El gobierno de Venezuela bloquea investigaciones judiciales contra exfuncionarios kirchneristas

“Una olla se incendia en la cocina. Hay humo por toda la casa: el comedor está lleno de humo, las habitaciones están llenas de humo... El problema es que a los jueces no les alcanza con el humo, ellos quieren ver el fuego. Entonces pedimos entrar a la cocina, ¡pero nunca nos abren la puerta!”. La metáfora es de una fuente judicial que lleva casi una década detrás de la corrupción entre el kirchnerismo y el chavismo. Se siente atrapado en un laberinto sin salida.

La llave de esa puerta –continúa la metáfora– la tiene Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a quien respaldó el gobierno argentino la semana pasada, cuando decidió abandonar el Grupo de Lima. Y en esa cocina, más que fuego, están las pruebas que podrían complicar a empresarios y funcionarios tanto de la Argentina como de Venezuela que están acusados de hacer negocios para defraudar al Estado venezolano. El investigador judicial está detrás de una misión imposible: que el chavismo entregue información a la Justicia para que esos procesos penales avancen en la Argentina.

La falta de colaboración desde Caracas bloquea en la Justicia argentina al menos una decena de causas judiciales de alto impacto político que investigan irregularidades en los negocios fomentados por el kirchnerismo hacia Venezuela, expedientes que persiguen el destino de unos US$ 3000 millones del patrimonio público venezolano, según el relevamiento de LA NACION. Esas causas, además, ponen bajo la lupa el papel de exfuncionarios como Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti, entre otros, pero también a altos funcionarios chavistas como Américo Mata y Félix Osorio.

El silencio desde Caracas es el palo en la rueda para esclarecer acusaciones por contrabando, sobreprecios y lavado de dinero, negociados que, todavía hoy, tienen impacto directo en la crisis venezolana.

“Yo las he visto y las he tocado a las máquinas argentinas. Son nuevecitas, nuevecitas, están casi sin uso”, relata Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. “Ahí están, estacionadas una al lado de la otra, en el complejo industrial de Turén [un pueblo agrícola venezolano]. Le he preguntado a los obreros que trabajaban allí y todos me contestaron que se les había roto una rolinera o alguna otra pequeña pieza y así quedaron, nuevecitas, pero sin poder usarse. Es una lástima que máquinas que pueden costar hasta 70.000 dólares estén varadas por un repuesto de 10 dólares”, continúa ante la llamada de LA NACION.

La investigación por supuestos sobreprecios en la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela es apenas una de las causas que está frenada en la Justicia argentina por la falta de colaboración desde Caracas. Hugo Chávez había encargado la compra para potenciar la producción de pequeños productores agropecuarios, que se verían beneficiados por esta ayuda del Estado. Pero el programa no funcionó y las máquinas están paradas por falta de mantenimiento o repuestos de esos mismos productos que Venezuela ordenó comprarle a la Argentina. “El déficit venezolano en la producción de maíz se debe, en una buena parte, a que el 70% de su maquinaria agrícola está obsoleta. Y eso influye directamente en la producción de alimentos”, insiste Pérez.

La investigación que instruye el juez Julián Ercolini por supuestos sobreprecios en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela avanza a paso lento en los tribunales argentinos por la falta de respuesta desde Caracas. El mecanismo que habrían utilizado los funcionarios kirchneristas y chavistas para cobrarle sobornos a los empresarios argentinos que quisieran exportar a ese país fue revelado en detalle por distintos testigos, explicaron fuentes judiciales. Sin embargo, la falta de las pruebas oficiales desde Venezuela que acrediten ese fraude son, otra vez, el palo en la rueda para acusar, entre otros, al extitular de Órgano de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti.

La Cámara en lo Penal Económico marcó en 2019 un precedente judicial cuando consideró que era indispensable, si la acusación en los tribunales argentinos era por una defraudación al Estado venezolano, contar con la información sobre las investigaciones en curso en ese país o, bien, que Venezuela aportara documentación que pruebe esa acusación contra los empresarios argentinos en dicha jurisdicción. Si el delito por probar es lavado de dinero –sostiene la Cámara- entonces hace falta acreditar el delito precedente que ocurrió en tierras venezolanas.

El caso de Juan José Levy, una investigación que involucra a este empresario argentino que se hizo millonario con exportaciones a Venezuela a través de un fideicomiso bilateral, es el ejemplo más claro. El juez Marcelo Aguinsky envió un exhorto en 2018 y todavía espera su respuesta. En estos tres años, el juez insistió doce veces ante la Cancillería para que el gobierno de Venezuela entregara la documentación solicitada, pero sus pedidos fueron ignorados.

Cansado de esperar, Aguinsky le envió una nota a la Corte Suprema para que este tribunal le pidiera la intervención al presidente Alberto Fernández con la intención de destrabar el exhorto. La argumentación del juez fue que, como las exportaciones desde las empresas de Levy se hicieron a través de un fideicomiso bilateral entre ambos estados, la Casa Rosada debe intervenir en el asunto. Pero la Corte rechazó actuar ya que –aseguraron– no puede intervenir en una causa en trámite. Tres años después, Venezuela sigue sin colaborar con la Justicia local.

Tras retirarse del Grupo de Lima, el Gobierno le hizo un nuevo guiño a Venezuela: la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió este lunes una resolución oficial que recuerda que las alertas para que los sujetos obligados informaran especialmente sobre transacciones sospechosas vinculadas al gobierno venezolano vencieron el pasado 30 de diciembre. “La cancelación de estas alertas es un peligro para la integridad económico financiera. Estas alertas, justamente, se referían a posibles maniobras financieras que son parte de investigaciones judiciales que involucran lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción, mediante operaciones de comercio exterior entre Argentina y Venezuela”, afirmó María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF.

“Esto no es judicial, es una cuestión totalmente política. ¿Quién aportaría información a un juez de otro país para incriminar a sus propios funcionarios y a sus aliados políticos?”, cuestiona otra fuente judicial que lidia con la falta de colaboración. Pero remarca que no solo es complicado recibir respuestas de Venezuela, sino también de otros países que van desde China a Suiza. Otros países, agrega, solo responden cuando les conviene políticamente, como el caso de Estados Unidos. El investigador, sin embargo, no pudo responder por qué la Justicia argentina queda atada a estos exhortos para probar delitos en los que, en muchos casos, sobran indicios de enriquecimientos desmedidos.

La Cámara entendió en el caso Levy que, sin información sobre Venezuela, la discusión sobre los precios de exportación a ese país quedaba subsumida a si se vendió “caro o muy caro”, pero sin delito alguno. Las condiciones de estas exportaciones a través del fideicomiso bilateral, sin embargo, dejan en claro que los riesgos de vender a Venezuela para los empresarios argentinos eran mínimos. Un producto cuyo precio de mercado era de un dólar era vendido por el triple de su valor a Venezuela que, además, se comprometió a pagar el 60% por adelantado. Es decir, sin que la mercadería hubiese salido de la Argentina, la empresa ya había recibido 1,8 dólares por ese producto que solía vender a 1 dólar en mercados menos riesgosos que el venezolano.

El caso Levy es un ejemplo que se repite en otros procesos con menos exposición mediática, pero que también investigan delitos por la venta de productos a Venezuela por encima de su valor. “Si nos respondieran el exhorto, en cinco minutos probamos el delito de los argentinos. El problema es que chocamos con Venezuela y no encontramos manera de probar los delitos sin esa información”, se sinceró un fiscal, resignado, después de casi diez años de una investigación penal que ha quedado estancada por la falta de voluntad de las autoridades venezolanas.

Por Iván Ruiz

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