Corrupción de menores. Denuncian al padre de un alumno del Colegio Palermo Chico por presuntos abusos a compañeros de su hijo

Una causa en trámite en la Justicia nacional investiga a un padre de alumnos del Palermo Chico, un colegio privado de la ciudad de Buenos Aires, por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y otras imputaciones conexas. El imputado es Marcelo Porcel, un poderoso empresario que fue concesionario de Oh! Buenos Aires -habría salido del emprendimiento hace unos meses-, el predio donde antes funcionó el Design, en el corazón de la Recoleta, e hijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa se vendió al Grupo Exxel.

Se trata de un expediente que empezó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado. Ya son 10 los que se presentaron frente a un tribunal para denunciar los abusos que tuvieron como escenario la lujosa torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel, a pocos metros del Obelisco porteño.

La denuncia, del 5 de julio de 2024, dio origen a la causa número 36.627/2024, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El expediente se encuentra en plena etapa de investigación. En el medio está el peregrinaje silencioso de un grupo de padres del colegio Palermo Chico que, a pedido de sus hijos que decidieron contar su verdad, denunciaron a Porcel.

No bien se inició la causa, el magistrado dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto −directo o indirecto− con las presuntas víctimas y sus familias. Esa perimetral impidió a Porcel acercarse al Colegio Palermo Chico y también al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios de los denunciantes juegan en un equipo de fútbol.

Los relatos de los chicos son coincidentes. Todos describieron una metodología que se basaba en la complicidad de un adulto con un grupo de adolescentes de 13 o 14 años en el que el imputado ocupó, durante años, un lugar central.

Padre de varios alumnos del colegio, participaba activamente de actividades deportivas, organizaba encuentros en su casa, se ofrecía para trasladar chicos y se mostraba permanentemente disponible. Esa disponibilidad, que en un primer momento fue interpretada como generosidad, empezó a cambiar con el tiempo. Reuniones que terminaban casi siempre en su domicilio, marcada insistencia para que los chicos se quedaran a dormir, participación constante del adulto en espacios que suelen pertenecer al mundo adolescente.

Nada de eso, por sí solo, activó una denuncia. Tampoco el intercambio frecuente de mensajes por WhatsApp con menores, ni la naturalidad con la que −según relatan varios padres− el adulto se integraba a conversaciones, juegos y confidencias. El límite, como suele ocurrir en estos casos, se corrió de a poco.

Los hechos que hoy investiga la Justicia describen una escalada. Primero, la provisión de alcohol en reuniones de adolescentes. Luego, incentivos económicos: dinero a cambio de consumir bebidas alcohólicas, premios por “aguantar más”, transferencias a billeteras virtuales. Alguna vez, según consta en el expediente, Porcel los habría inducido a ingerir alcohol a cambio de figuritas del Mundial 2022 y otra, habría compensado con dinero a quienes dieran una vuelta en calzoncillos alrededor de la mesa de directorio en una oficina.

En algunos casos, los encuentros no se limitaron al domicilio familiar. Parte de las reuniones −siempre según los relatos judicializados− se trasladaron a oficinas del imputado, en horarios nocturnos, con el argumento de no “molestar” a otros adultos que estaban en la torre de Palermo, en su departamento de casi 300 metros, según datos que aparecen en el expediente. Otras fueron en la Torre Le Parc, donde estaba vacío el piso de la madre de Porcel. La logística incluía traslados en vehículo particular y consignas explícitas para no contar lo que ocurría.

El expediente incorpora transcripciones de chats grupales en los que el adulto participaba activamente, organizando encuentros y reforzando la idea del secreto. En ese esquema, sostienen los denunciantes, el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control.

LA NACION resguarda los nombres de los afectados por tratarse de menores y por pedido de sus padres. La gran mayoría ya pasó por la Cámara Gesell, donde relataron los detalles de lo que habría sido una manipulación y, posteriormente, un abuso de menores. Además, se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte, y, como se dijo, el juez dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado todo tipo de contacto −directo o indirecto− con las presuntas víctimas, testigos y sus familias, fijando una distancia mínima.

LA NACION se comunicó con Porcel para conocer su versión de los hechos. “En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. Y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima”, señaló el empresario en una comunicación con LA NACION. Sin embargo, más allá de sus declaraciones, la causa sigue: hay duros testimonios en la Cámara Gesell, hubo peritajes sobre el celular que permitieron encontrar evidencias en imágenes y cada vez hay más denunciantes.

Al ser consultados por LA NACION, desde la Dirección del colegio Palermo Chico enviaron un comunicado: “Ante manifestaciones recibidas sobre presuntos hechos que involucrarían a alumnos de esta institución y que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, el establecimiento procedió oportunamente a activar los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y poniendo en conocimiento de la situación a las autoridades educativas jurisdiccionales”. Fuentes oficiales del colegio, además, informaron que la familia ya no pertenece a la comunidad educativa.

Desde 2024, los padres, y sobre todo las víctimas, esperan que la Justicia llame a indagatoria a Porcel. Pese a las evidencias encontradas en los teléfonos, los testimonios, varios allanamientos, las crudas revelaciones de los chicos en la Cámara Gesell y los reiterados pedidos procesales, el juez aún no lo indagó ni dispuso su detención preventiva.

