Desde dos cárceles controlaban el alquiler de armas de alto poder de fuego que eran usadas por bandas criminales
La organización delictiva era dirigida por un hombre detenido en el penal de Batán y su pareja, alojada en la unidad para mujeres de ese complejo penitenciario
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LA NACION
En una causa llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, fueron imputadas siete personas que, inicialmente, eran investigadas por comercio de estupefacientes, cuya operatoria acreditó la presunta conformación de una asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, dedicada a cometer diversos delitos.
Según la imputación que fue difundida por el sitio de oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal, “el grupo criminal también se dedicaba a cometer robos violentos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y otros hechos violentos. Asimismo, a sus integrantes se les atribuyen delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y el comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El comando y control de esta asociación ilícita que operaba en Mar del Plata estaba instalado en dos unidades que forman parte del complejo penitenciario de Batán. En esos módulos se encontraba alojada la pareja que es señalada por los investigadores como responsable de organizar la actividad delictiva de sus secuaces. Especialmente preocupante es la hipótesis que sostienen los investigadores sobre el alquiler de armas largas de gran poder y volumen de fuego.
En los allanamientos realizados a mediados de abril pasado fueron decomisadas carabinas calibre 22 largo -réplicas semiautomáticas de fusiles de asalto- y escopetas calibre 12/70, además de varias armas de puño.
Para mantener comunicaciones y sostener el control sobre el resto de la banda, el cabecilla que estaba alojado en uno de los pabellones de alta seguridad de Batán tenía siete celulares, que fueron encontrados en la requisa de la celda ordenada durante el allanamiento. Con la imputación formal por los delitos que figuran en el expediente, los ahora acusados tendrán medidas adicionales de vigilancia para asegurarse que no consigan acceder a teléfonos móviles.
“El fiscal federal explicó tras la audiencia que, más allá de los delitos vinculados al narcotráfico, durante la investigación se detectó un despliegue criminal de diversos tipos penales, como robo, comercio de armas, numerosos actos de violencia y comercio de drogas, donde el eje centralizador era el territorio”, según se consignó en el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal. Los acusadores apelaran a figuras jurídicas enmarcadas en la recientemente sancionada “ley antimafia” para elevar al expectativa de pena que tendría cada imputado en el juicio.
La investigación de la fiscalía fue convalida por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti. El magistrado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación y dispuso la prisión preventiva de los imputados por ese mismo término, con excepción de una mujer y un menor, respecto de quienes estableció la medida por el término de 30 días.
Los datos que permitieron estas acciones, requeridas por el fiscal federal Eyherabide y ejecutadas por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, surgieron de una investigación que se puso en marcha en septiembre pasado y que, según fuentes del caso confirmaron a LA NACION, incluyó casi 15.000 horas de escuchas telefónicas sobre distintas líneas celulares, algunas de ellas en uso dentro de dependencias carcelarias.
De la labor realizada por la Dirección de Investigación de Cibercrimen en esta causa judicial surge que ejecutaron robos a mano armada, en particular de vehículos.
LA NACION
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