Una disputa por fondos que no terminó de convencer a ninguna de las partes
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof hizo público ayer su enojo: acusó directamente a Juntos por el Cambio de desfinanciar a la provincia para favorecer a los sectores concentrados de poder económico, en la nueva ley impositiva. La vicepresidenta Cristina Kirchner, apoyó al mandatario en su ataque contra los políticos que defienden a "los sectores corporativos dueños de las grandes fortunas".
"Sí, se perdieron recursos. Y yo creo que no era conveniente", dijo ayer. "Se perdieron 10 mil millones de la recaudación", precisó su vicegobernadora Verónica Magario. "Y tenemos vencimientos de deuda este mes por $48.000 millones", se quejó Gervasio Bozzano, presidente del bloque del Frente de Todos.
Magario también vinculo la merma en los recursos con la renegociación de la deuda de este territorio. "Aceptamos la deuda que tenemos, que no la produjo el gobierno actual y trataremos de pagarla"- dijo. "Pero no haremos el ajuste sobre la gente. Buscaremos alternativas para ir saldando la deuda interna y para ello empezaremos a renegociar la deuda externa", afirmó.
La reducción de los ingresos brutos, en especial a las empresas ligadas al campo que buscaba imponer el gobierno, la reducción a la mitad de las tasas portuarias -que afectaba especialmente a quienes comercializan los granos ya que se trasladan a los costos de la operación- y la baja en la base imponible del inmobiliario urbano irritaron tanto al Poder Ejecutivo como la disminución de impuestos a los operadores de servicios de cable.
Los topes a los impuestos de las viviendas más caras de la mayoría de los 4,6 millones de contribuyentes tendrá impacto pero será moderado: el impuesto inmobiliario representa un décimo de lo que se recauda, cada año, por ingresos brutos. Acaso será mucho más altas las pérdidas en ese concepto: sólo en el caso de los puertos podría haber significado ingresos por $2600 millones. Otros $500 millones se dejaron de recaudar al no subir la alícuota de las señales de cable del 2 al 3%. Eso, más el alza en los ingresos a las cerealeras que se pretendía subir más de un 2,5% hubieran significado un total de ingresos por $5000 millones.
En su primer acto público tras la votación de la ley impositiva 2020 Kicillof se refirió al debate de la Legislatura. Acusó a la oposición parlamentaria de "querer darle más recursos a los sectores más concentrados" para que después por derrame, llegue al resto de la población. "Ese experimento ya fracasó", criticó el gobernador. Y acusó a Juntos por el Cambio de otorgar a esos grupos concentrados grandes ganancias de dinero.
Desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio le respondió Maximiliano Abad, uno de los líderes de la oposición. "Mantener el argumento de que al mantener la alícuota de la TV por cable defendemos a sectores más concentrados es falso- dijo Abad. Protegimos al usuario de clase media y baja que ve el impacto de estas cargas impositivas en su facturación mensual".
Y defendió el resto de los cambios: "Si aumentábamos la carga sobre los medicamentos impactamos sobre el bolsillo de los jubilados, y si aumentamos indiscriminadamente el impuesto inmobiliario impacta sobre el precio de alquileres. Creer que el propietario de un inmueble con una valuación fiscal de 650.000 pesos es millonario, o un chacarero con 200 o 300 hectáreas es un terrateniente implica una severa distorsión de la realidad", respondió el diputado.
El año pasado los ingresos por este concepto ascendieron a 989 mil millones. Este año aún no hay proyecciones oficiales ya que no se presentó el presupuesto. Pero extra oficialmente se deslizó que la recaudación podría alcanzar a 1.5 billones si se proyecta el año pasado más la inflación.
Detrás se esconde una pelea ideológica que Kicillof no pudo ganar, se aseguró en el bloque de Juntos por el Cambio. "Buscaba ir contra el campo en aumentos en los ingresos brutos, en las tasas de puertos -que se traslada a la comercialización de granos- y en el inmobiliario rural". Pero dos de esas tres subas se modificaron en el Senado, con el aval de Juntos por el Cambio.
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