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ADN del crimen: el laberinto que demora el juicio oral de un camarista
Un preso habría reconocido el pago de dinero a uno de los más importantes jueces a cambio de salir de prisión con una tobillera electrónica
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LA NACIONGustavo Carabajal
Hasta 2018, el juez Martín Ordoqui era uno de los magistrados más poderosos del territorio bonaerense. Como integrante de una sala de la Cámara de Casación penal provincial debía intervenir en los casos más pesados que se investigaban en los tribunales de Buenos Aires. Solo la Suprema Corte de Justicia tiene mayor autoridad que el tribunal que integraba Ordoqui.
Pero, según una investigación del Ministerio Público bonaerense, el magistrado habría usado ese poder para cometer una serie de delitos, como, por ejemplo otorgar beneficios procesales a presos peligrosos a cambio de dinero. Además, asesoraba a los abogados de esos acusados sobre cómo debían confeccionar los recursos para presentar ante la Cámara de Casación penal bonaerense para obtener una resolución favorable a los intereses del preso.
A partir de una serie de pruebas enumeradas en un anexo de 400 páginas que integran un voluminoso expediente, en las últimas horas, la fiscal Betina Lacki pidió que Ordoqui sea sometido a juicio oral por su presunta responsabilidad como integrante de una asociación ilícita formada por otros ocho imputados, entre los que figuran su secretaria privada.
En la investigación encarada por la fiscal Lacki se habría avalado la sospecha que indicaría que el grupo integrado por el camarista cobraba determinadas sumas de dinero a delincuentes a cambio de mejorar su situación procesal.
Únicamente sus fueros como magistrado impiden, actualmente, que Ordoqui sea sometido a juicio oral con el resto de los acusados.
El camarista también integra la lista de trece imputados en otro expediente que tiene al exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, como acusado de ser el presunto jefe de una banda integrada por un exfiscal, un comisario mayor de la policía bonaerense, barrabravas de Estudiantes de La Plata y asaltantes.
La audiencia para analizar las pruebas que debían presentarse en el debate para revisar la conducta de Ordoqui fue postergada en tres oportunidades. El proceso lleva 19 meses estancado. A diferencia del exjuez Melazo, quien está detenido porque renunció antes de ser sometido a un jurado de enjuiciamiento, Ordoqui enfrenta en libertad las dos causas judiciales que lo tienen como imputado.
En uno de esos expedientes se adjudicó a Ordoqui haber recibido supuestos pagos a cambio de conceder beneficios a Javier Ronco que, antes de ser procesado como integrante de la banda del exjuez Melazo, enfrentaba un sumario por los asesinatos de Carlos Rodríguez y María Martini, ocurridos en 2008.
Para llegar a Ordoqui, según consta en la investigación encarada por el Ministerio Público de La Plata, Ronco habría recurrido a Rubén Herrera, alias “Tucumano” o “El Bolichero”, supuesto exjefe de la barra brava de Estudiantes y socio del exjuez Melazo en algunos emprendimientos inmobiliarios.
Durante la reconstrucción del proceso que terminó con la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria de Ronco, mediante el monitoreo de una tobillera electrónica, los funcionarios judiciales reunieron elementos que probarían que Ordoqui habría ejercido su influencia sobre otros magistrados para permitir que el procesado saliera de la cárcel.
A través de su defensor, Ronco había solicitado insistentemente la prisión domiciliaria, pero debido a la gravedad de los hechos por los que estaba procesado y ante la existencia de los denominados riesgos procesales, tanto el juez de Garantías como la Cámara de Apelaciones habían rechazado esas solicitudes.
La suerte de Ronco cambió cuando su pedido recayó en el tribunal a cargo de Ordoqui.
Tráfico de influencias
“En su carácter de juez de Casación, Ordoqui habría utilizado los medios a su alcance para influenciar a sus colegas con los que tenía, prácticamente a diario, una relación por su misma condición. El resultado de dicha injerencia fue una resolución dictada, en 2015, por la Sala I del Tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires, que revocó la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, mediante el monitoreo de una tobillera electrónica. Las gestiones de Ordoqui concluyeron con el resultado pretendido”, se indicó en la acusación del Ministerio Público.
Sin embargo, la posibilidad de salir de la cárcel y cumplir la prisión preventiva en su casa no era suficiente para Ronco, que debido a la vigilancia por la tobillera, no podía seguir con su actividad delictiva.
