Crimen en Ramos Mejía. La indignación social dejó al desnudo el fracaso del Estado ante la escalada de inseguridad

Una masiva movilización de vecinos y comerciantes se convirtió ayer en la expresión más contundente de la indignación ciudadana que provocó el crimen del quiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. La protesta tiene un fuerte impacto político y, cinco días antes de las elecciones, puede alterar el pulso del tramo final de la campaña. El gobierno nacional quedó descolocado y se mantuvo en silencio hasta hoy, cuando el ministro Aníbal Fernández volvió a responder ante la manifestación de la angustia que provocan las muertes violentas con la fórmula de que “la estadística muestra otra cosa”.

Su par de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió la actuación policial que derivó en las detenciones del presunto autor del crimen, que había sido liberado el año pasado, y de una adolescente de 15 años que habría actuado como cómplice. Y también justificó el episodio de represión uniformada a algunos de los manifestantes. En el clima de tensión de la marcha de anoche hubo forcejeos y choques con la policía, que arrojó gases lacrimógenos contra los vecinos para intentar dispersarlos. Los reclamos de los manifestantes apuntaban contra los gobiernos nacional y provincial, y contra la gestión municipal del intendente Fernando Espinoza, que, inexplicablemente, no habla del tema.

Dolor, indignación, impotencia y miedo. Una mezcla de esos sentimientos estalló en La Matanza, donde miles de vecinos salieron a la calle para pedir justicia y seguridad después del crimen de Roberto Sabo, el quiosquero de 48 años, padre de dos hijos, asesinado el domingo en Ramos Mejía. Fue una movilización con mucho de reclamo, pero también de desahogo, con picos de tensión y distintas expresiones de hartazgo. El Gobierno se mantuvo en silencio frente a una protesta que lo sorprendió por su dimensión y contundencia.

La otra deuda

Cuando faltan cinco días para las elecciones, el caso provoca una nueva crisis por el descontrol delictivo y reinstala en el centro del debate público la deuda en materia de seguridad. En el corazón de La Matanza, uno de los bastiones que el kirchnerismo intenta defender en los cruciales comicios del domingo, el clima está dominado por una indignación ciudadana que parece el resultado de un malestar muy profundo.

El reclamo impacta en el tramo final de la campaña electoral, cuando el oficialismo intentaba correr de la agenda el tema de la inseguridad, uno de los más sensibles para el electorado de los grandes centros urbanos. Hasta anoche, el ministro Aníbal Fernández no había dicho una palabra sobre el caso que moviliza a la opinión pública nacional. El gobernador Axel Kicillof dijo que el de la inseguridad “es un problema crítico desde hace muchísimo tiempo”.

En pleno centro de Ramos Mejía (una zona de clase media acomodada, aunque hoy algo deteriorada), la masiva marcha de vecinos y comerciantes autoconvocados se desarrolló en un clima de enojo y tensión social. Incluyó forcejeos y choques con la policía, que formó nutridos cordones para evitar que los manifestantes llegaran hasta la puerta de la comisaría 2ª —a tres cuadras de la escena del crimen—, y derivó en incidentes, con heridos incluso en medio de la manifestación. Los uniformados arrojaron gases lacrimógenos que provocaron la descompensación de decenas de manifestantes.

Deficiencias legales y operativas

El brutal homicidio del quiosquero potencia un reclamo social que está muy arraigado en el conurbano, así como en otras regiones del país. El caso expone, además, varias aristas de la crisis de seguridad: el acusado de cometer el crimen fue excarcelado en medio de la pandemia —tras purgar una condena de casi seis años robo a mano armada—, después volvieron a detenerlo por un intento de robo, pero inmediatamente recuperó la libertad.

Causó mucha indignación, además, el hecho de que el asesino, Leandro Daniel Suárez, llorara ante el fiscal Federico Medone, al que le rogó que no lo condenaran a perpetua. Pidió la clemencia que el domingo no tuvo con Sabo, al que ejecutó de seis balazos.

El asalto ocurrió a tres cuadras de una comisaría. Como si fuera poco, uno de los patrulleros enviados al lugar se quedó sin nafta y los policías tuvieron que empujarlo. Todos esos elementos se conjugaron para alimentar el reclamo vecinal, que incluyó insultos y fuertes reproches al ministro bonaerense Sergio Berni y a jefes policiales de la zona.

Mientras el barrio estaba conmocionado por el crimen del quiosquero, ayer a la mañana otro hombre fue asaltado y herido por motochorros a la vuelta del comercio de Sabo. Ese hecho alimentó la atmósfera de temor y de impotencia que ha estallado en Ramos Mejía, donde el homicidio de Sabo se suma a otros casos ocurridos en lo que va del año. Las estadísticas de la inseguridad nunca están actualizadas, pero se sabe que en 2019 en la provincia de Buenos Aires se produjo (según los registros de la Procuración de la Corte) un homicidio cada nueve horas. En las últimas semanas, la ola de asesinatos en ocasión de robo no ha dado respiro.

Berni defendió la actuación de la fuerza a su cargo ante el caso del quiosquero. “No fue una cuestión policial. Un agente forcejeó con el delincuente a la salida y el patrullero estaba pasando por ahí. La policía respondió. Acá el problema es más profundo: una persona que estuvo presa de 2014 a 2020 por robo agravado sale de la cárcel sin resocialización; no hay seguimiento del patronato de liberados. ¿Qué piensan que va a hacer? La provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica, que es la inseguridad. Los vecinos están angustiados, y con razón”, admitió.

Entre los vecinos que se movilizaron ayer, muchos apuntaban sus críticas al gobierno municipal de La Matanza, encabezado por Fernando Espinoza. Reclaman la falta de un centro de monitoreo —aunque el municipio informó que las cámaras sirvieron para ubicar y atrapar a los asesinos— y se quejan por la ausencia de partidas para la colocación de cámaras y el mantenimiento de patrulleros. También hay cuestionamientos por la asignación de recursos municipales, en plena campaña electoral, para recitales como el de Los Palmeras o de Karina La Princesita, en lugar de priorizar las inversiones en seguridad, educación y salud.

Los reclamos de la marcha apuntaban en distintas direcciones: incluían a la Justicia (por las excarcelaciones anticipadas y la llamada “puerta giratoria”), a los gobiernos nacional y provincial, a los jefes policiales y a Espinoza. También, por la legislación que habilita la reducción de penas y los atajos procesales para eludir las condenas de prisión efectiva.

La marcha en Ramos Mejía se dispersó después de varias horas, pero muchos vecinos llamaban a mantenerse movilizados. “A mí me arruinaron la vida, pero algo tiene que cambiar”, dijo Pedro Sabo, el padre del quiosquero que trabajaba de domingo a domingo en ese comercio que fundó su abuelo. “Algo tiene que cambiar”, repetían los manifestantes con dolor e indignación.