Comienzan los alegatos a los tres fiscales acusados de irregularidades en el caso Dalmasso

CÓRDOBA.- Durante toda la jornada del miércoles, los integrantes del jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que participaron de la investigación de la violación y femicidio de Nora Dalmasso escucharán los alegatos de las partes. Un día después, según las previsiones, se dictará la sentencia.

Hay solo dos veredictos posibles: destitución o absolución. Los pronunciamientos son individuales e independientes. Puede ocurrir que alguno sea echado y otro conserve su cargo.

A esta instancia llegaron los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del conmocionante crimen descubierto en el barrio cerrado Villa Golf, de Río Cuarto, el 26 de noviembre de 2006.

Los alegatos los realizarán la fiscal general adjunta Betina Croppi y los abogados de los tres funcionarios. Según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, Croppi no modificaría los cargos y pediría la destitución de los tres acusados en el jury.

Emilio Andruet, exjuez y representante legal de Miralles, cuestionó desde el inicio la naturaleza del juicio. “Es un tema más político que jurídico y en lo técnico no hay nada”, dijo.

Tras los alegatos, el jurado de enjuiciamiento estará en condiciones de dictar sentencia. Una posibilidad es que eso ocurra este mismo jueves. Los fundamentos de la decisión del jury se conocerán el 28 de este mes.

La etapa testimonial −por la que pasaron 37 testigos convocados por las partes− finalizó la semana pasada. El tribunal está integrado por juristas, magistrados y legisladores y es presidido por Julieta Rinaldi, representante de Hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo provincial.

El jury no busca determinar quién mató a Dalmasso, sino evaluar si los fiscales actuaron correctamente en su función como investigadores del caso. Las posibles consecuencias van desde sanciones disciplinarias hasta la destitución.

Uno de los puntos más sensibles es que, durante sus intervenciones, se imputó a distintas personas −incluidos el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y el viudo Marcelo Macarrón− sin lograr sostener esas acusaciones en el tiempo, lo que generó un fuerte impacto público y judicial.

Para Córdoba es un hecho sin precedentes que tres fiscales sean sometidos conjuntamente a juicio político por una misma causa.

El pedido de enjuiciamiento lo realizaron en abril los abogados del viudo y sus hijos, Facundo y Valentina, ante la Unicameral de Córdoba.

Consideraron que “pese a contar con elementos probatorios más que suficientes” para sospechar de Roberto Bárzola −un parquetero que había trabajado en la casa de la víctima y cuyo ADN apareció en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la mataron− “decidieron dejarlo totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima”.

En diciembre, el jurado integrado por los legisladores Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió por unanimidad que los tres fiscales fueran enjuiciados.

A fines de 2024, el fiscal Pablo Jávega (quien declaró como testigo ante el jury) imputó a Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó su sobreseimiento total por prescripción de la acción penal.

La posible participación del parquetero refuerza la crítica central contra los fiscales: uso discutido de pruebas científicas para sostener imputaciones y construcción de hipótesis que luego se caen, repitiendo un patrón histórico del caso.

Por Gabriela Origlia

---

Conforme a