Una ley que impacta en todos los actores

Adrián Ventura
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11 de diciembre de 2014  

El proyecto de ley de Telecomunicaciones (TIC), aún después de las modificaciones, conserva intacto su núcleo esencial: permitirá la presencia de las telefónicas en el mercado del video y de la banda ancha y, también, le entrega al Gobierno -cualquiera se el de turno-, enormes atribuciones regulatorias.

"Hay pocas leyes en el mundo que le otorguen al Estado un poder tan omnímodo para entrometerse en la vida de los prestadores", asegura el ex secretario de Comunaciones Henoch Aguiar.

Vale la pena repasar el proyecto:

-El artículo 9 permite a las telefónicas, que son empresas de servicios públicos, hacer lo que hasta ahora les prohibía la ley de medios: dar servicios audiovisuales. Por eso, Cablevisión y casi 700 cableoperadores más pequeños temen que aquéllas los terminen fagocitando. Sí se prohibió a las telefónicas, que tienen varios satélites propios, que presten esos servicios por vía satelital. Pero la norma parace fácil de soslayar recurriendo a terceros.

El temor de los cableoperadores se funda en la disparidad del nivel de facturación; en la diferencia del número de clientes y en el hecho de que la nueva ley encuentra al Grupo Clarín en un mal momento: la AFSCA lo somete a un proceso de adecuación forzosa y, además, no pudo presentarse a la licitación 4-G.

-Para proteger a los cableoperadores de pequeñas localidades, los más expuestos al avance de las telefónicas, los artículos 94 y 95 dedican más de 20 intrincadas oraciones, por momentos ambiguas, para decir que los cableros locales podrán gozar del beneficio de un "plazo de exclusión", que frene el desembarco del operador entrante. Pero la ley no establece de antemano que ese plazo será, por ejemplo, de 1, 3 o 5 años. En consecuencia: el cablero local deberá continuamente sentarse a negociar con el Gobierno de turno.

Pero más allá de esos conflictos empresariales, vez vale la pena hacerse dos preguntas: ¿qué pasaría si, hipotéticamente, se suprimiese a Cablevisión del mercado? E, incluso, ¿qué pasaría si el próximo Gobierno no fuese kirchnerista, sino de otro signo político?

La ley, desde un punto de vista exclusivamente técnico, seguiría teniendo otros riesgos:

Veamos:

-El artículo 9 usa 18 zigzagueantes oraciones -llenas de gerundios y de generalidades-, para establecer que la Autoridad de Aplicación (AFTIC) podrá "declarar en cualquier momento" que una empresa tiene un "poder significativo de mercado", aún cuando no realice prácticas anticompetitivas. Y, por su sola voluntad, podrá regularla de un modo especial. ¿No influirá el hecho de que una empresa sea amiga o crítica del Gobierno?

-El artículo 9 dice que podrán obtener licencias empresas que tengan o no infraestructura propia. Es decir, para obtener una licencia en este mercado tan dinámico, no es necesario ni prometer ni hacer inversiones en dinero y tecnología.

-La clave está en los artículos 10 y 39, que establecen que los prestadores ya establecidos deberán facilitar a sus competidores el acceso a su propia infraestructura de soporte. El establecido desarrolló la red; el entrante, la usa sin haber invertido. Y si la empresa requerida (por ejemplo, un cablero) se opone, el Estado fijará unilateralmente esa obligación y el precio del acceso.

-El artícul 41 dice que el Estado nacional, para favorecer a sus propias redes, podrá fijar condiciones particulares de acceso e interconexión con otras redes. ¿Acaso subyace algún nuevo negocio para Arsat?

-El artículo 28 dice que toda licencia será precaria y que el Estado la puede revocar sin derecho a indemnización alguna. Entonces, ¿cuál es el incentivo para invertir?

-La AFTIC, luego de la reforma, no estará integrada por una única persona, sino por un directorio. Pero las atribuciones no se atenuaron y el artículo 47 le permite "de oficio", es decir, sin que nadie se lo pida", inmiscuirse en cualquier contrato y redefinirlo.

-El artículo 48 fija límites a los precios que puedan cobrar los licenciatarios, incluso las telefónicas: dice que los precios deben ser "justos y razonables", según el criterio que tenga la AFTIC, que de otro modo "podrá regularlos".

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