Condenan a un policía que comandaba una patrulla que usó una picana y robaba droga

El suboficial Guillermo Toledo, de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva y once de inhabilitación absoluta por su rol como líder de un grupo de agentes que el 13 de agosto de 2024 ejecutó un allanamiento ilegal en una casa del barrio Belgrano de Rosario, donde robaron cocaína de alta pureza, decenas de miles de dólares, armas y ropa, y montaron después una puesta en escena que incluyó transmisiones de televisión en vivo y testigos que nunca se sacaron los cascos de moto.

Los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider fijaron la pena después de que Toledo reconociera los hechos en un acuerdo con la fiscalía homologado el 17 de abril pasado por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros. Los cargos incluyeron privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación de documento público, sustracción de elementos, comercio de estupefacientes agravado, vejaciones y apremios ilegales.

La condena cierra el capítulo judicial de una causa en la que otros seis agentes de la PAT ya habían aceptado penas en juicios abreviados: Jesús Balais recibió 7 años de prisión; Fernando Ferreira, 6 años y medio; Iván Schneider y Gerardo Pérez, 4 años y medio; Sergio Robledo, 3 años y medio, y Miguel Aguilar, 2 años.

Tres familiares de Toledo fueron imputados por haber vendido en Santa Fe parte de la cocaína robada.

Los fiscales María Virginia Sosa, Soledad García, Andrés Montefeltro y Javier Arzubi Calvo describieron a Toledo como “un pedagogo de la ilegalidad” y señalaron que las conversaciones halladas en los teléfonos secuestrados revelaban “no solo habitualidad, sino un sadismo inusitado”.

En su alegato, los acusadores citaron un mensaje que Toledo le había enviado a su pareja, junto a una foto: “El palo como evangelio”. Le contaba que había “predicado la palabra casi hasta el amanecer”.

Los fiscales respondieron en la audiencia: “El evangelio de un funcionario policial no puede ser un palo, sino la sujeción estricta e irrestricta a las leyes y a la Constitución Nacional, la que ya incluso en su antecedente de la Asamblea del año 1813 abolió la tortura como práctica”.

El operativo ilegal también frustró una investigación federal en curso que ya tenía en la mira al domicilio de la calle Forest como punto de acopio de cocaína.

Al declararse la nulidad del procedimiento, los tres narcos detenidos recuperaron la libertad tras 45 días de prisión preventiva, y las pruebas que los policías habían incautado —incluidos los teléfonos celulares— quedaron descartadas para escalar en la cadena de tráfico.

“Quiero ver la picana en acción”, escribió el suboficial Jesús Balais en un grupo de WhatsApp que compartía con otros integrantes del Grupo Alfa de la PAT. No era una broma: dos días antes, el 13 de agosto de 2024, sus compañeros habían usado una picana eléctrica contra unos vendedores de droga. Cuando Balais admitió su deseo, sus compañeros lo celebraron. “Jajaja. Cómo lloraba el de la vía”, respondió Toledo. “Quiero dar otra sesión de masajes eléctricos”, aportó después.

Toledo era el agente de mayor antigüedad, la referencia que los policías más jóvenes tenían en ese momento de sus carreras. Hacía ocho años que estaba en la fuerza y conocía los pliegues de la tarea cotidiana: una parte sobre la legalidad y otra, la más peligrosa, en la delincuencia organizada.

Es el efecto “derrame” que genera la violencia, que —según el sociólogo y escritor Javier Auyero— “no queda restringida al ojo por ojo, sino que se esparce y se parece a una cadena” que contamina todo el tejido social.

Balais había conseguido la picana unos días antes en un operativo, también presuntamente ilegal, contra otros “transas” del barrio Azcuénaga. La habían robado en un búnker, donde los narcos usaban las descargas eléctricas para torturar a los soldaditos y a los traidores.

Los policías la pusieron a funcionar el 13 de agosto de 2024 con unos narcos que habían encontrado en una camioneta estacionada en doble fila en la puerta de un kiosco que vendía golosinas y cocaína.