Entonces, para poder obtener la excarcelación que le permitiera moverse con libertad, Ronco requirió los servicios de otro imputado: el vendedor de influencias Enrique Petrullo, alias “Quique”. A pesar de su insistencia, en este caso, la gestión de Petrullo y Ordoqui, no tuvo el resultado esperado. Era muy distinto entregarle una tobillera electrónica a un procesado por un doble asesinato, una medida que permitía tenerlo vigilado, a concederle una excarcelación sin límites.
“Ronco se refería a Ordoqui como ‘El Tío´. Yo pensaba que, realmente era un pariente de sangre. Me dijo que tuvo que pagarle dos millones de pesos para que le dieran una pulsera que le permitiera acceder al arresto domiciliario”, expresó la testigo Luciana Polito, amiga del imputado Ronco, según figura en la página 6103 del expediente.
Al declarar como testigo en la investigación contra Ordoqui, Ronco avaló los dichos de su amiga y comprometió al camarista.
“La pulsera la conseguí a través de mi cuñado, Rubén Herrera. Me visitó en la cárcel y me dijo que tenía la línea para sacarme. Me contó que la línea venía por Ordoqui. Tenía que pagar $ 1.700.000. Vendí mi casa y un terreno y le entregué la plata. Al poco tiempo, recibí la pulsera”, indicó el acusado de doble homicidio.
Otro de los elementos que avalarían la participación del camarista en maniobras que tenían como objetivo conceder beneficios a presos peligrosos fue hallada en los celulares. En los teléfonos secuestrados a Ronco y Petrullo, los investigadores encontraron imágenes con textos escritos a mano alzada cuya autoría le adjudicarían al magistrado. Según fuentes con acceso al expediente, esos escritos serían guías en los que el juez habría delineado las pautas para presentar el recurso en el que se pediría la excarcelación para Ronco.
En otro intercambio de mensajes, que figura en el expediente, Ordoqui y Petrullo se referían a una fotografía de la tobillera en la pierna de un imputado, que posiblemente sería Ronco. En esa charla, Ordoqui le preguntó a Petrullo: “¿Un Rolex?”. Entonces Petrullo respondió: “Por lo que costó, parecería un Rolex”.
Además, de Melazo y Ordoqui, el exfiscal Tomás Morán, Herrera, Petrullo y Ronco, en este expediente también están imputados dos policías bonaerenses: Gustavo Bursztyn, quien se desempeñaba como comisario mayor y comandaba la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata cuando fue detenido y el oficial Gustavo Mena. La lista de acusados se completa con Carlos Aníbal Barroso Luna, alias Macha; Carlos Bertoni, alias Yoyi, de profesión productor de seguros; Marcos Chuisaroli, alias Chiusa; Ángel Custodio Yalet, alias Pipi y Adrián Manes, alias Quichua.
El comienzo de este juicio se demoró debido a las excusaciones presentadas por algunos jueces y fiscales por haber intervenido en causas con Melazo.
Otro beneficio judicial
El segundo expediente en el que se pidió otro juicio oral contra el camarista se inició por un desprendimiento de la denominada causa Melazo. En este caso, la fiscal Lacki pidió que sean enjuiciados Ordoqui, Petrullo y tres abogados con estudios jurídicos en La Plata y el financista y empresario del transporte Gabriel Casinotti.
Uno de los episodios más escandalosos por el que fue acusado Ordoqui fue la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria a Pablo Ariel Heine, un reconocido operador inmobiliario de San Vicente, condenado a siete años y medio de cárcel por usurpar terrenos y venderlos a través de testaferros.
En el prontuario de Heine figura la fuga de la comisaría de San Miguel del Monte, donde estaba detenido con prisión preventiva por uno de los casos de usurpaciones por los que fue acusado. A raíz de estos antecedentes, los distintos magistrados rechazaron sus pedidos para obtener la excarcelación o el beneficio de la prisión domiciliaria.
Pero, de la misma forma que ocurrió con el mencionado Ronco, la situación de Heine cambió cuando los recursos recayeron el tribunal a cargo de Ordoqui.
Los investigadores judiciales determinaron que Ordoqui “dictó resoluciones con inusual celeridad para que Heine obtuviera el beneficio. Emitió su voto el mismo día que recibió el expediente N° 888.539. Días después le dieron a Heine la morigeración mediante el monitoreo de la tobillera electrónica”. Los investigadores judiciales determinaron que Ordoqui resolvió el pedido de Heine “en cuestión de horas, lo que se contrapone con el promedio de resoluciones interlocutorias en el tribunal, que era de 73 días”.
Ahora, el destino del camarista está manos del jurado de enjuiciamiento de magistrados que debe decidir si lo destituye o lo mantiene en el cargo.
