Una jugada nacida en la desconfianza más que en el apego al republicanismo

Paz Rodríguez Niell
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18 de diciembre de 2018  • 22:43

Carlos Rosenkrantz seguirá siendo el presidente de la Corte Suprema , pero será el presidente con menos poder que se recuerde; al menos, de los últimos 50 años.

Así, sus aspiraciones de impulsar modificaciones en el Poder Judicial desde la cúpula quedaron muy golpeadas. La única reforma que tiene garantizado que se concretará es, paradójicamente, la de hacer de la Corte un espacio más horizontal en la toma de decisiones. Ricardo Lorenzetti, que condujo durante años el tribunal con un estilo de fuerte concentración del poder, hoy integra una nueva mayoría que juzga que es hora de recuperar para "el cuerpo" las atribuciones delegadas en la presidencia.

"El nuevo rol del presidente será básicamente protocolar", dijo a LA NACION una fuente de la vocalía de Lorenzetti que no ocultaba su satisfacción. Esta nueva presidencia vaciada de poder es, para el presidente saliente, una revancha. Él no tenía planes de dejar su sillón cuando Rosenkrantz, que parecía ser un ministro sin aspiraciones presidenciales, lo desbancó con el beneplácito del Gobierno y los votos de Horacio Rosatti y Elena Highton

Más que por una fiebre de republicanismo, el nuevo diseño de la Corte se explica por la desconfianza que reina en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales.

La misma mayoría que hoy recortó al máximo las atribuciones de la presidencia podría haber removido a Rosenkrantz, pero decidió no hacerlo. La "nueva mayoría", esa que el líder del gremio judicial, Julio Piumato , bautizó la "mayoría peronista", tampoco está dispuesta a empoderar a uno de los tres como su líder.

Cuentan en la Corte que la acordada que vacía de facultades a la presidencia se venía discutiendo desde hacía semanas. Hubo incluso una versión previa que era más explícita en su respaldo a Héctor Marchi, el administrador general del Poder Judicial, hombre de confianza de Lorenzetti y no así de Rosenkrantz.

Esa primera versión había sido firmada por Highton, relataron a LA NACION fuentes de la Corte independientes entre sí. Pero la jueza retiró su firma. La tachó.

Todo este replanteo de las atribuciones administrativas en la Corte acrecentó peleas que vienen, como mínimo, desde el cambio de presidente. Carlos Pagni reveló ayer que, según llegó a oídos del Gobierno, en una muy dura conversación Lorenzetti presionó a Highton amenazándola con apoyar las recusaciones que gobernadores plantearan contra ella por su presunta dependencia del Poder Ejecutivo. El argumento de esos planteos sería que Highton solo pudo permanecer en la Corte después de haber cumplido 75 años gracias al aval que tuvo de la Casa Rosada.

Un funcionario del alto tribunal dijo hoy a LA NACION que aquel apriete existió y que varios jueces lo sabían. De ser así, por el momento ni Highton ni nadie lo denunció. De lo que no hay dudas es de que la relación entre Lorenzetti y Highton, que antes decían ser "familia", atraviesa su peor momento.

"Si alguien mantiene esa denuncia de presiones, vamos a pedir que se investigue por qué fue en realidad que Highton tachó su firma", dijo esta noche a LA NACION una fuente cercana a Lorenzetti. La versión que dio la jueza cuando retiró su apoyo a la acordada, cuentan en la Corte, es que la resolución no tenía bien sostenida su argumentación legal.

Hoy, tal como quedó redactada la decisión de la mayoría, Rosenkrantz conserva poco más que las funciones de representación del cuerpo. "Tiene también la iniciativa en los temas que llegan para el acuerdo", dijo un alto funcionario de la Corte. Sin embargo, no decide qué temas tratará el tribunal y cuáles no, como hacía Lorenzetti. Lo que perdió Rosenkrantz fue poder sobre la "superintendencia". Esto incluye todo lo que decide la Corte que no es de contenido jurisdiccional (que no son fallos): contrataciones, cuestiones de mantenimiento, licencias, vacaciones, reclamos por sanciones disciplinarias en el ámbito del tribunal.

En estas horas de internas feroces, la decisión del Gobierno es mostrarse prescindente. En definitiva, esto va a regir para los presidentes que puedan venir y –dicen– hasta puede terminar favoreciendo los intereses de la Casa Rosada.

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