Cuatro acusados del femicidio de Araceli Fulles, libres

El cadáver de Araceli Fulles fue encontrado, después de 25 días de búsqueda, el 27 de abril pasado en el fondo de una casa en José León Suárez, San Martín. La chica, de 22 años, había sido estrangulada. El caso, por razones obvias, provocó estupor. Y comenzó la frenética búsqueda de los culpables. Rápidamente hubo cinco detenidos y el caso pareció cerrado. Hasta ahora: cinco meses después, cuatro de esos sospechosos fueron liberados por la Cámara de Apelaciones, que advirtió que por la "ineficiencia del sistema investigativo" no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar su participación en el crimen.

La Sala I de la Cámara de San Martín benefició así a Hernán Badaracco, de 38 años; Carlos Cassalz, de 34; Marcelo Escobedo, de 37, y Hugo Cabañas, de 46, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. El único que continúa en prisión es Darío Badaracco, de 29, el primer detenido y principal sospechoso del femicidio.

Según informó la agencia de noticias Télam, que tuvo acceso al fallo, la falta de resultados de los peritajes, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de "falsas pistas" fueron los argumentos sopesados por los jueces Carlos Hermelo, Javier Mariani y Patricia Toscano para dictarles la falta de mérito y, en consecuencia, ordenar la libertad de los cuatro imputados.

Los camaristas de la Sala I consideraron que las deficiencias detectadas en torno del trabajo de los agentes estatales -fuerzas de seguridad y peritos- no permitieron obtener las pruebas necesarias para sustentar las prisiones preventivas de los acusados, motivo por el cual ordenaron investigar la posible comisión de un delito de acción pública.

A modo de ejemplo, los camaristas sostuvieron que todavía no se habían agregado al expediente los resultados de los peritajes practicados sobre las evidencias físicas secuestradas.

Otras objeciones

"Más preocupante aún resulta la cuestión cuando el perito del Laboratorio de Genética Forense de la Superintendencia de Policía Científica, al analizar las diferentes evidencias físicas relevadas, observa con relación a los elementos que ha de peritar que «este modo de conservación no cumple con los requisitos de conservación de los protocolos de recolección de muestras para ADN»", se explicó en la resolución.

Esas pruebas, según aclararon los camaristas, son las que precisamente probarían la presencia de la víctima en el lugar donde se presume que fue asesinada.

"Amén de lo expuesto -reza la resolución-, contribuye a la mayor complejidad de la investigación el hecho de que, con el objetivo de desviar la atención, se siembren «falsas pistas»", tales como "bijouterie, una chalina y un lazo con aparentes rastros de la víctima, entre otros".

En la misma resolución, los jueces recomendaron a la fiscalía que "urja" las diligencias ordenadas y que quedaron pendientes de producción. También, que la Fiscalía General de San Martín inicie una investigación por las irregularidades mencionadas "ante la probable comisión de un delito de acción pública".