Condenaron a la banda del Breaking Bad argentino
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El día que la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló en Olivos, Vicente López, el laboratorio donde la organización fabricaba la droga sintética que después vendía en festivales de música electrónica y en fiestas privadas, comenzó a develarse la existencia de lo que se conoció como la banda del Breaking Bad argentino. Hoy, tres años y seis meses del mediático operativo, los ocho acusados de integrar ese grupo criminal fueron condenados a penas de entre tres y ocho años y medio de cárcel en un juicio oral y público.
Fuentes judiciales informaron a LA NACIÓN que la decisión fue tomada hoy por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°1, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Gabriel Vega y José Michilini.
Decepcionada ante lo que consideró una escasa pena fijada, la fiscal federal general Gabriela Baigún, representante del Ministerio Público en el juicio, adelantó que recurrirá la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En julio pasado, durante sus alegatos, Baigún había solicitado penas de prisión de entre 6 y 15 años de cárcel para los acusados.
El que recibió la mayor condena fue Carlos Alberto De Lillo, conocido como "el Colo" o "el Tano". El TOF N°1 lo encontró culpable del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de elaboración y comercialización y le fijó una pena de ocho años y medio de prisión, que unificó con la de otra causa del fuero penal económico hasta cuantificarla en 12 años.
Sergio Gustavo González, uno de los cuatro "horneros" condenados a prisión perpetua por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido cerca de Pinamar el 25 de enero de 1997, que al ser detenido por este nuevo caso gozaba de la libertad condicional, recibió una pena de siete años de cárcel. Él no comercializaba el éxtasis fabricado en Olivos, sino que vendía marihuana y el día que fue apresado le secuestraron un arma de fuego.
Como se dijo, el laboratorio de droga sintética fue descubierto en marzo de 2015 por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que ese momento era conducida por el hoy jefe de la fuerza de seguridad, comisario general Néstor Roncaglia. El centro de mezclado y fraccionamiento estaba instalado en un inmueble de Avellaneda y Bermúdez, en Olivos, donde vivía De Lillo, que ocultaba su verdadera identidad. Tras su detención se supo que llevaba más de cinco años prófugo, desde octubre de 2009, por haber fletado a una "mula" con tres kilos de cocaína hacia España, intento de tráfico que fue desbaratado en Ezeiza.
Para De Lillo, la fiscal Baigún había solicitado una pena única de 15 años de prisión, 12 por el delito de tráfico de estupefacientes en sus modalidades de preparación y comercialización, más los tres por la causa de la "mula" enviada a España.
En la investigación, a cargo del juez federal Sergio Torres, se determinó que la mayor producción y el comercio de pastillas de éxtasis o alucinógenos se vinculaban directamente a la cercanía de festivales de música electrónica de concurrencia masiva, como Creamfields y Ultra. Además, parte de la banda, para vender la droga sintética, organizaba fiestas privadas a las que convocaba a través de la red social Facebook.
Otro de los condenados fue Alan González Quintela, de 29 años. Su rostro se hizo conocido el 17 de marzo de 2015 cuando salió esposado de la casa de Olivos en la que se había montado el centro de mezclado y fraccionamiento de la droga sintética. Tenía puesta una remera con la imagen de Walter White, el personaje de la premiada serie norteamericana Breaking Bad. Recibió una pena de cuatro años de prisión.
Carlos García Favano fue el que recibió la menor pena: tres años por tenencia simple de estupefacientes, a pesar de que le habían secuestrado 280 dosis de éxtasis, según informaron fuentes judiciales.
Los otros acusados, Carlos Agüero, Claudio Roch, Virginia Ovejero y Hugo Cesaroni recibieron penas de entre cinco y dos años y medio de prisión.
Los jueces del TOF N°1 rechazaron todos los pedidos de nulidades presentados por las defensas de los imputados y ordenaron decomisar el dinero, los vehículos, los teléfonos celulares y las máquinas utilizados para mezclar y fraccionar la droga, todos los elementos secuestrados durante los allanamientos.
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