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ADN del crimen: las balas de las guerras narco desangran el conurbano
Aumentan los casos de enfrentamientos entre vendedores de drogas y se incrementan las víctimas inocentes en esos tiroteos
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LA NACIONGustavo Carabajal
Guerras narco protagonizadas por una serie de bandas de traficantes desangran el conurbano. Todavía el Gran Buenos Aires no se convirtió en Rosario, pero existen varias zonas del conurbano en las que la situación de violencia es más sangrienta que en la ciudad santafesina. Otro de los factores que influyó para que el conurbano aún no sea un espejo de Rosario fue la mayor extensión del territorio en el que se libran los enfrentamientos entre las distintas organizaciones criminales bonaerenses.
A pesar de la gravedad del caso, los responsables del Ministerio de Seguridad provincial relativizan la cantidad de homicidios provocados en los enfrentamientos entre bandas de narcos, con el argumento de que la mayoría de los hechos fueron ajustes de cuentas.
La violencia aplicada por los grupos criminales provocó asesinatos de inocentes e influyó directamente en la inseguridad y el aumento del delito por dos motivos esenciales: los habitantes de los barrios tomados por los narcos tienen miedo de salir de sus casas ante la posibilidad de ser baleados al quedar en medio de algún enfrentamiento y, además, pueden sufrir robos perpetrados por los adictos que los asaltan para quitarles los celulares que cambian por efectivo para comprar drogas.
Villa Rudecindo, en Florencio Varela; Itatí, en Quilmes; 9 de Julio, Loyola y La Rana, en San Martín; Centenario, en Lomas de Zamora; San Petersburgo, Puerta de Hierro y Palito, en La Matanza; Cuartel V, en Moreno, constituyen algunos de los barrios con sectores donde el Estado no ingresa y las organizaciones criminales desarrollan sus actividades con la complicidad de algunos policías bonaerenses.
Allí, las peleas por el dominio del territorio para vender droga se arreglan a sangre y balas. En esas guerras narco fueron asesinados transas e integrantes de las bandas de traficantes, pero también inocentes y policías que se animaron a investigarlos.
A principios de junio, Luis Gustavo Ponce, un cartonero, de 45 años, fue asesinado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas rivales, en la villa 9 de Julio, en San Martín. Benjamín Iñigo, de tres años, estaba en la casa de su abuela, en González Catán cuando un grupo de sicarios disparó una ráfaga de balazos desde un Ford Focus, contra el frente de la vivienda. Según fuentes judiciales, el objetivo del ataque era el tío del niño, vinculado con una banda de narcotraficantes de la zona.
Milagros Paola Saavedra, de 18 años, fue otra víctima inocente de la sucesión de enfrentamientos entre narcos. El 12 de agosto pasado estaba en su casa, del barrio San Rudecindo, de Florencio Varela, cuando uno de los 54 balazos que dispararon dos grupos de vendedores de droga que se enfrentaron del otro lado de un arroyo, atravesó la pared de la precaria vivienda de sus padres y la mató en el acto.
Durante el enfrentamiento también fueron asesinados Matías Larrosa y Guillermo Aguirre, señalados por sus familiares como soldados de la banda narco que maneja la venta de droga en ese barrio.
La misma banda que provocó la masacre de San Rudecindo, en marzo pasado, asesinó de tres balazos en la cara a Alejandro Ledesma, de 32 años. El grupo de “Los Paisa” opera hace siete años en la zona de La Carolina, barrio Pepsi, Bosques e Ingeniero Allan. En esa área hubo un homicidio por mes a raíz de ajuste de cuentas narco.
Hasta el momento, no hubo ningún sospechoso detenido por el asesinato de Ledesma. La única consecuencia del homicidio fue el desplazamiento del titular de la seccional Bosques de la policía bonaerense, acusado de presunta connivencia con la banda de “Los Paisa”.
Complicidad policial
La supuesta complicidad entre bandas narco y algunos oficiales de la policía bonaerense no es nueva y está íntimamente relacionada con la primera guerra entre organizaciones criminales que tuvo como escenario los asentamientos encadenados de San Martín, Billinghurst, Loma Hermosa y José León Suárez.
Según consta en el informe policial N° 140204 de 2009, el 2 de septiembre de ese año se concretó en la villa 9 de Julio, de San Martín, una reunión entre los principales lugartenientes de Javier Pacheco, alias “Rengo” y Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”. El objetivo de dicho encuentro apuntaba a sellar un pacto de no agresión y dividir el territorio para vender drogas.
