Daniel Russo: “Para los policías, un intoxicado representa un problema en términos prácticos”
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La escena es conocida: una persona avanza zigzagueando en la calle, no puede coordinar los movimientos, no se entiende lo que habla. Alguien ha llamado al 911 y, unos minutos después, un patrullero llega al lugar. A partir de ese momento aquella persona, que está bajo los efectos de una droga considerada ilegal, pasa a ser un "problema" de los policías.
El término, aunque coloquial, es preciso: una persona intoxicada representa un "problema" para los agentes, imposibilitados de aplicar en ese caso las herramientas de intervención a las que están acostumbrados. Las derivaciones de lo que decidan hacer son infinitas. El efectivo puede contenerla hasta que se mejore tanto como provocar excesos y conductas incompatibles con el respeto de los derechos humanos.
Por primera vez, un libro describe y analiza el tratamiento que reciben los "faloperos" y recoge las confesiones de los policías. "Ellos mismos reconocen que no tienen la preparación necesaria para estos casos", señala el autor, Daniel Russo.
Gran parte de la vida adulta de Russo –doctor en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, psicólogo e investigador– estuvo vinculada a las fuerzas de seguridad. Hace 16 años que trabaja en formación policial: fue director nacional de Capacitación en Adicciones en la Sedronar durante la gestión de Rafael Bielsa en la secretaría antinarcóticos, y trabajó en el equipo de Carlos Arslanian en el proyecto de la Policía Buenos Aires 2, durante el gobierno de Daniel Scioli. Actualmente es docente sobre drogas en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal y flamante autor de Cuidar a la fuerza. Sobre la intervención policial con personas intoxicadas por uso de drogas, libro editado por La Docta Ignorancia.
–¿Qué lo llevó a concentrarse en ese aspecto del trabajo policial?
–Yo puse el ojo en una escena muy chiquita, en ese metro cuadrado que ocupan una persona intoxicada y un agente, pero que tiene potencial para analizar la institución policial, su formación y también al resto del campo social. ¿Qué hacemos como sociedad con las personas que se intoxican? Alguien "dado vuelta" en la calle es una persona en un estado extremo de vulnerabilidad. Entonces, ¿dejamos que le ocurran los accidentes, las peleas o los robos que pudieran ocurrirles por haberse intoxicado o pensamos como sociedad cuál es nuestro nivel de participación en las redes de cuidado? Lo primero que tenemos que reconocer es que un intoxicado en la calle es un problema de salud.
–¿Por qué entonces se acude a la intervención de la policía para lidiar con este tipo de casos?
–Una intoxicación puede involucrar conductas violentas o agresivas; si eso ocurre, no hay dudas de que la institución policial tiene que intervenir, porque implica riesgos para la persona intoxicada y para terceros. Pero en un montón de otras escenas esa persona no representa ningún potencial de agresividad o de violencia; sin embargo, llamar al 911 es casi una acción refleja.
La policía es la primera representación del Estado y eso está tan anclado en nosotros que no podemos pensar en otras alternativas. Al mismo tiempo, los mismos policías te dicen que un intoxicado en la vía pública es un tema de salud, pero no hay ambulancias girando por la ciudad para ver si recogen a personas intoxicadas, no hay "un comando de intoxicación". La ecuación que hacen los policías es que tienen que resolverlo rápido. Si la persona acepta la intervención, excelente. Pero, según confiesan los policías, eso ocurre en un tercio de las veces. En la mayoría de los casos los agentes "patean" al intoxicado, lo sacan de la jurisdicción propia para que el problema sea de otro. Si no pueden hacerlo, generan pequeñas incomodidades para que la persona reaccione y, así, poder enmarcar la intervención en un atentado o resistencia a la autoridad. Suben al intoxicado a su propio ring.

Desatención
El rechazo de los policías a la intervención en estas situaciones parte de la premisa de que no se está incumpliendo ninguna ley. Tanto el Código Penal nacional como el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del año 2004, establecen que los cuadros de intoxicación no constituyen delitos en sí mismos, que solo es objeto de sanción la tenencia de ciertas sustancias que harían posible aquel estado.
"No lo tomamos como un trabajo en serio porque no está en el campo penal, no hay tiros", afirma uno de los agentes entrevistados por Russo, aunque enseguida reconoce: "Nos lleva más de la mitad de nuestro tiempo".
El libro revela, además, el malestar de los policías por la imposición de los jefes de, cada tanto, llevar a algunos intoxicados de la calle a la comisaría para "hacer número".
Confiesa Russo: "Partí de hipótesis de intuiciones primarias que estaban cargadas de prejuicios, porque yo entendía que había como un ensañamiento de los policías hacia las personas intoxicadas, pero mi investigación me permitió llegar a una conclusión diametralmente opuesta: si algo quiere un agente es no cruzárselos, porque para un policía un intoxicado representa un verdadero problema en términos prácticos".
–¿Qué otra conclusión destaca en el libro?
–Los policías se identifican con una lógica de combate de la delincuencia o de una acción en la que siempre hay una mediación a través del uso de la fuerza, como si eso fuera lo principal de su tarea y el núcleo de la identidad profesional. Pero a diario tienen que resolver conflictos interpersonales de lo más diversos, entre los cuales las intoxicaciones por consumo de sustancias tienen un grado de importancia significativo.
No se trata de ser indulgente, porque, de hecho, algunos policías han cometido "bestialidades" y respondieron con su libertad frente a la comisión de estos delitos. Se trata de dotarlos de las herramientas adecuadas, de darles marcos de referencia más estables, para que sepan qué hacer y qué no. Entiendo que ahí tenemos una deuda, no solo de las instituciones policiales, sino del gran factor invisibilizado en esta escena, que es la Justicia.

Los "clasistas" y los que empatizan con los borrachos
Una de las presunciones confirmadas por el libro de Daniel Russo es la mirada clasista de los miembros de las fuerzas de seguridad: el tratamiento que recibirá la persona intoxicada dependerá de la clase social a la que pertenezca.
"Si el intoxicado proviene de sectores populares o medios bajos, el policía tendrá pocos reparos a la hora de intervenir, se va a permitir un curso de acción mucho más libre, más incisivo. En cambio, si hay alguna marca de clase social alta, lo primero que va a aparecer es un manto de resguardo. El agente actuará con cierto cuidado porque sabe que esa persona, por su posición social, puede tener una red de contactos que eventualmente lo pueden ligar con algunos actores vinculados con la institución policial, un abogado, un juez o un fiscal que pueda levantar el teléfono y provocar que el interventor reciba un tirón de orejas", explica.
La otra gran distinción que hacen los uniformados y que determinará su modo de actuar tiene que ver con la sustancia que haya provocado la intoxicación. "Ya hay una diferenciación en las figuras que los propios policías usan, como ‘falopero’ o ‘faloperito’ y ‘borrachín’. El apelativo de ‘falopero’ tiene una carga negativa más importante, conlleva una actitud de mayor hostilidad; en cambio, ‘borrachín’ hasta suena simpático, hay un posicionamiento empático, el policía puede ponerse en el lugar del otro".
Russo atribuye esta disociación al apego que el agente siente por la letra fría de la ley. "La persona que está intoxicada con una droga ilegal ya está pisando baldosas de la práctica delictiva, el policía supone que para estar drogada la persona cometió al menos una tenencia de estupefacientes, lo que constituye un delito. Si la intoxicación con sustancias ilegales no es un delito en sí, para ellos es como una ‘prima hermana’. Eso explica que el policía vea al drogadicto como un delincuente".
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