Una “cocina” en Puerto Madero: secuestraron 70 kilos de cocaína, detuvieron a siete sospechosos y buscan a un capo narco
La investigación comenzó hace dos años, cuando a una mujer le decomisaron dos “ladrillos” de droga en Caballito
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LA NACION
El 24 de mayo de 2024, detectives de la Policía de la Ciudad sorprendieron en las calles de Caballito a una mujer con dos “ladrillos” de cocaína en una mochila. Dos años después, tras una extensa investigación, detectives judiciales y policiales desbarataron una organización narco que había instalado en la villa Rodrigo Bueno, del barrio de Puerto Madero, una “cocina” donde procesaba y rebajaba estupefacientes.
Así lo informó la Procuración General de la Nación en su sitio de noticias www.fiscales.gob.ar. El último fin de semana, por orden del juez federal Julián Ercolini, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 19 allanamientos, secuestró 70 kilos de cocaína y detuvo a siete sospechosos. El fiscal Franco Picardi está a cargo de la investigación, que le fue delegada por el magistrado interviniente.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la captura internacional del presunto líder de la organización, un peruano que, de acuerdo con la investigación, se encontraba en la cúspide de la estructura delictiva y coordinaba a los otros miembros.
Según se informó en www.fiscales.gob.ar, en el sumario policial que dio origen a las actuaciones se explicó que, al verse sorprendida por la fuerza de seguridad porteña, la mujer dejó caer la mochila y manifestó de forma voluntaria y espontánea ante los policías: “La mercadería no es mía, es de [...], tengo las llaves del edificio de Lavalleja 650”.
“Si bien la implicada se negó a declarar formalmente en su posterior indagatoria en instancia judicial, la posterior apertura forense de sus dispositivos móviles reveló que la droga incautada no correspondía a un hecho aislado, sino que formaba parte de una cadena de tráfico operada por una organización delictiva de gran escala”, se agregó en el citado sitio de noticias.
Los investigadores detectaron conversaciones, contactos y movimientos vinculados al acopio, traslado y venta de cocaína. Los mensajes también permitieron identificar inmuebles utilizados como “oficinas”, término con el que los integrantes de la banda aludían a los lugares destinados al almacenamiento, acondicionamiento y distribución de la droga.
El fiscal Picardi encargó tareas investigativas a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, que llevó adelante medidas de inteligencia criminal que incluyeron seguimientos discretos, vigilancias fijas y móviles, análisis socioambientales y entrecruzamientos de datos en redes sociales para individualizar a los integrantes de la organización y establecer el rol que cumplía cada uno de ellos dentro de la estructura criminal.
Se interceptaron y monitorearon alrededor de 70 líneas telefónicas mediante intervenciones judiciales simultáneas. La recolección de indicios se complementó con la técnica especial de investigación del “informante”, que, entre otros datos aportados, aseguró que uno de los implicados comercializaba droga junto con familiares y personas vinculadas al ambiente de la música tropical y los locales bailables.
Durante la investigación, según www.fiscales.gob.ar, se descubrió la utilización de inmuebles alquilados específicamente para funcionar como centros de almacenamiento, procesamiento y distribución de la droga, a los que sus integrantes denominaban “la oficina”.
Al referirse a esos sitios, Picardi explicó en su dictamen que los imputados “contaban con un lugar en el que acopiaban el material estupefaciente que vendían y donde también lo acondicionaban y rebajaban para obtener una mayor cantidad de sustancias de menor calidad”.
El fiscal federal también describió que la banda utilizaba distintos colores para identificar los panes de cocaína y que varias conversaciones hacían referencia al secado, rebaja y acondicionamiento de la sustancia.
El presunto líder de la banda ocupaba un rol central en la organización. Desde el exterior, mediante comunicaciones telefónicas y aplicaciones de mensajería, “impartía directivas, fijaba precios, asignaba entregas, organizaba compras de droga, decidía movimientos de dinero y coordinaba a los restantes integrantes de la organización”.
Por debajo, dos mujeres —una hermana y la madre de la primera detenida— ejecutaban las órdenes impartidas por el líder y desempeñaban roles operativos centrales en la gestión del negocio ilícito: se encargaban de coordinar entregas, supervisar los lugares de acopio y administrar el movimiento de dinero.
Según la fiscalía, la organización contaba con distintos eslabones especializados. Algunos miembros cumplían funciones logísticas y de traslado de la droga; otros se encargaban de las maniobras de estiramiento, prensado y empaquetamiento de la cocaína en las “oficinas”, mientras que otros actuaban como nexo para el alquiler de inmuebles o para la recepción y transferencia de las ganancias malhabidas.
También se detectó la participación de personas encargadas de proveer cocaína, distribuirla en distintos puntos de venta y abastecer a compradores mayoristas.
En su dictamen, Picardi sostuvo, además, que “la organización criminal investigada cuenta con conexiones directas de carácter internacional”. En ese sentido, remarcó que la estructura contaba con integrantes que operaban desde el exterior y que las características de la cocaína acondicionada “resultan compatibles con circuitos de abastecimiento que exceden el ámbito local y permiten inferir su vinculación con eslabones extranjeros dentro de la misma cadena de tráfico”.
El fiscal Picardi tuvo la colaboración de distintas áreas de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, que canalizó requerimientos con las autoridades peruanas.
Además, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) logró realizar la extracción forense de los dos teléfonos secuestrados a la primera detenida, “una medida que resultó clave para ampliar la pesquisa y reconstruir el funcionamiento de la organización”, según el sitio de noticias de la Procuración de la Nación.
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