
Condenaron a 17 años de cárcel a “Palermo”, el policía amigo del cerebro financiero de las grandes bandas narco
Se trata del sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta, implicado en el caso que le costó el puesto al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan; también fue inhabilitado para ejercer cargos o empleos públicos
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Fue la primera persona en llegar a la escena del crimen de Quilmes donde sicarios ejecutaron a Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en 2019 que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en la Argentina. La relación de amistad y confianza que tenía con la víctima le había permitido, en su momento, obtener el dato clave para diseñar un operativo policial que derivó, en diciembre de 2013, en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del caso conocido como Leones Blancos. Hoy, el sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Adrián Baeta, conocido por el apodo de Palermo, fue condenado a la pena de 17 años de cárcel.
El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez, encontró culpable a Baeta, de 56 años, de los delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por su comisión en forma organizada por tres o más personas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de estupefacientes en el denominado caso Leones Blancos.
Los magistrados también inhabilitaron por diez años a Baeta para ejercer cargos o empleos públicos.
Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto del veredicto. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 13 de octubre próximo. La defensa del policía ya adelantó que apelará la sentencia.
“Del veredicto se desprende que el Tribunal tuvo por cierta la declaración de Carlos Daniel Maidana, pese a que incurrió en sucesivas contradicciones producto de mentiras adaptadas a cada momento procesal, que él mismo reconoció durante el debate. Maidana es un delincuente que fue detenido nuevamente mientras se celebraba este juicio. En cuanto a la pena, tratándose de un único hecho, no luce proporcionada ni razonable, ni responde a parámetros objetivos de mensuración, máxime considerando que Baeta se desempeñaba como sargento de la policía bonaerense, sin capacidad de decisión sobre el operativo”, dijo a LA NACION el abogado Fernando Arias Caamaño, quien junto con su colega Carolina Lazetera está a cargo de la defensa de “Palermo”.
Maidana, de 59 años, integró las filas de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que fue exonerado en 1995. Después fue “buche” de la policía bonaerense y en la causa que hoy se conoció el veredicto fue “imputado colaborador”.
Cuando Arias Caamaño sostuvo que Maidana es un delincuente que “fue detenido mientras se celebraba este juicio”, se refería a que fue apresado y procesado, acusado de ser integrante de la banda de boqueteros que intentó robar dos bancos, uno en Baradero y otro en Morón.
Los jueces Mayorga, Sagretti y Gutiérrez condenaron a Maidana a la pena de ocho años de prisión.

La causa por la que hoy fue condenado Baeta terminó con la carrera judicial del otrora poderoso fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, que terminó destituido. Había estado a cargo del denominado operativo Leones Blancos.
En la presentación del procedimiento ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, quien se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de poco más de 500 kilos de cocaína. Pero eran más: entre 520 y 560 kilos de droga fueron robados por el personal policial que intervino en el operativo, según se desprende del expediente.
En octubre de 2021, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había procesado a Scapolan -uno de los funcionarios de mayor confianza del exfiscal general de San Isidro Julio Novo, quien renunció en 2017 después de ser acusado de encubrir a una banda narco- como jefe de la asociación ilícita, y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones.
“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, había dicho el fiscal federal Fernando Domínguez en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.
En junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. En cambio, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos.
Si bien Scapolan no estuvo sentado en el banquillo de los acusados, cuando presentó su alegato ante el tribunal, el fiscal general Marcelo García Berro hizo foco en él.
“En este juicio quedó plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una mera falsedad documental —como si se tratara de un acto administrativo aislado— constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. La falsedad fue un delito instrumental, funcional a un plan criminal más amplio. Scapolan no fue un funcionario engañado ni marginalmente involucrado. Su actuación respondió a una práctica consolidada: anticipaba el dato, programaba los procedimientos con antelación y los oficializaba bajo el rótulo de una falsa ‘urgencia’, su sello distintivo, utilizada sistemáticamente para legitimar detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. En virtud de la reiteración, sistematicidad y gravedad de los hechos acreditados en este debate, corresponde disponer la extracción de testimonios a fin de que se continúe la investigación sobre el exfiscal Scapolan como integrante de la asociación ilícita aquí probada, en tanto su intervención no sólo resultó funcional, sino indispensable para el funcionamiento, cobertura y perdurabilidad de la organización criminal, cuyos beneficios se alimentaron del narcotráfico y de la corrupción institucionalizada”, había dicho García Berro en diciembre pasado, en la primera parte de su alegato, antes de que el juicio entrara en un impasse por la feria judicial.
En el veredicto conocido hoy, los magistrados afirmaron: “Hacer saber al fiscal general [García Berro] que, en relación con los pedidos de extracción de testimonios restantes, tiene a su disposición la totalidad de las actuaciones a los efectos que estime corresponder”.
Además de Baeta y Maidana, fueron condenados otros 24 sospechosos. Entre ellos, los comisarios Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa, quienes recibieron una pena de 17 años de prisión, como había solicitado el fiscal García Berro.
Cristian Esteban Seu, un testigo “trucho” del operativo Leones Blancos, recibió una pena de 12 años de cárcel.
También fueron condenados dos abogados, Matías Pedersoli y Francisco García Maañón, quienes recibieron penas de dos años y medio y tres años de prisión en suspenso, respectivamente. A ambos, además, se los inhabilitó para ejercer la abogacía.
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