El Congreso tratará la prórroga del blanqueo para la construcción en sesiones extraordinarias
Es uno de los principales reclamos del sector luego de que la medida se aplicó por un lapso corto debido a demoras en la reglamentación
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Para LA NACIONDelfina Casali
El proyecto de ley para que los inversores puedan acceder a beneficios fiscales previstos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda tendrá su revancha en el Congreso. En el temario que los legisladores tratarán en sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero se incluyó la prórroga del blanqueo de capitales para la construcción, una medida que estuvo vigente desde marzo del año pasado durante un plazo muy breve por demoras en su reglamentación.
La norma fue promulgada en marzo de 2021 para obras iniciadas a partir del día 12 de ese mes o que estaban por debajo del 50% de finalización. En concreto, la ley eximió a los beneficiarios del impuesto sobre los Bienes Personales de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022 y dispuso un blanqueo de capitales a través de un programa de declaración voluntaria ante la AFIP.
El impuesto especial que se debía pagar, en función de la fecha efectiva de las acreditaciones de los fondos en las denominadas “Cuentas Especiales de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar)″ era del 5% para las acreditaciones realizadas hasta el 10 de mayo de 2021, inclusive; del 10% para las concretadas desde el 11 de mayo hasta al 9 de junio de 2021, inclusive; del 20% para las realizadas desde el 10 de junio al 9 de julio de 2021, inclusive.
Sin embargo, la reglamentación de la norma demoró más de lo esperado. Según explica a LA NACION el consultor Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, la posibilidad de exteriorizar se atrasó y solo hubo nueve días hábiles para la etapa del impuesto del 5% del blanqueo. “Eso sumado a los problemas operativos para abrir las cuentas CECON.Ar en los bancos y al escaso tiempo para efectuar transferencias del exterior y que se acrediten en término hirió de muerte al Régimen en su inicio”, asegura.
Durante el año pasado, una de las principales exigencias del sector fue la extensión del blanqueo de capitales. El Gobierno tuvo la intención de prorrogar el Régimen a partir de la inclusión de un artículo en el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 estableciendo el pago de una alícuota del 5% desde la vigencia de la reforma hasta el 30 de abril de 2022; del 10% desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto y del 20% para las acreditaciones realizadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados.
Ahora, nuevamente se buscará prorrogar el Régimen a partir de la inclusión en el temario del proyecto de extensión presentado en mayo del año pasado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo. “Allí proponían que se prorroguen los plazos originales por 90 días corridos y que se faculte al Poder Ejecutivo para prorrogar los mismos por única vez”, explica Domínguez.
Sin embargo, el proyecto fue modificado por la Comisión de Legislación General en julio. “Dispuso una prórroga por 150 días corridos desde la vigencia original y mantuvo la facultad al Poder Ejecutivo para prorrogar los plazos por única vez”, indica. “Como ya pasaron los 150 días corridos, cuando el Congreso trate el proyecto deberá establecer un nuevo cronograma de prórroga, que posiblemente resulte parecido al que se incorporó en el proyecto de ley de presupuesto”, afirma y agrega que también debería prorrogar la fecha límite para afectar los fondos a las obras que, actualmente, es el 31 de diciembre.
En la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) realizada el año pasado, el presidente de la entidad, Iván Szczech, dio a conocer que el monto total obtenido en el breve lapso que la norma estuvo vigente alcanzó los US$200 millones. Para Domínguez, aunque es una cifra significativa, “resulta poco para un blanqueo”.
Resalta que la medida puede ser muy beneficiosa para los inversores y para el sector de la construcción en general. “En concreto, permite blanquear dinero no declarado por el cual la persona no pagó impuestos. Al ingresar en una primera etapa, se paga solo 5% y se evita el impuesto a las ganancias (35%), IVA (21%), más intereses y multas”, explica. “Además, si al contribuyente le encuentran dinero en negro y le hacen un ajuste puede tener que pagar una cifra similar a lo que le encontraron en negro. Por ejemplo, a grandes rasgos, quien tiene US$100.000 podría tener que pagar casi ese monto de impuestos”, indica.
Para el especialista, anticiparse a los resultados que podría tener la extensión de la norma es apresurado. “Hay muchas cuestiones que ponen dudas en cuanto a su éxito”, sostiene. Por lo pronto, para que tenga un efecto positivo, asegura que lo ideal es que el Régimen esté vigente durante todo 2022, con una extensión de la fecha límite para aplicar los fondos a las obras.
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