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Clausuran un consultorio odontológico ilegal con equipos de rayos X y más de 300 cajas de medicamentos
El operativo se realizó en el Barrio 31, donde también se hallaron sellos médicos, fichas de pacientes y documentación que acreditaba la atención clandestina; hay tres personas identificadas y la Fiscalía 15 interviene en la causa
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LA NACION
Un centro odontológico sin habilitación fue cerrado en el Barrio 31. En el lugar se secuestraron más de medicamentos vencidos, además de equipos de rayos X, sellos y fichas de pacientes. La Policía de la Ciudad encabezó el operativo y la Fiscalía 15 dispuso imputaciones por violación de clausura y desobediencia. Es la tercera vez que se allana el lugar.
El procedimiento fue encabezado por la División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña. Según fuentes del caso, los efectivos constataron la atención clandestina de pacientes y la existencia de distintos sectores de trabajo activos al momento de la intervención. En la verificación participaron agentes del Ministerio de Salud de la Nación y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que labraron un acta contravencional por violación de clausura.
Al ingresar, el personal halló tres consultorios completamente montados, con camillas, instrumental, elementos de esterilización y documentación reciente que acreditaba actividad. También se verificaron equipos odontológicos en uso y un sistema de rayos X, todos sin los permisos ni los controles exigidos por la normativa sanitaria vigente.
En primera instancia, en el lugar estaba solo la recepcionista, una mujer de 31 años de nacionalidad paraguaya. Durante la diligencia judicial se presentaron quienes dijeron ser los profesionales responsables: una odontóloga de 41 años, de nacionalidad boliviana, y un médico de 42, argentino. Ambos exhibieron matrícula digital. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, el consultorio carecía de habilitación y de los protocolos de seguridad y trazabilidad requeridos para la práctica médica y odontológica.
Entre los elementos secuestrados se contaron más de 300 cajas de medicamentos, de las cuales 101 estaban vencidas, además de sellos profesionales, talonarios, recetas, estudios y fichas de pacientes. Las historias clínicas y la documentación sanitaria fueron preservadas bajo cadena de custodia para su análisis pericial, con intervención de la fiscalía interviniente. También se decomisaron piezas y herramientas odontológicas, insumos descartables y otros materiales que se utilizaban para la atención.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, a cargo del fiscal Federico Tropea. La fiscalía dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos y la notificación de las tres personas identificadas por violación de clausura y desobediencia. La AGC, por su parte, formalizó la clausura administrativa del local.
La investigación tiene antecedentes en allanamientos previos efectuados por la misma división: uno en julio de 2024 y otro en julio de 2025, ambos en el Barrio 31. En uno de esos operativos, según los partes oficiales, se desbarató una clínica clandestina que inclusive atendía a personas con heridas de bala y donde se secuestró un arma de fuego. Tras esa intervención, el establecimiento fue clausurado, pero la actividad irregular se reanudó en otra dirección dentro del mismo barrio. En otra causa anterior, en una propiedad de la calle Sara Beatriz Fernández al 400, también se había constatado la atención sin habilitación ni controles sanitarios y se secuestraron recetas con sellos apócrifos y certificados médicos falsificados.
De acuerdo con la información judicial, en esos operativos previos se imputó a los responsables por diferentes figuras penales y sanitarias, entre ellas la propagación de enfermedades y la violación de la ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, y de la ley 16.463, que controla la elaboración y comercialización de medicamentos.
En el caso actual, por el momento, las notificaciones alcanzan a violación de clausura y desobediencia, y no se informó la adopción de medidas de coerción personal; las personas identificadas quedaron sujetas al avance de la causa.
En el operativo de Alpaca al 500 participaron además equipos técnicos que verificaron el estado de los equipos de rayos X y las condiciones de bioseguridad del lugar. La presencia de aparatología de diagnóstico por imagen en un ámbito no habilitado, indicaron las fuentes, agrega un factor de riesgo específico por la necesidad de blindaje, control de dosis y registro de uso, requisitos que no se acreditaron durante la inspección. Los medicamentos vencidos, en tanto, fueron inventariados y retirados del circuito, con intervención de las áreas competentes para su disposición final.
LA NACION
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