Dólares del colchón para comprar propiedades: qué cambió con la nueva norma de la UIF y qué controles siguen vigentes

La Unidad de Información Financiera (UIF)- el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero en la Argentina- dio un nuevo paso para facilitar el uso de los dólares del colchón en la compra de propiedades. Esto se da, después de que en octubre se reglamentara la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826), que modificó el régimen de Inocencia Fiscal I (Ley 27.799). En esta rectificación todavía quedaba pendiente una norma clave: la que debía establecer cómo actuarían los escribanos y otros sujetos obligados frente a quienes quisieran utilizar ahorros no declarados.

La ley había fijado un plazo de 15 días hábiles para que la UIF dictara esa reglamentación, que vencía el 2 de noviembre. Finalmente, el organismo publicó su resolución en el plazo indicado, con una flexibilización de algunos criterios para evaluar el origen de los fondos, aunque sin eliminar las obligaciones de control de los escribanos.

Entonces, es importante preguntarse ¿qué cambió realmente con la nueva resolución? “Cambió algo, pero no mucho”, explica Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Según el especialista, los escribanos ahora cuentan con un margen de valoración algo más flexible, pero igualmente deben analizar y documentar el origen de los fondos, como lo hacían antes.

La resolución no suprime la obligación del escribano de analizar el origen de los fondos en compras de inmuebles por encima de los 700 salarios mínimos. Sin embargo, sí cambia la forma de evaluar al cliente, ya que obliga a considerar su adhesión al régimen simplificado como un antecedente favorable y elemento atenuante de riesgo.

Según explica Domínguez, para acceder a este tratamiento deben cumplirse tres condiciones:

• Que el escribano pueda verificar la adhesión vigente del contribuyente al régimen
• Que la operación se canalice conforme a lo previsto en el artículo 40 bis de la Ley 27.799, incorporado por Inocencia Fiscal II
• Que no se configuren las causales de exclusión establecidas por la normativa

Sin embargo, la adhesión al régimen no implica una aprobación automática de la operación. El escribano debe continuar evaluando el perfil del cliente, las características de la compraventa y los posibles indicadores de riesgo.

Es decir, que en una escritura que implique un monto menor a 700 salarios mínimos vitales, el escribano no es sujeto obligado por lo que puede realizarse la operación en efectivo, y no debe pedir origen de fondos.

Otro de los cambios relevantes está relacionado con el uso de dólares guardados fuera del sistema financiero.

Para los contribuyentes que cumplen las condiciones del tratamiento favorable, el uso de efectivo o la falta de documentación sobre cómo se compraron originariamente los dólares ya no son determinantes por sí solos para calificar la operación como sospechosa.

Este punto resulta especialmente importante para quienes conservaron ahorros durante años y no cuentan con comprobantes de su adquisición.

La exención total de justificar ingresos (Debida Diligencia Simplificada Especial) no se aplicará en la práctica a las operaciones inmobiliarias. Esto se debe a que dicho régimen tiene un tope anual de aproximadamente $100 millones, y una escritura típica que supera los 700 salarios mínimos excede ese monto. Por ende, sobre las operaciones inmobiliarias de cierto volumen solo rige el beneficio del antecedente favorable, debiendo analizarse igualmente el origen de fondos.

La nueva resolución tampoco elimina la obligación de presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF cuando existan indicios que justifiquen esa comunicación.

Esto incluye, entre otros supuestos, operaciones que presenten señales de posible ilicitud o maniobras de fraccionamiento destinadas a evitar los controles establecidos.

Por lo tanto, estar adherido al régimen simplificado no garantiza que una operación inmobiliaria quede fuera del alcance de los controles antilavado.

En la resolución de la UIF, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)- organismo encargado de establecer estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo- tiene un lugar central: la UIF fundamenta toda la flexibilización de los controles en los propios estándares internacionales dictados por este organismo.

En los fundamentos de la resolución, la UIF hace referencia a las recomendaciones del GAFI. En concreto, citan al informe de la entidad internacional Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers, publicado en septiembre de 2026.

El documento destaca la importancia de promover la inclusión financiera mediante medidas proporcionales y basadas en riesgos, que permitan distinguir las actividades económicas legítimas de aquellas vinculadas con la utilización criminal de los sistemas financieros informales.

La idea es evitar que controles excesivos o indiscriminados terminen desplazando a los usuarios hacia circuitos no regulados, sin debilitar los mecanismos destinados a detectar operaciones ilícitas.

Sin embargo, una flexibilización demasiado amplia de la UIF “podría incluir al país en la denominada ´lista gris´, lo que afectaría su acceso a los mercados capitales internacionales”, concluye Domínguez.

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