Ellos declararon que habían observado que en el asiento de atrás de la camioneta tenían escondido un pan de cocaína. Es posible que esa versión no sea cierta y que hayan llegado ahí porque iban a cobrar la coima al kiosco donde se vendía droga.

Este grupo de policías acostumbraba a humillar y maltratar a los “soldaditos” que detenían, a los que les robaban las armas y la droga. A uno de ellos lo habían interceptado en la vía que está a unas cuadras del kiosco y le dieron un fuerte escarmiento. No era solo una forma de actuar brutal, sino el propio negocio de los uniformados.

Toledo respondió en el grupo con un audio: “Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”.

No solo parecían disfrutar del morbo de ejecutar las torturas, sino de contarlas y describirlas de manera minuciosa. Los detalles cargaban el relato de una perversidad mayor.

Los agentes del Grupo Alfa se topaban con personajes que la propia ignorancia de los policías ponía en riesgo. En algún momento iban a encontrarse con alguien más “pesado” que ellos y probablemente la situación cambiaría drásticamente. Podía ser un narco importante que ellos desconocieran o el propio Estado. Caminaban por el filo.

El 13 de agosto de 2024, los agentes de la PAT patrullaban en la zona sudoeste de Rosario en dos móviles cuando se acercaron a una Volkswagen Amarok estacionada en la puerta de un kiosco donde todos los vecinos −y ellos mismos− sabían que vendían cocaína.

Eran dos jóvenes, uno rosarino y otro boliviano. Según el relato de algunos testigos, llevaban en el asiento trasero un pan de cocaína envuelto en nylon amarillo. Dos policías se subieron a la camioneta y comenzaron a pegarles de modo salvaje.

Les dieron una paliza tremenda, pero los ocupantes de la camioneta no querían revelar de dónde habían sacado la droga. Ellos sí sabían que sus proveedores eran “pesados” y que probablemente los matarían si los delataban. La inquietud de los uniformados era llegar al lugar donde acopiaban el estupefaciente para obtener más cocaína. Hablar significa la muerte en este negocio criminal, por lo cual los dealers aguantaron hasta que Balais sacó la picana portátil a batería y comenzó a darles shocks de electricidad. Los “transas” terminaron por develar el lugar donde les habían entregado ese pan de cocaína, que en materia de narcomenudeo era una cantidad importante.

Según reconstruyeron los investigadores del fuero federal, se trasladaron en los dos móviles hasta Forest y Teniente Agneta, en el barrio Belgrano. Hicieron 2,5 kilómetros a una velocidad promedio menor a los 30 kilómetros por hora, según detectó la fiscal adjunta María Virginia Sosa, que buscó esos datos en los GPS de los patrulleros para rebatir la versión oficial de la policía, que decía que habían actuado en flagrancia, como preveía la nueva ley de narcomenudeo que facultaba a la fuerza provincial a intervenir en ese delito que antes era de raíz federal.

Eran las 16.30 cuando entraron a la casa de la calle Forest y Teniente Agneta. En los patrulleros iban seis agentes que entraron con violencia en el domicilio.

No tenían ninguna directiva de la fiscalía provincial ni de ningún superior: iban a la pesca, tras la información que habían obtenido con la picana. Sabían que allí encontrarían cocaína, que usarían para consumo personal y, si la cantidad era importante, incluso podían venderla. Hasta podían armar un “lindo” operativo.

La sospecha de los investigadores —a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo— era que los policías no sabían quiénes eran los narcos peruanos y bolivianos que manejaban ese búnker. No sabían que eran más “pesados” que los soldaditos a los que golpeaban por diversión. Rosario siempre encierra esos misterios. Uno de los narcos tenía una rotisería de fachada y había llegado poco antes a la casa con un pollo.

Después de entrar, redujeron a todos. A los dos hombres los esposaron y los tiraron al piso, mientras que en un dormitorio encerraron a una mujer con dos niños, uno de 8 años y un bebé de uno. Toledo les decía a los dos narcos que debían decir dónde escondían la plata y la droga, y que si no lo hacían iban a drogar a los niños; amenazaban con darles de tomar cocaína.

