Iniciativa eco: buscan calificar las propiedades según su eficiencia energética

La eficiencia energética en el hogar es una demanda creciente. Tanto por parte de potenciales propietarios como de quienes desarrollan y comercializan nuevos proyectos inmobiliarios. La explicación es doble: por un lado, la demanda por viviendas que estén en línea con hábitos de consumo más sustentables, acordes a la urgencia de la problemática ambiental. Por el otro, más práctica pero no menos válida, la certeza de que, si la energía cuesta lo que realmente vale, entonces para cuidar el bolsillo es imperioso consumir la menor cantidad de energía posible. Ergo, cualquier nuevo proyecto inmobiliario, sea una casa particular o un gran desarrollo, hace bien en considerar la variable de la eficiencia energética.

Si la oferta empieza a atender esa demanda, las ventajas repercuten también en la impostergable necesidad de ordenar el frente fiscal. El Estado, que por ejemplo gastó $105.150 millones sólo durante el primer trimestre para subsidiar tarifas de gas y energía eléctrica en el AMBA, ahorraría enormemente si el consumo residencial, que representa más del 25% del consumo final total del país, fuera más eficiente.

La pregunta, entonces, es cómo se generan los incentivos para impulsar la oferta de viviendas con menor consumo sin que eso repercuta en el costo y a la vez haciéndolas atractivas y competitivas en el mercado. A nivel local, en los últimos años han habido esfuerzos descoordinados por instituir una herramienta clave que se utiliza en muchos países del mundo, incluso a nivel latinoamericano, y que es considerada un elemento básico en la agenda de un Estado moderno. Se trata de la llamada Etiqueta de Eficiencia Energética. Es básicamente un instrumento que brinda información acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda y que constituye una herramienta de decisión adicional a la hora de realizar una operación inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o realizar intervenciones en viviendas existentes. Las propiedades se dividen en siete categorías, de la A a la G, de acuerdo a su eficiencia energética. Es decir, se evalúan diversos factores que indican, de antemano, qué nivel de consumo energético necesitará ese hogar, y de acuerdo a esa evaluación se la califica.

¿Qué factores se consideran? Básicamente, quien quiera certificar el nivel de eficiencia de una propiedad contacta a un certificador aprobado, que en unas pocas horas evalúa principalmente dos aspectos. Por un lado el diseño general, es decir qué tan bien aislada y construida está la propiedad, si tiene una orientación que mejore el aprovechamiento de la energía solar, etc. El aislamiento térmico es un factor clave. Haciendo un paralelismo, el concepto es parecido a lo que ocurre con el agua del mate: se puede usar la pava y calentarla continuamente en la hornalla mientras se ceba, o volcar el agua una vez caliente dentro de un termo y mantenerla en su temperatura justa hasta el último mate. Con una casa sucede algo muy similar. Si los techos, muros y pisos no están correctamente aislados térmicamente, el calor de la estufa o el frío del aire acondicionado se pierden. Y esa energía que se va se traduce directamente en aumentos en las facturas de luz y gas, entre otros perjuicios tanto para la salud como para la estructura de la edificación. “Dentro de una vivienda un 25% de su energía se la llevan los artefactos del hogar, otro 25% el agua caliente sanitaria; pero la mitad de la energía que consume una vivienda tiene que ver con la climatización y la refrigeración. Podemos ahorrar más donde más gastamos. Y en este punto la aislación térmica eficiente es clave y es donde se debe trabajar desde el sector de la construcción”, explica Federico García Zúñiga, consultor técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (ANDIMA).

Por el otro lado, se analizan el equipamiento y la infraestructura del hogar. Por ejemplo, qué tipo de calefón se instala, si se utilizan luces LED, el sistema eléctrico, etc. Luego, el certificador tiene en cuenta la ubicación del inmueble (es decir, considera el nivel de consumo necesario según las condiciones climáticas del lugar en el que se ubique), y finalmente califica la propiedad según su eficiencia energética. “Para las viviendas nuevas, es rentable y muy fácil de aplicar, no es un tema de nicho. El diferencial está en cuánto se va a gastar. Hay cosas muy fáciles que pueden hacerse, particularmente con respecto a los materiales que se utilizan. Por ejemplo, si en vez de ladrillo se usa lana de vidrio, eso aísla mejor la vivienda y, con un costo de construcción que es, aproximadamente, un 1% más alto, el propietario logra un repago en nueve meses. Después es todo ganancia”, explica Gastón Poncini, especialista en temas ambientales y miembro del equipo asesor de la senadora bonaerense Gladys González, quien presentó un proyecto de ley de etiquetado en la cámara alta.

