El Gobierno español tomó medidas para proteger a miles de hogares frente al aumento de las hipotecas
El Consejo de Ministros aprobó medidas para aliviar los bolsillos de más de un millón de hipotecados; estas acciones beneficiarán a las familias más vulnerables
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El Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas, acordadas entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el sector bancario, para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad.
El paquete de medidas es fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España. “El objetivo de estas acciones no sólo es reducir la carga hipotecaria de los hogares, sino además poder aportar mayor certidumbre en su nivel de gastos a mediano y largo plazo”, explicó Nadia Calviño, la vicepresidenta primera.
Las principales medidas de este paquete incluyen tasas de interés más bajas durante el período de gracia de cinco años para familias vulnerables que ganan menos de €25.200 al año, al tiempo que se les permitirá llevar a cabo una segunda reestructuración de la deuda. “Los hogares podrán acceder a un período de gracia de dos años, con una tasa más favorable durante ese tiempo y extensión de hasta siete años del plazo del préstamo”, dijo Calviño. En tanto, los hogares de clase media con una renta inferior a €29.400 al año podrán congelar las cuotas mensuales y ampliar el plazo de amortización hasta siete años.
Calviño señaló que se ha establecido el plazo de un mes para que las distintas entidades financieras se sumen a estas medidas y ha expresado su confianza en que todas ellas acaben por aplicarlas. El objetivo es que estén vigentes a partir del 1 de enero de 2023. De hecho, en contestación a preguntas en la rueda de prensa, la funcionaria afirmó que CaixaBank, la entidad con mayor presencia en España, ya ha comunicado al Ejecutivo su disposición a suscribir el acuerdo, sujeta al visto bueno de sus órganos de gobierno.
Según los especialistas, las hipotecas son un punto de presión para la economía en España, donde alrededor del 70% de los préstamos para la compra de viviendas varían al mismo ritmo que los cambios en las tasas de interés.
Según la agencia Bloomberg, la principal tasa de referencia Euribor a 12 meses saltó a más del 2,6% desde el -0,5% hace un año, después de que el Banco Central Europeo se embarcara en su campaña para reducir las tasas de inflación récord.
Las tasas vs. el sector inmobiliario
El aumento de las tasas de interés puso fin al auge de una década para el sector inmobiliario en toda Europa, y crece la preocupación de que la tensión pueda extenderse a la economía en general.
En Suecia, las autoridades advirtieron que la deuda inmobiliaria podría representar una amenaza para la estabilidad financiera del país, mientras que Polonia declaró una moratoria hipotecaria para brindar alivio a los propietarios de viviendas más afectados.
Una defensoría para clientes financiaros
El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo objetivo es vigilar la conducta financiera en los distintos mercados y resolver los conflictos entre entidades y clientes de manera extrajudicial. Esta figura tendrá competencias para imponer sanciones y supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp).
Esta entidad, que estará financiada por las entidades financieras, estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras. Las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a €20.000. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de €250 que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
Calviño espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una “línea de defensa adicional” para los clientes de las entidades financieras, pero también en fintech y criptoactivos.
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