Un tributarista explicó los riesgos de usar los dólares bajo el colchón

¿Dólares en el colchón, una oportunidad real o una ilusión transitoria? Es fue la pregunta con la que Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, comenzó su presentación en el décimo capítulo de Real Estate organizado por LA NACION. En su exposición habló de la necesidad de un “segundo blanqueo” y detalló cómo debería ser el contexto para implementarlo.

El contador repasó las últimas medidas que tomó el Gobierno, que buscan incentivar a los argentinos a usar los dólares bajo el colchón. Efectivamente, según cifras públicas y privadas, se estima que hay más de US$200.000 millones fuera del sistema financiero. “En la Argentina los dólares no están en los bancos, están en el colchón: la gente guarda los ahorros en su casa, en cajas de seguridad, los envía al exterior y, muchas veces, no los invierte en el país, por la experiencia de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo”, sostuvo Domínguezen su presentación.

En ese marco, el tributarista explicó que el Gobierno busca crear una especie de “seudoblanqueo”, para remonetizar la economía, ante la escasez de pesos. Este va dirigido tanto para quienes compraron blue con dinero por el cual tributaron impuestos, buscando protegerse de la situación argentina, o también para aquellos que compraron dólares en el mercado informal, pero no pagaron impuestos. “El objetivo es incentivar las inversiones, la compra de inmuebles, de automotores, pero también utilizar esos dólares para transacciones cotidianas, cosa que no estamos muy acostumbrados en este país, aunque sí sucede en otros países como Uruguay”, agregó, al mismo tiempo que aclaró que el Gobierno toma la precaución de no llamarlo blanqueo, ya que “la ley 27.743, que creó el blanqueo 2024, imposibilita a aquellos que ingresaron a ese blanqueo a volver a adherirse a un régimen similar hasta el año 2038”.

El especialista explicó que el gobierno tomó una serie de medidas administrativas, que ya están vigentes y que se podrían resumir como eliminación de regímenes de información. En primer lugar, nombró el COTI, el trámite que se debía generar cuando se ofertaba un inmueble, para informar previamente al fisco cualquier operación inmobiliaria cuyo valor superara los $66.833.000.

Otra de las medidas recientes de las que habló el contador fue relativa a los escribanos que intervienen en una operación de compraventa de inmuebles, que ya no tienen que informarle a ARCA de este movimiento.

En relación a la UIF, recordó que esta aumentó los umbrales para el análisis de orígenes de fondos. “Por ejemplo, una persona humana que deposita dinero en un banco o en billeteras, si ese dinero es menos de 50 millones de pesos por mes, estos ya no informan a ARCA”, detalló y agregó: “También se han aumentado umbrales por parte de la UIF para que los sujetos obligados como bancos y escribanos analicen menor cantidad de operaciones para determinar el origen de los fondos”.

Tampoco dejó de lado el decreto del gobierno por el cual creó la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, “que es una medida importante, porque quien se adhiera, (si está en condiciones) va a presentar su declaración jurada sin tener que declarar los bienes y deudas que tenía al año anterior, los que tiene al año actual y el monto consumido”.

Ahora bien, el tributarista fue contundente con su análisis: “Todas estas medidas administrativas que ya están vigentes lo que hacen es restarle información a ARCA: no es que esta desaparece, sino que no llega en forma automática. Esto no quiere decir que ARCA no pueda hacerle un requerimiento al registro de la propiedad inmueble para ver un inmueble que detectó que tiene alguna persona a su nombre, o a un escribano o al banco para pedirle los extractos bancarios del sujeto que depositó quizás 40 millones por mes y no fue informado automáticamente. Es decir, ARCA mantiene sus facultades de verificación y fiscalización, por lo cual no es una garantía que usar dólares sin declarar que el contribuyente no vaya a tener problemas”.

