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El crimen de Fernando Báez Sosa: revés en la Corte Suprema de Justicia para los condenados
El máximo tribunal de la Nación rechazó una serie de recursos de queja de las defensas al considerar que la sentencia de fondo aún no está firme
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LA NACIONGabriel Di Nicola
La Justicia acaba de darles malas noticias a siete de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La Corte Suprema rechazó una serie de recursos de queja presentados por sus defensas.
Según informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.
“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, sostuvieron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.
El máximo tribunal también rechazó un planteo presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsen, porque el “recurrente” no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, condenó a la pena de prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli, quienes fueron hallados culpables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves”, esto último por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.
Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.
Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima −Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio− y las defensas de los ocho condenados.
El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.
Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.
Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.
La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en“la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó, en su momento, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.
Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados.
“Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados”, sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, tras la presentación de Nolfi, Tomei hizo llegar un escrito en la causa para defender su actuación.
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