Cómo sería una Etiqueta de Eficiencia Energética única

La iniciativa es parte de un esfuerzo conjunto de la oposición en Diputados y Senadores, que busca introducir un sistema de etiquetado con alcance nacional con el objetivo sistematizar los criterios y ofrecer una calificación fácilmente comprobable y comparable en todas las provincias. En la cámara baja, otro proyecto muy similar fue presentado por Maximiliano Ferraro, legislador por CABA de la Coalición Cívica. “La eficiencia energética en viviendas es una buena política climática con inclusión social. Podemos construir soluciones a la emergencia climática que a la vez mejoren las desigualdades estructurales, la pobreza y el desempleo. Es una doble oportunidad: política pública sustentable y generación de empleo verde”, afirmó la senadora González en un evento de presentación organizado por los tres think tanks de Juntos por el Cambio: la Fundación Pensar -ligada al Pro-, el Instituto Hannah Arendt -de la Coalición Cívica-ARI- y la Fundación Alem -de la UCR-. En la elaboración técnica también participan ex funcionarios de la gestión de Cambiemos, como Iván Kerr, el anterior Secretario Nacional de Vivienda; Carlos Gentile, ex Secretario Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y Andrea Heins, ex Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética.

La iniciativa viene tomando fuerza desde el 2016, con la puesta en marcha del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. A partir de eso, algunas provincias redactaron sus propias normas de etiquetado. Santa Fe, que aprobó la suya a mediados del 2019, constituye el modelo de referencia a nivel nacional. “La idea es poder consolidar los avances que se hicieron, particularmente con el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, y en ese sentido crear un sistema nacional de etiqueta de eficiencia energética. Buscamos un documento válido en todo el territorio, con un único método de cálculo y procedimiento para la certificación”, explica González. Unificar criterios para arribar a un sistema de reglas claro que de mayor previsibilidad y estandarización. De esa manera, los legisladores buscan ofrecer un instrumento técnicamente sólido, legalmente reconocido e institucionalizado y que sea fácilmente adoptable por el mercado. Si bien los proyectos no contemplan la obligatoriedad del etiquetado, otra manera de impulsar su implementación es generar incentivos fiscales. Algunos municipios, por ejemplo, ofrecen el descuento de impuestos locales (ABL) según la calificación energética. Rosario, por ejemplo, creó una alícuota diferencial. Mendoza, por su parte, vincula el impuesto inmobiliario a la puntuación. Cuanto mejor la eficiencia energética, menor el impuesto.

Con un sistema de clasificación claro, el valor agregado con el que se suple la demanda de proyectos con menor y mejor consumo es más fácil de capitalizar por parte de desarrolladores o cualquiera que busque vender o alquilar viviendas. “Al inversor le es muy útil. Sabe que está construyendo algo que es eficiente y así lo comercializa. Hoy ese inversor no tiene forma de capitalizarlo en el mercado, no tiene un parámetro con el cual comparar y demostrar al potencial comprador que su producto es eficiente. Una vez que pueda, ese producto se vuelve más rentable”, explica Poncini.