Explicó que, para resolver este problema, el Gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso que, de aprobarse, modificaría el régimen penal tributario, aumentando los montos objetivos de punibilidad. “Por ejemplo, hoy alguien que evade más de 1 millón y medio de pesos en ganancias por año, está cometiendo un delito de evasión, eso se aumenta a 100 millones. Es positivo, ya que no se actualizaba desde 2017”, señaló y agregó que, por otro lado, reforma el Código Civil y Comercial, que hace que, “si se aprueba la prescripción para las provincias y CABA, sería igual que para los tributos nacionales”.

Esto también incluye una modificación a la Ley de Procedimiento Fiscal, que “baja la prescripción de cinco años a tres, en determinados casos, como para darle menos tiempo a ARCA para que determine los tributos”. También imposibilita a ARCA usar la presunción de incremento patrimonial no justificado para hacer decaer la presunción de exactitud de la declaración jurada de ganancias. Detalló que, dentro de ese proyecto, se le da rango legal a lo que hoy tenemos por decreto que es la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.

¿Qué implica esto si es que es aprobado por el Congreso y entra en funcionamiento? El especialista explicó que implica que una persona que opta por este régimen, presenta su declaración jurada y paga el impuesto en término, declarando solo ingresos y gastos, sin patrimonio, sin monto consumido y hay una presunción de exactitud (se presume que es exacta, se cree en las declaraciones juradas de Ganancias y las de IVA del contribuyente) que tiene el efecto liberatorio del pago. “Pero esto puede caer, si hay una discrepancia significativa cuando hago una verificación al fisco. Entonces, cuando uno analiza el proyecto, se puede encontrar con que no es tan difícil que el fisco pueda detectar discrepancias significativas, por lo que no brinda seguridad jurídica completa”, fue contundente Domínguez.

El especialista concluye que las medidas tomadas hasta ahora son iniciales, pero “no son una solución estructural”. Señala que hay incentivos, como toda la información que deja de recibir ARCA y las dificultades que va a tener para detectar bienes, pero “los puede detectar”.

En ese sentido, enumeró puntos críticos a resolver:

• No hay proyecto de reforma del Régimen Penal Cambiario: esto implica que alguien que compró dólares en el mercado blue, puede tener un problema de persecución final. 
• Los proyectos aún no están aprobados. En este año electoral y por cómo viene la situación, es difícil que pueda llegar a ser aprobado por el Congreso, por lo que no tendríamos una seguridad jurídica de normas legales durante 2025.
• La imposibilidad de utilizar el incremento patrimonial no justificado para hacer caer la presunción de exactitud en ganancias es relevante, pero el proyecto mantiene la facultad de usar otras presunciones, por ejemplo, depósitos bancarios, diferencias de inventarios. Eso le resta solidez a este régimen.
• No se aplica la presunción de exactitud a otros impuestos, como bienes personales, entonces uno podría quedar liberado de ganancias e IVA, pero no de bienes personales.
• No contempla impuestos provinciales y tasas municipales, no lo puede hacer, porque es una ley nacional, entonces las provincias y CABA deberían dictar normas similares. Ni siquiera pueden adherirse, tienen que modificar sus códigos fiscales.
• Los monotributistas no están comprendidos en este paquete. Es decir, que, para estar incluidos, deberían salir del monotributo, que es una especie de paraíso fiscal, para entrar a un infierno fiscal, como es el régimen general, para adherirse a la declaración de ganancias simplificadas. No parece ser que mucha gente lo vaya a hacer.

¿Qué se necesita entonces? “Modificar los proyectos, que haya previsibilidad y confianza en el gobierno. Creemos que, si el gobierno quiere que se usen los dólares bajo el colchón, se necesita un nuevo blanqueo, que recién podría sancionarse si el gobierno gana la elección de medio término, si sigue bajando la inflación y si se consolida una recuperación económica. En ese caso, podrían darse las circunstancias para poder aprobar este blanqueo que requiere una aprobación en el Congreso. Podemos decir que es una oportunidad real y no una ilusión si se modifican los proyectos, si se le da más solidez a estas medidas y, en realidad, si se va a un blanqueo dos con toda la seguridad jurídica que se otorga en estos”, fue contundente el tributarista.

Por María Josefina Lanzi

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