Caso Marita Verón: “Más que el Derecho, fue la política lo que dio vuelta el rumbo del caso”

De los casos judiciales paradigmáticos, los más conmocionantes, los que más movilizan a la opinión pública, la sociedad espera un castigo. Antes que una sentencia, penas efectivas. El factor social entra en juego, así, más allá de la fría letra del derecho. Más sobre todo, en un caso como éste, en el que la larga lucha de una madre en busca de su hija desaparecida en los entresijos de una red de proxenetismo y corrupción que engulló la vida de decenas de otras mujeres, se convirtió en un ícono contra la aberrante trata de mujeres con fines de explotación sexual.

En el valor de esa expectativa, en su magnitud, y, sobre todo, en el peso de los actores y figuras públicas con capacidad para incidir dialécticamente, o de hecho, se puede encontrar una primera explicación para entender cómo, en menos de un año y medio, se pasó de un fallo absolutorio a uno condenatorio en el proceso por el secuestro y la desaparición de Marita Verón en Tucumán. Pero el contexto indica que, más que el Derecho, fue la política lo que dio vuelta el rumbo del caso.

Sólo dentro de dos semanas se conocerán los fundamentos a partir de los cuales tres jueces de un tribunal oral tucumano cuantificaron las penas de entre 10 y 22 años de cárcel que recibieron los diez acusados por el caso. En rigor, sólo le pusieron un número a una sentencia condenatoria de la Corte Suprema tucumana, que hace cuatro meses atrás revocó las absoluciones decretadas por un tribunal oral en diciembre de 2012, tras un largo juicio.

La primera sentencia causó estupor en el grueso de la sociedad, que recibía de la mayoría de los medios de comunicación masivos de todo el país noticias que parecían prefigurar un veredicto condenatorio que, al final, no apareció. Hay en esto un origen de la rápida polémica posterior al fallo.

Los jueces de aquel tribunal consideraron probada la existencia de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba entre Tucumán y La Rioja. Sin embargo, consideraron que no había prueba suficiente para condenar a los acusados por el caso específico de Marita Verón. Pesó más, en su criterio, el beneficio de la duda, que en el imperio del Derecho impide al Estado condenar a cualquier persona en un juicio justo.

El fallo puso a aquellos tres jueces en el centro de todas las críticas. Los cuestionamientos no eran necesariamente procesales. Se les atribuyó, de hecho, cierta complicidad con quienes, desde distintos ámbitos de poder, buscaban una absolución que garantizara la impunidad e impidiera que se llegara más arriba de los acusados en el juicio.

Susana Trimarco, la madre de Marita, condecorada incluso por el Departamento de Estado norteamericano por su lucha contra la trata, ícono de esa lucha en nuestro país, fue izada por personajes de todos los ámbitos de la vida pública. Incluso la Presidenta de la Nación condenó la falta de condena.

En el contexto de semejante presión, un año después, la Corte tucumana dio vuelta todo y consideró que las mismas pruebas y testimonios que no habían alcanzado para que aquellos tres jueces salieran de su "duda" bastaban y sobraban para probar palmariamente la culpa de todos los acusados antes absueltos.

Por la trascendencia del caso, por el peso de sus protagonistas, por la incidencia de las figuras públicas que, de una u otra manera, opinaron y operaron, claramente el de Marita Verón es, más que un expediente judicial, un hecho político. Más que la letra fría de los fundamentos, el paso del tiempo y una lectura desapasionada e imparcial dirá si fue la política o la interpretación del derecho penal lo que puso el punto final.

Por Fernando Rodríguez

• Caso Marita Verón

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