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Abuso sexual. Ratifican el procesamiento de un médico del Liceo General Paz, de Córdoba
La Cámara ponderó el testimonio de la víctima y el de sus superiores jerárquicos; remitieron copia de la resolución al ministro de Defensa y al jefe del Ejército para que evalúen por qué fue separada del cargo la denunciante y no el denunciado
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de un médico del Liceo Militar General Paz, acusado de haber abusado sexualmente de una empleada de la institución. Los jueces remitieron copia certificada de la resolución al ministro de Defensa, al jefe del Ejército Argentino, al comandante de la Segunda División de la fuerza y al director del establecimiento formativo militar, donde el imputado presta servicios en el área de Sanidad. La denuncia data de noviembre de 2017.
El Tribunal informó que aplicó la perspectiva de género y la legislación nacional e internacional en el análisis del material de prueba en contra del acusado P.S.N., quien en primera instancia, el 4 de junio pasado, fue considerado responsable del delito de abuso sexual. Su defensa apeló la decisión, ahora ratificada por la Cámara.
Los jueces Ignacio María Vélez Funes y Eduardo Ávalos coincidieron en “un todo” con el fallo de primera instancia que determinó el procesamiento sin prisión preventiva del acusado. Tomaron en cuenta los testimonios de la presunta víctima; de su superior jerárquica, la jefa del Servicio de Laboratorio del Liceo General Paz, y de la profesional del área de la Salud Mental del Hospital Militar Regional Córdoba, que trataba a la mujer.
También se valoró el peritaje oficial del Equipo Técnico de Intervención en Víctimas, que “en cierta forma da sustento al recurso de apelación presentado por la defensa del imputado”. En ese punto plantearon: “Corresponde repensar —con una adecuada mirada de género— toda la pericia en cuestión, como así también todo el recorrido que la señora C. viene realizando desde que denunció el presunto hecho violento; por lo que mal podríamos entonces desconocer su relato y los claros indicios que se presentan en su entorno laboral cercano, y que refieren a una multiplicidad de situaciones que permitirían entrever en algún punto el contexto fáctico ocurrido”.
Los camaristas se refirieron al contexto de vulnerabilidad que rodeó al abuso: “Debe ser entendida como una connotación que ostentan algunas personas que las erige como fácilmente accesibles de ser perjudicadas o dañadas […] Posiblemente, sin vulnerabilidad, la víctima no sería objeto del accionar del sujeto activo. De ese modo, se supone que, en la comisión del delito, las víctimas con vulnerabilidad opondrán menor resistencia, sea por su situación de desprotección o demás factores que contribuyen a lograr cierto grado de impunidad del agresor”.
Cuestionaron las actuaciones sumariales internas llevadas adelante por las autoridades del Liceo Militar General Paz, que desestimaron la denuncia, ya que “tras la producción de la prueba pertinente —recepción de denuncia y declaraciones testimoniales— se llega a una conclusión saturada de prejuicios en razón del género, desde que en ningún momento se integró la prueba testimonial de la presunta víctima con los indicios existentes”,
La camarista Graciela Montesi resaltó que la víctima fue separada de sus funciones al concretarse su traslado al Hospital Militar Regional Córdoba, mientras que el presunto agresor continuó prestando “tareas y funciones normalmente”.
A la víctima se la autorizó “para que durante esta semana no concurra más al Liceo y haga los trámites pertinentes relacionados con esta situación y con su pase a continuar servicios directamente en el Hospital Militar Regional Córdoba, todo ello a los fines de no tener ningún tipo de contacto” con el denunciado.
Insistió con que, a los fines de interrumpir los efectos del delito, “en vez de separar preventivamente al agresor de sus funciones, se separó a la propia víctima, debiendo institucionalmente dar una respuesta adecuada hasta tanto se establezca la responsabilidad por el delito investigado”. Por eso, pidió remitir copia a las autoridades superiores de quienes tomaron las decisiones ahora cuestionadas por la Cámara.
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