A 19 años del crimen, la expectativa de la familia está en el jury a los tres primeros fiscales

CÓRDOBA.- Hace 19 años, un asesino al que la Justicia no consiguió aún ponerle nombre y apellido de forma definitiva segó la vida de Nora Dalmasso en uno de los dormitorios de su casa del barrio cerrado Villa Golf, de Río Cuarto. La causa parece encaminarse inexorablemente hacia su cierre definitivo y la impunidad. Pero la familia Macarrón no está dispuesta a bajar los brazos.

Mientras esperan la resolución de la apelación que presentaron por el sobreseimiento del último acusado, el parquetero Roberto Barzola, quien trabajaba en el pulido y plastificado de los pisos de la vivienda de la familia cuando Nora estaba sola y se produjo el femicidio, el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, tienen puesta su expectativa en el próximo martes, cuando se resolverá si habrá un jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales del caso.

Los fiscales que podrían enfrenar el proceso de destitución son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los tres ya presentaron por escrito, por derecho propio y sin asistencia de abogados, su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Córdoba. El próximo 2 de diciembre, a las 10.30, se definirá la situación. Una vez tomada la decisión, se la notificará al fiscal General, Juan Manuel Delgado, para que, eventualmente, formule la acusación.

En caso de que avance en esa dirección (Delgado tiene 30 días para resolverlo), el paso siguiente será la audiencia con testimonios y pruebas. Después, el jury, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, resolverá.

Los fiscales denunciados actuaron entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Dalmasso fue violada y asesinada, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la causa con Marcelo Macarrón acusado de ser el supuesto ideólogo del crimen.

La noche del sábado 25 de noviembre de 2006, Dalmasso cenó con unas amigas que señalaron que Nora estuvo siempre atenta a su teléfono móvil y, terminada la reunión, les dijo que regresaba a su casa. “No me molesten en todo el fin de semana”, les señaló.

El día anterior, su marido había viajado a Punta del Este con amigos para participar de un torneo de golf, que ganó. Su hijo mayor, Facundo, estaba en la capital provincial, donde estudiaba, y su hija menor, Valentina, estaba en los Estados Unidos, en un viaje de intercambio.

El domingo, un vecino la encontró muerta sobre la cama de su hija, Valentina. Nora tenía el cinto de la bata atado al cuello y estaba desnuda. Por la escena del crimen pasaron más de 20 personas; obviamente, la alteraron. La primera hipótesis apuntó a la muerte como epílogo de un juego sexual. Empezaron a circular nombres de supuestos amantes de la mujer.

La autopsia reveló que Dalmasso fue estrangulada con doble lazo y dos nudos, que había tenido sexo no consentido (tenía lesiones vaginales y anales) y que el asesino la había golpeado en el pecho, la cabeza y el codo. La había inmovilizado.

Ese fin de semana, su marido Marcelo Macarrón jugaba un torneo de golf, que ganó, en Punta del Este; Valentina estaba en los Estados Unidos y su hijo Facundo estaba en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba.

Di Santo dejó el caso en 2015. Al hacerlo reivindicó su actuación al frente de la investigación. “Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia […], en miras de garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado con el homicidio de Nora Raquel Dalmasso”, planteó después de que el Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto pusiera en duda su actuación.

El fiscal tuvo tres imputados al mismo tiempo: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón; en distintos momentos, y por las más disímiles motivaciones, todos ellos fueron acusados de haber asesinado a Dalmasso.

Magnasco era funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad cordobés; sobre él pesó una “sospecha leve” porque se decía que había sido amante de la víctima. En el juicio contra el viudo dijo que esa versión fue armada para “inculparlo”.

Zárate, que había estado haciendo un trabajo de pintura en la casa de los Macarrón-Dalmasso, fue el primer detenido del caso, cuando la opinión pública provincial y nacional exigía al Estado que encontrara al culpable del conmocionante crimen. Pero a nadie convenció la Justicia con su arresto y la comunidad de Río Cuarto se movilizó para defenderlo. La marcha en favor de quien creían un simple chivo expiatorio quedó en la memoria popular como “el Perejilazo”. Aquella vez salió absuelto, pero muchos años después volvió a atraparlo el largo brazo de la ley. Ahora está preso por haber matado a un hombre a golpes.

