Chaco. Tras un acuerdo con Capitanich, la guardia paramilitar wichi en el Impenetrable se reconvierte en patrulla ambiental

A 15 meses de la creación de la Guardia Comunitaria Whasek, integrada por wichis en el territorio que ocupan en la zona de El Impenetrable, de Chaco y en un contexto de tensión creciente tanto con la policía como con "criollos" de la zona, con quien tuvieron recientes encontronazos, los miembros de la protomilicia aseguraron que se "reconvertirán" en una "patrulla ambiental", sin uniformes ni armas. Como contraprestación, el Estado provincial se comprometió a garantizarles seguridad, tanto con presencia policial como de Gendarmería, y poner en práctica políticas tendientes a garantizar los derechos de los pueblos originarios.

Hace una semana fue detenido uno de los integrantes de la guardia Whasek y el fiscal multifueros Francisco Morales Bordón lo imputó, al igual que a otros cuatro. En paralelo, "criollos" de la zona empezaron a organizarse para impedir que los "atropellen" los wichis cuando intentan moverse por la zona, según dicen. Frente a ese panorama, el gobernador Jorge Capitanich llegó a un acuerdo con los referentes de la milicia indígena. Les exigió que entreguen sus uniformes, que no usen más armas y que no hagan más retenes para impedir el paso de personas que no formen parte de las comunidades originarias.

La audiencia de conciliación se enmarcó en el nuevo Código Procesal Penal federal y en el contexto de una causa penal instruida por la Justicia federal, en la que los dos miembros de la Whasek estaban acusados del delito de sedición.

La semana pasada, la Justicia provincial actuó ante el pedido de una mujer que denunció que quería pasar con su auto, con su hija, y no las dejaban, y el de la madre de un joven wichi que los acusó de amenazas y malos tratos a un adolescente de 16 años. Ariel Fabián, el cacique líder, tiene contactos con Capitanich, con quien compartió actos y al que apoyó en la última campaña provincial hacia la gobernación. El domingo, ambos se reunieron en Resistencia .

Las guardias comunitarias nacieron en El Sauzalito y en Nueva Pompeya. Sus integrantes visten ropas militares y portan rifles, aunque aclaran que son "de aire comprimido". Después de las imputaciones y de la detención, hubo un corte de la ruta 3, en el acceso a El Sauzalito.

Las imputaciones a cinco integrantes de la guardia son por "resistencia y atentado contra la autoridad, usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego". La Whasek emitió un comunicado en el que indicó que se trataba de una "maniobra, un claro intento por parte de la Justicia provincial, que con ciertos sectores del poder político, busca desarticular" el movimiento indígena. A fines de la semana pasada, el adolescente detenido quedó en libertad.

Desde la Whasek describen que existe una campaña pública "en contra" que apunta a que la guardia deje de existir. "A esta Justicia que poco justa es con quienes luchamos por vivir con un poco más de dignidad y defender nuestra tierra para las próximas generaciones le preguntamos: ¿qué hace o adónde mira cuando nuestros hijos e hijas son asesinados y nunca existe un responsable? ¿Y cuando nuestros hijos e hijas son envenenados por la droga y nunca se encuentra un culpable? ¿Y cuando nuestros caminos comunitarios son utilizados por los narcos y nunca nadie es detenido? ¿O cuando nuestros montes son arrasados y nunca nadie los detiene?. No buscamos que se enderece la Justicia y sea justa; ya viene torcida desde hace tiempo, desde que las leyes son creadas por quienes tienen poder y dinero. Solo es justa con los de arriba, nunca con los de abajo", dijeron.

La Justicia Federal de Sáenz Peña asegura que envió a la Gendarmería a la zona "a investigar"; y que el año pasado no intervinieron porque no encontraron que los integrantes de la fuerza incurrieran en delitos federales. Nunca quedó claro si los integrantes de la guardia recibieron instrucción militar, más allá de los ejercicios y de las formaciones que ellos mismos reconocen. Tampoco se aclaró si reciben financiamiento.

Peligro de enfrentamiento entre "criollos" e "indios"

Alcides Pérez, intendente de El Sauzalito, dijo a LA NACION: "Las denuncias [contra la Whasek] salen de la propia comunidad, que se ve castigada; los propios wichis los denuncian por golpes, por amenazas. Nosotros no tenemos contacto con ellos, sino con los líderes". Contó que están en el Lote 4, al lado de la ruta 3. "Allí concentran, esas tierras son de la etnia wichi. Capitanich fue e hizo una reunión, pero no hubo cambios posteriores. Está complicándose; había quienes querían hacer un contrapiquete. Lo impedí porque iba a terminar mal, porque ellos tenían armas y palos".

Pérez admitió que hay un movimiento en Miraflores –a 200 kilómetros de El Sauzalito– y que los "criollos" se están movilizando por temor a que la guardia llegue a ese territorio. "Hay que evitar que se llegue a los enfrentamientos; hay versiones de que incluso quieren tomar la Municipalidad. No sabemos a qué atenernos", agregó.

Félix Díaz, líder qom de Formosa que mantuvo varias reuniones con Fabián, admite que la situación "puede ir a peor". Sostuvo; "No estoy de acuerdo con la forma de organizarse, pero entiendo que quieran determinarse. Cuando los indígenas se organizan, a los punteros políticos nos les conviene". Contó que en Formosa detuvieron a una persona que quería organizar una guardia en Ingeniero Juárez y en Las Lomitas. "No se discute que no hay que tener armas; pero tiene que ser igual para todos. Un 'criollo' que se mete en tierra ajena con un rifle es saludado por la policía. Esa es la contradicción que tienen la Justicia y la sociedad criolla", añadió.

El acuerdo

En medio de esa tensión creciente se realizó ayer la audiencia conciliatoria, que impuso a la guardia Whasek "la entrega de los uniformes actuales, el cese de utilización de todo tipo de armas y la no realización de retenes y todo acto que sea propio de las competencias policiales".

Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a la concreción de políticas públicas focalizadas en garantizar el "pleno goce de los derechos sin discriminación alguna, entre los que se encuentran el refuerzo en la seguridad por parte de la policía" de Chaco, la articulación para la apertura de una delegación de la Gendarmería con "perfiles adecuados y con diálogo con las comunidades", la apertura de una Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y de una delegación de la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia.

En la audiencia estuvieron Capitanich y dos ministras. Los referentes de la Whasek fueron patrocinados por los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros Kevin Nielsen y Paulo Pereyra. El juez Miguel Aranda condujo el encuentro y participó por videoconferencia el fiscal Carlos Amad.

Firmado el acuerdo, el gobierno "desiste de interés en la persecución penal de la guardia y esta se compromete a reconvertirse en una guardia ambiental con asistencia del Estado".