Perla, la madre de los chicos, entró en pánico. Las amenazas de los policías no parecían una simulación. Empezaron a revolver toda la casa, donde además de la cocaína que escondían también acopiaban ropa que traían de Bolivia. Les servía de coartada para camuflar la droga en las encomiendas repletas de gorras, remeras y buzos que despachaban por una empresa de colectivos desde la frontera, en Profesor Salvador Mazza.

La amenaza contra los chicos hizo reflexionar a Diego I., un hombre duro y perspicaz, ante la desesperación de la mujer encerrada con los niños en la habitación.

Los policías ya habían encontrado las armas, que no eran como las que secuestraban a los soldaditos en los búnkeres. Había fusiles FAL, carabinas y varias granadas. El narco boliviano decidió entregar la droga. Él declaró que fueron 15 kilos de cocaína; el informe pericial reveló que tenía una pureza de más del 85 por ciento. Los policías lo supieron en ese momento, cuando comenzaron a hacer rayas en la mesa del comedor y a esnifar la droga.

Nunca habían probado algo así. Pusieron los panes en la mesa y cortaron uno por la mitad. Ese serviría como un “logro” del allanamiento. Medio kilo secuestrado y armas eran todo un hallazgo para el Grupo Alfa, que seguramente se iba a ganar elogios que quizá figurarían en sus legajos.

Diego I. también les entregó la plata. Cuando Balais y Toledo vieron la parva de dólares no lo podían creer. Eran, según declaró el narco, 50.000. Habían encontrado, casi sin querer, un tesoro en medio del desierto.

Drogados, con los dos narcos reducidos con las manos atadas con precintos, decidieron empezar a montar la fachada legal. Antes se comieron una sopa que Perla había cocinado al mediodía y también el pollo que había traído José Luis, el peruano, que tenía una rotisería a la par de su negocio narco.

Dos policías salieron a buscar testigos en la calle. Debían encontrar gente que no generara problemas, que firmara y listo. Antes llegó el jefe Renzo Michelud. Y luego, uno de los policías llamó al 911 y a la fiscalía de turno para avisar lo que habían “capturado”. Ya eran cerca de las 19.30. Habían estado tres horas con los narcos tirados en el piso, mientras ellos tomaban cocaína y merendaban sopa.

Lo llamativo del operativo que montaron es que los dos testigos convocados nunca se sacaron los cascos. Eran dos motociclistas a los que pararon en la calle. La escena era desopilante. Además, a los narcos que tenían esposados en el piso les taparon las cabezas. Si lo advertía un fiscal, todo podría haberse ido al demonio. Eran las torpezas que cometían con total impunidad los policías. No estaban en sus cabales.

Los agentes con sus narices blancas; los testigos que debían ver todo lo que ellos habían acomodado arriba de la mesa con cascos en sus cabezas. Todo era delirante. A los dos motociclistas les habían mentido: les dijeron que tenían que ir a una casa donde se había producido una detención por violencia familiar. Pero faltaba algo: como todo había sido un éxito, debían comunicarlo, difundirlo, y para eso también servían los medios. Llamaron a los noticieros de los canales 3 y 5, y unos minutos después comenzaron a transmitir en vivo desde la puerta de la casa de la calle Forest.

Con los canales que transmitían en vivo, más la publicación en todos los portales de noticias, los policías no solo tenían cobertura, sino que también lograban ganar elogios dentro de la fuerza y en el propio gobierno. A José Luis y a Diego I. los llevaron a la comisaría 6a., en San Luis al 2600. Perla quedó con detención domiciliaria, porque debía cuidar de los dos chicos a los que los policías habían amenazado con matar de una sobredosis.

En una bolsa de consorcio negra pusieron los 15 kilos de cocaína, los 50.000 dólares y la ropa que les habían robado a los narcos y no figuraban en las actas. Los investigadores de la Justicia federal pudieron determinar que llevaron todo a la comisaría 6a., donde pasaron lo incautado ilegalmente a otro patrullero.

Unos días después, el abogado de Diego I. pidió la invalidez del procedimiento y el sobreseimiento de los tres narcos. El defensor dijo que había más droga de la secuestrada, algo que a los fiscales les sonó sincero.