“En esa época, la mayoría de la marihuana y la cocaína que se traficaba en el conurbano se fraccionaba en los asentamientos de San Martín. Los cargamentos grandes llegaban a través de las rutas 8 o 9 y se cortaban en alguno de los barrios manejados por los narcos. Desde allí, se hacían envíos de 30 o 40 kilogramos a los distribuidores en el conurbano. Así se minimizaban las pérdidas, en caso que el correo con la droga fuera detenido por algún efectivo de una fuerza de seguridad con la que no se había pactado la venta de protección”, explicó un exintegrante de la cúpula de la policía bonaerense.
Sin embargo, oficiales que habían sido asignados para romper la recaudación ilegal de algunos comisarios y apresar a los narcos que manejaban el tráfico mayorista de drogas, se enteraron de la reunión cumbre y decidieron irrumpir en medio del cónclave.
El operativo terminó con un narcotraficante muerto, otro herido y un policía con un balazo en un brazo. Entre los detenidos figuraba Gerardo Gonzebat, un colaborador del Rengo Pacheco, quien vivía frente a la Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense, en la avenida Amadeo Sabatini, en Caseros.
Menos de un año después, todos los efectivos de la policía bonaerense que participaron del operativo fueron reasignados a otros destinos. “Mameluco” Villalba salió de la cárcel y se presentó como precandidato a intendente de San Martín, en las PASO de 2011. Pacheco potenció su banda y aumentó el volumen de droga que pasaba por su manos.
Aunque fue detenido durante un operativo de la Policía Federal, Villalba manejó la organización desde la cárcel, a través de uno de sus hijos.
A pesar de este antecedente, Pacheco se movió con impunidad por el conurbano durante casi doce años. Mientras que los policías que lo investigaron en 2009, terminaron fuera de la fuerza de seguridad provincial y fueron reemplazados por otros jefes policiales nombrados por un funcionario político de la administración Justicialista del partido de Tres de Febrero, de esa época.
Candela Sol Rodríguez, la niña, de 11 años, secuestrada y asesinada en agosto de 2011, fue otra de las víctimas inocentes de la mencionada guerra narco que salpicó a policías bonaerenses que le vendían protección a las bandas.
En los últimos cinco años, esos enfrentamientos se extendieron por gran parte del conurbano. Durante los últimos doce meses, recrudeció la cantidad de asesinatos por ajustes de cuentas.
Las huellas de la violencia
Marco Pérez Ávila, un narcotraficante peruano que se dedicaba a la venta de drogas en Llavallol fue asesinado durante una emboscada ocurrida en la esquina de Primero de Mayo y Sarratea. Un socio, de apellido Paz, murió tres días después a raíz de las heridas que sufrió durante ese ataque.
A principios de mayo pasado, Rubén Fleita, fue asesinado de 28 balazos por dos sicarios que se movilizaban en moto y le dispararon cuando estaba en la puerta de un autoservicio en Melchor Romero, en el partido de La Plata. Uno de sus hermanos había sido secuestrado y asesinado en el barrio 1-11-14.
Alberto Villalba, de 35 años, con antecedentes por tráfico de drogas fue asesinado cuando miraba un partido de fútbol 5 en la cancha situada en Yapeyú y Espora, en Longchamps. Dos sicarios le dispararon desde una camioneta Ford Ecosport.
Hace dos meses, un supuesto transa de drogas, que habría sido identificado por fuentes policiales como Andrés Cantón, fue asesinado de cinco balazos en el barrio El Ensueño, de la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno.
Si bien en la clasificación de los homicidios dolosos no se describe si el móvil fue un ajuste de cuentas, debido a que no constituye una figura penal que derive en un agravante, se estima que de los 841 asesinatos ocurridos durante 2020 en el conurbano, poco más de 300 tuvieron relación con una venganza narco.
La cifra contrasta con los 212 homicidios registrados durante el mismo año en el Gran Rosario, la mayor cifra desde 2015.
Aunque, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes correspondiente a Rosario es mayor que la que se registra en el Gran Buenos Aires, donde viven más de trece millones de personas, la estadística revela la magnitud de la guerra narco que tiene como escenarios distintos sectores del conurbano, donde la falta de controles favoreció la complicidad de algunos efectivos de la fuerza de seguridad provincial con los traficantes.
En la lista de esos 300 homicidios ocurridos por ajustes de cuentas durante 2020, figuran las víctimas de otra masacre: Ariel Villalba Galeano, Braian Martínez y Gustavo Soto Peláez, de 24, 25 y 18 años, respectivamente, asesinados hace casi un año en la Villa Loyola, de San Martín. Una zona donde los jefes narco recurren a chicos, menores de 16 años, como sicarios, debido a que para la ley son inimputables.ß
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