Después de que “el perejil” Zárate fuera liberado por el caso Dalmasso, el fiscal Di Santo dio otro volantazo y enfocó sus sospechas en el propio hijo de la víctima.

Facundo Macarrón quedó en la mira porque el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer y en el cinto de la bata eran de un varón del linaje Macarrón. Fue imputado en junio del 2007, pero no fue preso porque el mismo fiscal entendió que no había pruebas suficientes para procesarlo con prisión preventiva. En 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz.

A fines del año pasado, cuando el parquetero Barzola, el último acusado de este sinuoso caso, todavía estaba imputado, Facundo Macarrón le hizo un pedido a la comunidad a través del diario La Voz: "Que todo el sufrimiento de mamá, de los que la amamos, todo el sufrimiento indirecto que causó la mala investigación, no hayan sido en vano. Que nos acompañen, que esto no quede impune. La causa tiene mucho que enseñarnos como sociedad. Si sucede otro crimen así, que se hagan las cosas bien, que se siga un protocolo, que maduremos en no tener prejuicios rápidos, que no nos alimentemos del morbo, del sufrimiento de la vida privada de cada persona. Que dejemos los egos de lado para que podamos hacer las cosas bien. Los intereses personales, desde políticos hasta judiciales y mediáticos, encarajinaron todo”.

A Di Santo le siguió el fiscal Miralles, que en marzo de 2016 imputó al viudo por el homicidio sobre la base de las mismas pruebas de ADN con las que habían acusado a Facundo. Al fin y al cabo, la creencia era que el crimen lo había cometido un Macarrón, y si no era el hijo, había que mirar hacia el marido.

Di Santo creía que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto −en un avión privado, de madrugada−, mantuvo relaciones con su mujer y la mató; y después de eso, volvió a Uruguay antes de que sus amigos se levantaran para desayunar, jugó la última vuelta del torneo de golf y levantó el trofeo de ganador.

En 2017 Di Santo renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento. “La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen, lo que lo coloca como el principal sospechoso“, dijo horas antes de dejar el caso.

En setiembre de 2019, el fiscal Pizarro quien elevó la causa a juicio. Un año antes había agravado la acusación contra el viudo. Imposibilitado de acusarlo con pruebas concretas de haber sido el femicida, lo acusó de ser el instigador del crimen y de haber contratado a alguien para que matara a su esposa. Así, Marcelo Macarrón llegó al proceso por jurados populares imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.

Pero en julio de 2022, un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. La Justicia reconoció a la mujer como “víctima de violencia de género”, pero el crimen quedó impune. La decisión no podía ser otra toda vez que, en el proceso oral, el fiscal de Cámara Julio Rivero había admitido que no había elementos para sostener la acusación contra el viudo.

A finales del año pasado la historia del caso tuvo su coda, un capítulo inesperado. El fiscal Pablo Jávega, en una nueva etapa de la investigación, imputó a Barzola, un pulidor de pisos que había trabajado en la casa, tras encontrar perfiles genéticos suyos en el cinturón de la bata con la que Nora Dalmasso fue asfixiada.

Pero hace poco más de un mes, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción. Se había superado largamente el tiempo que el Estado tiene para poder acusar a una persona de un homicidio. Aunque desde el principio su nombre había estado en la lista de potenciales sospechosos, la Justicia había llegado a Barzola -otra vez- demasiado tarde.

En abril de este año, los abogados de los Macarrón presentaron un escrito en la Legislatura cordobesa para pedir el jury de enjuiciamiento y la destitución de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro. En el texto consideraron que “pese a contar con elementos probatorios más que suficientes” para sospechar de Barzola “decidieron dejarlo totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima”.

Afirmaron que los tres funcionarios judiciales “incurrieron en violencia institucional” y que, por el tiempo transcurrido, pusieron el riesgo la eventual condena de Barzola, “a quien los análisis genéticos, que ellos injustificadamente se negaron a realizar, recientemente vinieron a ratificar que sería el culpable”.

“Hay muchas notas de Marcelo Brito, exabogado de Facundo Macarrón, pidiendo en 2007 que se investigara a los parquetistas, pero eso nunca se hizo y bueno, acá estamos con el tema de la prescripción”, planteó en el momento de la presentación Mariángeles Mussolini, abogada que lleva el caso junto con Gustavo Liebau.

Por Gabriela Origlia

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