Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron de muerte a un juez
El blanco del ataque fue Nicolás Schiavo, que está a cargo del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Un grupo de 20 delincuentes armados con cuchillos, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al narcomenudeo, irrumpió ayer en un edificio judicial céntrico de San Martín y copó la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí amenazaron de muerte al juez Nicolás Schiavo, que interviene en una causa donde se secuestraron una escopeta, una pistola, cargados, municiones y chalecos antibalas.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales que estaban en el edificio donde ocurrieron los hechos. “Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia. Hubo amenazas de muerte”, dijo uno de los informantes.
El ataque ocurrió cerca de las 12 en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial.
Todo comenzó en la mesa de entradas, en la planta baja, donde el grupo agresor llegó a los gritos y exhibiendo armas blancas. Tenían la intención de llegar hasta el despacho del juez Schiavo.
“En el momento en que irrumpió la banda, en la mesa de entradas había tres personas, entre ellas una mujer embarazada. Los empleados lograron hacer, con unos chapones, una especie de barricada para que los agresores no pudieran subir al primer piso. Pero, igualmente, lograron romper una ventana. Su intención era llegar hasta los despachos donde trabaja el juez y sus colaboradores. Nunca vivimos una situación similar”, sostuvieron las fuentes consultadas.
El edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías 1, 4 y 5 de San Martín no tiene instalado sistema de videovigilancia. “No hay cámaras ni en el exterior ni en el interior del inmueble y la custodia policial no es suficiente”, dijeron fuentes judiciales.
El juez Schiavo, explicaron personas que pudieron hablar con el magistrado, no se tomó la irrupción de los agresos como una cuestión personal, sino como “un ataque a la Justicia” y lo primero que pensó fue en la seguridad de los empleados.
Según pudo saber LA NACION, en Tribunales de San Martín vincularon a los atacantes con una banda criminal a la que el 22 de enero pasado, en un allanamiento de urgencia en la localidad de Villa Maipú, le secuestraron una escopeta, una pistola nueve milímetros, chalecos antibalas y municiones.
“Por las pruebas reunidas, los sospechosos que quedaron bajo investigación tienen vínculos con una peligrosa organización narco”, explicaron fuentes con acceso al expediente.
Fuentes policiales, en cambio, aseguraron que no se trató de un copamiento, sino de un reclamo de familiares de detenidos.
La causa, explicaron fuentes del caso, se tramita en una fiscalía del fuero penal juvenil porque, durante el procedimiento, fueron aprehendidos tres menores, uno de 15 y dos de 16. Además fueron detenidos otros seis sospechosos de entre 17 y 29 años.
Todo comenzó el 22 de enero pasado a las 21.30 cuando una llamada anónima alertó sobre “un grupo de desconocidos” que intentaba ingresar con “fines ilícitos” en un galpón situado en Constituyentes, entre Rivadavia y Pueyrredón, en Villa Maipú. Entonces, se dispuso un allanamiento de urgencia.
“Al advertir a los uniformados, los sospechosos se subdividieron tratando de disimular su accionar, por lo que se efectuó una rápida saturación de la zona y se efectua un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de los imputados, pese a la resistencia física de algunos de ellos”, habían explicado en su momento fuentes policiales al tanto del operativo.
Los mismos informantes habían vinculado a los sospechosos detenidos con la banda liderada por Max Alí Alegre, alias Negro Alí o Alicho, un capo narco detrás de una poderosa organización que controlaba buena parte de los búnkeres de droga del corredor noroeste del conurbano, y que actualmente está preso.
“La hipótesis es que los sospechosos, al momento de estar detenidos, preparaban retomar el control de los puestos de venta de estupefacientes en villa Loyola, en San Martín”, según explicaron detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La banda de Alicho históricamente estuvo enfrentada al clan Villalba, la organización liderada por el capo narco Miguel Ángel Villalba, conocido como Mameluco, y que aún domina zonas calientes del narcomenudeo en San Martín y Tres de Febrero.
El clan Villalba fue la organización narco que, en febrero de 2022, estuvo detrás de la venta de la cocaína mezclada con cocaína mezclada con carfentanilo que provocó 24 muertes y 80 internaciones.
Repudio y preocupación
Tras conocerse la noticia del ataque, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires manifestó su repudio y preocupación por lo sucedido.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio y profunda preocupación ante el ataque perpetrado contra un juzgado del Departamento Judicial San Martín por un grupo de aproximadamente 20 personas que portaban armas blancas, en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico”, se indicó en un comunicado.
Y se agregó: “El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales. Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.
“Estos episodios -indicó la mencionada agrupación de funcionarios judiciales- no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado. El Colegio provincial hace llegar su solidaridad a las personas afectadas y acompaña a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Martín en todas las acciones institucionales que resulten necesarias para prevenir situaciones similares.”
“Finalmente, exhortamos a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”, se sostuvo en un comunicado de prensa.
Anoche también emitió un comunicado la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina donde calificó lo sucedido como un hecho de violencia inédita y alarmante.
“No se puede garantizar un servicio de justicia independiente si quienes deben decidir sobre la libertad y la seguridad de los ciudadanos están expuestos a represalias físicas en sus propios despacho”, se sostuvo en el citado comuicado.
Estudios y denuncia
Schiavo es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue designado juez en 2006. También es especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesor en la UBA y en la Universidad de Palermo (UP).
En 2008 fue denunciado Guido Lorenzino Matta, en ese momento diputado provincial, por mal desempeño en sus funciones. El entonces legislador solicitó su juicio político.
La denuncia de Lorenzino Matta fue presentada a partir de una resolución del juez Schiavo cuando subrogaba a su colega Mariano Gramático.
El 16 de febrero de 2007, Schiavo, firmó una resolución por la que autorizó a que un delincuente, condenado a 25 años de prisión por violar y asesinar a una mujer, cumpliera parte de la pena en su casa de Del Viso, en el partido de Pilar, vigilado con una pulsera electrónica.
En agosto de 2007, el criminal violó el sistema de vigilancia electrónica y asesinó a la familia Rabago Mansilla. El caso se conoció como “la masacre de Cardales”.
Finalmente, el jury no se hizo porque no hubo acusación.
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