Sin embargo, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (Cedu), advierte sobre la inconsistencia entre impulsar la eficiencia del consumo energético doméstico en el marco de un esquema tarifario en el que los costos de la energía son ridículamente bajos. “El tema del etiquetado está en agenda y en la cabeza de todo el mundo. Es una tendencia mundial que a la Argentina eventualmente va a llegar con fuerza. Nosotros desde las cámaras lo hemos empujado, es lo que hay que hacer”, explica. “El tema es que con tarifas pisadas nadie tiene un incentivo para ahorrar en energía. Si la energía es cara buscás gastar menos, pero si es muy barata no te interesa. Hoy por hoy, tener las tarifas retrasadas es una decisión política muy clara de parte de un sector, no es un tema secundario”, previene. Las inconsistencias de un esquema de subsidios energéticos “pro-ricos”, al decir del ministro Guzmán, no son solamente socioeconómicas, sino también ambientales. La senadora González, por su parte, agregó que “los subsidios generalizados atentan no solo contra la eficiencia energética, sino también contra la equidad de los argentinos. Un país desarrollado necesita de un Estado equilibrado que ponga a la sostenibilidad económica, social y ambiental en igualdad de condiciones frente a todas sus decisiones”. En esa línea, abogó por “una política energética sostenible que pase de subsidios generalizados a subsidios principalmente focalizados en los sectores más vulnerables, permitiéndonos así ser eficientes en el uso de nuestros recursos, tanto públicos como privados, promover la inclusión social y proteger el ambiente”.

Gerardo Wadel, consultor internacional y especialista en sustentabilidad y eficiencia energética, da especial importancia a la experiencia internacional en la materia. “Podemos aprender de la experiencia llevada adelante en los últimos cuarenta años en Europa y que han aplicado incluso otros países de la región. Y hacer un propio camino para ampliar el campo de acción no sólo a las construcciones nuevas sino también -y sobre todo- al parque edilicio existente que es el que plantea el mayor desafío y que requiere el compromiso y el esfuerzo del conjunto del Estado, las empresas prestadoras de servicios, las entidades financieras, los profesionales, los constructores y desarrolladores y las organizaciones del tercer sector”, explica. Además, el consultor enumera otros potenciales beneficiados: las empresas de servicios, ya que la aislación térmica eficiente colabora, junto con otras estrategias de ahorro, a que con la misma infraestructura se pueda proveer al doble de construcciones; el Estado, generando ahorro de energía y menos gastos; y hasta los bancos, garantizando el repago de sus créditos. Sin ir más lejos, en España la concientización sobre eficiencia energética fue creando una nueva industria. Surgieron empresas dedicadas a la producción y desarrollo de nuevos materiales y sistemas constructivos, además de nuevos perfiles de compañías, técnicos y profesionales, y hasta se creó un sistema de financiación, con ayudas bancarias públicas y privadas, con créditos blandos, que financian construcciones con certificación A y obras para la rehabilitación de edificios.

Compradores, vendedores, locatarios, locadores, inmobiliarias y gobiernos: todos tienen interés en construcciones más eficientes, y el etiquetado es un paso clave, además de tener costos muy bajos para el sector público. La experiencia internacional es unánime, con jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea e incluso algunos países de la región que tienen desde hace años programas de etiquetado. Es una iniciativa de bajo costo e implementación relativamente fácil. Si bien las condiciones macroeconómicas domésticas no facilitan la generación de incentivos y las prioridades locales son más inmediatas, los proyectos legislativos de etiquetado suponen una oportunidad de proponer una agenda de largo plazo, de fácil implementación y, por su atractivo y consenso, terreno fértil para un impulso multipartidario. En este punto, la senadora González fue clara: “La agenda ambiental ya nos ha permitido construir espacios de consenso con el oficialismo”. Hay experiencias del pasado, como la Ley de Etiquetado de Alimentos, la Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental o la Ley de Microperlas de Plástico, que fueron aprobados en el Senado (en algunos casos con unanimidad), que permiten ser optimistas. “Creo que podemos -y debemos- encontrar acuerdos con el oficialismo, entendiendo que el ahorro de las familias argentinas y la lucha contra el cambio climático no pueden ser objeto de disputas partidarias”, cerró.

El actual oficialismo dio continuidad al Programa de Etiquetado de Viviendas y continuó también con las capacitaciones de los técnicos que otorgan los certificados. Ahora, los proyectos de ley proponen dotar la iniciativa de mayor legitimidad y capacidad de aplicación. Habrá que esperar los tiempos del Congreso, pero la señal está dada y las potenciales ventajas servidas.

Por Tomás Gonzalez Casartelli

• Medio ambiente
• sustentabilidad
• Energía

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