Cuando empezaron a revisar los elementos, los horarios y los testimonios de los testigos se dieron cuenta de que podía ser cierto. Como habían pasado unos 40 días del hecho, las filmaciones de la calle se habían borrado. Citaron a los policías y ninguno fue a declarar; luego dos lo hicieron a destiempo.

Ninguno de los policías era de Rosario. Vivían en Santa Fe y en localidades del norte, como San Javier. Trabajaban 24 horas y descansaban 48, por lo que a veces estaban tres días seguidos en funciones.

Toledo tenía el sueldo afectado por descuentos de créditos y deudas. Ese era el contexto en el que vivían muchos policías, que no justificaba su accionar delictivo, pero abonaba las pésimas condiciones en las que viven y trabajan. Eran adictos, torturaban a jóvenes y disfrutaban de las aberraciones que les hacían a los “soldaditos”.

Toledo tenía registrado en su teléfono un video que dejaba al descubierto esa crueldad. Las imágenes mostraban a un chico, probablemente menor de edad, de unos 12 años, que parado, indefenso, era golpeado de forma salvaje con limonazos que le tiraban los policías desde una planta. El pibe lloraba desconsoladamente ante las risas de los agentes, que lo usaban como blanco del lanzamiento de frutos.

En los allanamientos que ordenó la fiscalía federal no encontraron a la mayoría de los policías en las direcciones que figuraban en los legajos. Los domicilios registrados en el Ministerio de Seguridad eran obsoletos.

En la casa de la madre de Balais secuestraron la picana a batería, que el policía había dejado dentro de su mochila de la fuerza antes de irse a la casa de su novia en San Javier. En el bolso también había ravioles de cocaína que probablemente provenían de la droga robada al boliviano y al peruano.

A Toledo sí lo encontraron en su casa. Le incautaron el teléfono celular, clave para determinar los roles de los policías, porque este veterano uniformado registraba todo: filmaba y mandaba audios.

Después de robar la cocaína y los 50.000 dólares, Toledo empezó a averiguar con su esposa qué auto podían comprarse. También empezó a sondear a cuánto podía ubicar la droga, cuánto le pagarían por un kilo de cocaína. Todo figuraba en el historial de Google, que nunca borró.

Toledo le terminó comprando un VW Gol a Balais, pero él quería un Polo cero kilómetro. Su mujer le explicaba que iba a ser difícil mantenerlo y pagar el seguro de un auto nuevo.

Había otro detalle que probaba la incursión delirante e ilegal del Grupo Alfa. Entre las armas que tenía Diego I. había una daga particular, con una gema celeste en la empuñadura. Cuando declaró ante los fiscales, el narco boliviano puntualizó que Toledo se llevó la daga en el bolsillo de su chaleco, de donde sobresalía el mango. En el celular del policía había una selfie que se había sacado en la casa de Forest al 5600, donde se lo veía con el puñal en el bolsillo, exactamente como había contado Diego I. Esa fotografía se la había enviado esa tarde a su esposa en Santa Fe.

Lo que trasciende de este caso es que los policías tenían una forma de operar en la calle que iba a contramano de la legalidad, pero además deja al descubierto que la crueldad con la que se manejaban era algo corriente. Y eso se explica en los diálogos que mantenía Toledo con su jefe Michelud, a quien le pedía de manera frecuente: “Dejanos laburar”.

Diego I. había pasado de un salto de acusado a víctima, pero eso no bastaba. El boliviano, un hombre duro y perspicaz, planeaba vengarse de los policías si la Justicia no intervenía. Quizá, según piensan algunos investigadores, los agentes salvaron su vida al quedar detenidos.

El narco, que era mucho más pesado de lo que el Grupo Alfa creía, tenía las direcciones reales de todos los policías y los nombres de los familiares directos. Robarle a un narco en serio, que estaba fuera de los radares —no como los “soldaditos” a los que verdugueaban los policías—, significaba que la sangre debía correr, porque Diego I. respondía a un jefe mucho más poderoso, cuyo nombre era una incógnita.

Por Germán de los Santos

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