Una cooperativa vinculada a Grabois cargó contra la Ciudad por suspender el transporte gratuito para los cartoneros

Luego que el Gobierno porteño anunciara que dejará de financiar el sistema de transporte gratuito a los cartoneros que trabajan en las cooperativas ligadas a Juan Grabois, desde el espacio del dirigente social apuntaron contra la medida. “Es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible”, señalaron.

A través de un comunicado, espacios vinculados a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que se referencia en Grabois, expresaron su preocupación por la reciente suspensión del financiamiento al transporte que era destinado a un grupo de cartoneros que viajan desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires.

“Este conflicto trasciende la cuestión logística y pone en riesgo un sistema de reciclado que es un modelo de gestión integral e inclusiva de residuos a nivel nacional y con reconocimiento internacional”, plantean.

Bajo esa línea, desde las cooperativas reparan en la importancia del reciclado cartonero en la Ciudad. “Este modelo integra la recolección diferenciada puerta a puerta como eje central, realizada por los propios cartoneros que ya conocían los circuitos y generaban vínculos con vecinos y comerciantes. Desde hace 18 años, el traslado de los recuperadores urbanos está garantizado como parte del sistema de reciclado con inclusión”, destacan.

Asimismo, se ahonda en el impacto masivo que tiene el accionar de los cartoneros en el reciclaje y el ambiente. “Solo en CABA, el sistema recupera más de 400 toneladas de materiales reciclables por día. Los cartoneros le ahorran millones al Estado por todas estas toneladas de material recuperado”, se argumenta.

Y bajo esa misma línea agregan: “Los recuperadores urbanos, en su conjunto, recolectan hasta 10.000 toneladas de residuos sólidos urbanos reciclables por día. Este trabajo fundamental reduce enormemente el impacto ambiental, generando un ahorro de 9,5 millones de CO₂ equivalente y evitando otros 232,5 millones de CO₂ equivalente al prevenir la quema en basurales, lo que los convierte en actores clave en la mitigación del cambio climático”.

Según se advierte en el comunicado, la medida llevada adelante por la administración de Jorge Macri, impactaría en el bolsillo de los trabajadores, quienes tendrían que “destinar aproximadamente un 20% de sus salarios” para poder llegar a sus lugares de trabajo. “Esto es especialmente crítico dado que el sistema ya busca un ingreso básico garantizado y un complemento salarial en un sector caracterizado por la precariedad laboral”, alertan.

“La suspensión de la logística para los cartoneros que trabajan en CABA no es un mero ajuste de transporte, es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente inclusivo, forjado por años de lucha y organización, y que es visto como un modelo ejemplar para una gestión de residuos más justa y eficiente”, concluyen.

Según informaron desde la administración porteña, el sistema de reciclado está integrado por más de 6000 cartoneros organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada.

Alrededor de la mitad de estos trabajadores, contaban con el sistema de traslado diario financiado por el gobierno porteño, que fue recientemente suspendido. “Afecta a 3500 recuperadores, lo cual representa el 60% del sistema, ya que hablamos de 6500 trabajadores”, precisaron desde la CTEP.

La iniciativa llevada adelante por el gobierno de Jorge Macri afecta a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. La primera nuclea a más de 2500 recolectores, nucleados bajo el espacio referenciado por Grabois, mientras que las tres restantes están dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

De acuerdo a la explicación de la Ciudad, la medida busca generar condiciones de igualdad entre las cooperativas.

“Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas. El esfuerzo del Estado —que es el de todos los vecinos— debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

LA NACION

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