En estas últimas semanas, la Defensora de Menores que asiste a las víctimas solicitó en dos oportunidades el llamado a indagatoria de Porcel, tal como lo había hecho el fiscal, y también requirió al juez que “disponga sin más dilación la retención de los documentos de viaje y la prohibición de salida del país del imputado, tal como fuera requerido por el fiscal, valorando la gravedad institucional del caso, la expectativa de pena de cumplimiento efectivo, la pluralidad de víctimas menores, la existencia de material íntimo del niño y la obligación reforzada del Estado argentino de garantizar, de manera prioritaria, el interés superior de los niños y adolescentes involucrado”.

Sí se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados al acusado −uno de ellos en un campo en la zona de Cañuelas que la Justicia dijo que le fue imposible identificar−, con el secuestro de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos. De hecho, entre las pruebas más contundentes que ya se adjuntaron a la denuncia está el peritaje sobre el celular de Marcelo Porcel. Allí se constataron varios chats relevantes para la acusación y se encontraron fotos de los amigos de sus hijos desnudos. “Lamentablemente, había fotos de mi hijo”, confesó uno de los padres que tuvo acceso a las imágenes que se pudieron rescatar del dispositivo.

Nada de esto sirvió aún para que Bruniard se decida, al menos, a pedir la indagatoria. Como aún se suman denunciantes (empezaron seis y ya van diez), según lo que surge de la resolución firmada por el propio magistrado, el juez prefirió aplicar el principio de “economía procesal” y esperar a que todos pasen, por caso, por la Cámara Gesell para que la imputación contenga a todos los denunciantes y Porcel no tenga que comparecer más de una vez para anoticiarlo de nuevas imputaciones. Sin embargo, los padres presentaron un duro escrito en las últimas horas en el que sostuvieron que cuando hay derechos de menores en juego no hay economía procesal que valga.

El quiebre del silencio

Los chicos afirman que empezaron a hablar cuando el silencio dejó de ser una protección y pasó a sentirse como una condena. Sus relatos −recogidos en ámbitos judiciales, con acompañamiento profesional− describen miedo, confusión y vergüenza frente a un adulto con poder, dinero y conocido socialmente.

Durante meses, incluso años, el entorno eligió no ver: padres que se alejaban en silencio, el colegio porteño que no recibía denuncias formales y rumores que no encontraban cauce. Ante ese vacío, el abuso sexual y la corrupción de menores pudieron repetirse. Hoy, esos chicos piden justicia, impulsados por la necesidad de que el silencio, finalmente, deje de ser cómplice. Entonces llegó la denuncia penal que rompió aquel tejido social.

La metodología

El expediente revela algo más que una sucesión de hechos denunciados: expone un patrón. Y, sobre todo, deja al descubierto el modo en que una comunidad entera procesó −en soledad− señales que nadie terminó de transformar en una advertencia formal. Como muchas veces sucede en estos casos.

La causa se agrava por los relatos vinculados a conductas de contenido sexual. Según declararon varios menores en Cámara Gesell −con intervención de peritos oficiales y de parte− el imputado habría realizado, en reiteradas oportunidades, masajes inapropiados y propuestas de carácter sexual, siempre desde su posición de adulto y en evidente asimetría con los chicos. El uso de una crema especial que ofrecía es una constante en los desgarradores testimonios judiciales.

Hasta le habían puesto nombre a este tipo de “fiestita”. Habría sido el imputado el que invitaba a los chicos, a través del chat, indicando que a la noche habría “shubidubi”. En ese lenguaje eso era sinónimo de alcohol por plata. Siempre el que convocaba se hacía llamar “el capitán”.

Esos dichos, incorporados bajo estricta reserva, describen escenas coincidentes en tiempo, modo y lugar. La Justicia también tomó declaración a profesionales de la salud mental que atendieron a las víctimas, cuyos informes no fueron impugnados por la defensa.

El murmullo previo y la reacción tardía

Uno de los aspectos más delicados del caso es lo que ocurrió antes de la denuncia. Varios padres relataron que las conductas del imputado eran “comentadas” en la comunidad educativa. No como hechos formales, sino como advertencias informales. Familias que decidían alejarse. Chicos a los que no se les permitía quedarse a dormir. Cambios de curso para evitar coincidencias.

La institución educativa Colegio Palermo Chico, según surge de los testimonios, fue informada de algunas preocupaciones, pero no recibió denuncias formales en ese momento. Accedió, sí, a los cambios de divisiones que pidieron algunos padres.

Hay un punto de quiebre que se repite en casi todos los relatos incorporados a la causa: el momento en que los chicos hablan. No lo hacen de inmediato. No siempre entienden lo que les pasó. A veces lo hacen recién cuando se sienten a salvo, cuando ya no frecuentan al adulto denunciado, cuando escuchan que otros atravesaron situaciones similares.

LA NACION conoció el caso y las denuncias penales hace varios meses, pero, por pedido de los padres, se pospuso la publicación hasta que un grupo de denunciantes decidió avanzar y dar a conocer el caso.

Por Diego Cabot

• Abuso de menores

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