdo para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, cuenta que representó en 2021 el equivalente a 3,0 puntos del PBI. El ajuste de tarifas, necesario desde el punto de vista fiscal y para incentivar las inversiones en el sector, resulta un desafío político para un país empobrecido, en el cual el 90% de los grupos familiares tienen ingresos totales inferiores a 190.000 pesos por mes.
Las exportaciones
A pesar de la devolución de los pagos efectuados al FMI el año pasado, la sequía, la suba de los precios energéticos y la sustitución de las importaciones de gas de Bolivia por GNL (más caro) generan dudas sobre la acumulación de reservas planteada, dado el esperable deterioro del saldo comercial, y con una política cambiaria incierta. Se insiste con la necesidad de incrementar las exportaciones bajo el erróneo argumento del déficit estructural de divisas; sin embargo, no se especifica cómo se logrará ese incremento y no se mencionan cambios en retenciones, ni ajuste cambiario o medidas para el desarrollo del sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo, el ajuste de tarifas aceleraría el retraso del tipo de cambio respecto de la inflación, generando más presión en el mercado de cambios y, por ende, sobre la meta de acumulación de reservas. Si intentando evitar este efecto se acelera el ritmo de depreciación del peso, el costo se pagará en mayor inflación, lo que demandará a su vez mayores tasas de interés dado el compromiso de asegurar tasas reales positivas. Si bien el logro de un acuerdo resulta en un escenario superior al de una cesación de pagos, se debe tener presente que resulta una condición necesaria pero no suficiente para estabilizar la economía.
Si bien suele asignarse a los programas con el FMI la responsabilidad sobre lo que ocurre con la actividad económica, esto no es cierto ya que esta dependerá de los desequilibrios preexistentes y del impacto que este pudiera tener sobre la confianza. Ante la existencia de desequilibrios y sin confianza, los ajustes los hace el mercado con total independencia de los deseos del gobierno. La historia argentina presenta numerosos ejemplos de ajustes (la última 2018-2020) por desconfianza, y de expansiones asociadas a la recuperación de la confianza.
La reversión de la crisis de confianza resulta clave para evitar que el acuerdo no sea recesivo. De no lograrlo, la recesión afectaría las estimaciones de ingresos y, por ende, la reducción del desequilibrio fiscal y de la expansión monetaria, aflorando, luego de algún período de relativa estabilidad, los problemas recurrentes de la economía.
El acuerdo debe ser acompañado por el apoyo explícito de los diferentes sectores de la coalición de gobierno, así como también de la oposición, sindicatos y sector privado, en lo discursivo y en los hechos. Asimismo, se debe tener presente que la reversión del deterioro económico secular, y por ende social, que experimenta el país hace décadas demanda, además del un acuerdo con el FMI y su posterior cumplimiento, profundas reformas no contempladas en este y que los “atajos” solo son paliativos de corto plazo, siendo siempre el resultado final más pobreza.
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El autor es economista jefe de Arriazu Macroanalistas
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