Detuvieron a un juez de Garantías acusado de cobrar coimas en la frontera caliente de la cocaína
El magistrado Claudio Parisi tiene dos pedidos de juicio político en su contra por entorpecer la investigación de un homicidio mafioso en Orán y beneficiar con la prisión domiciliaria a un excandidato a intendente
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LA NACIONGustavo Carabajal
“El juez Claudio Parisi tenía casi tarifada de concesión de prisiones domiciliarias y el monto; el dinero a percibir dependía de la cara del cliente. No creo que llegue a formar parte de una organización criminal, pero sí un engranaje que beneficiaba a las organizaciones criminales”, expresó Pedro García Castiela, máximo responsable de los fiscales de Salta, al pedir el juicio político contra el magistrado de Garantías de Orán.
Parisi tenía dos pedidos de juicio político en su contra por el supuesto encubrimiento de un homicidio mafioso y el presunto cobro de coimas para conceder beneficios a un excandidato intendente de Orán, José Dimas Ruiz, acusado de formar parte de la banda de Cristian Palavecino, líder de la organización criminal que habría pergeñado un plan para instalar funcionarios de su banda en los municipios de la frontera con Bolivia, como publicó LA NACION en una extensa crónica este último domingo.
Hace una semana, el Ministerio Público de Salta y la policía allanaron el despacho del magistrado. En el mismo operativo, fue detenido el intendente de Aguas Blancas, la ciudad situada en la frontera con Bolivia, Carlos Alfredo Martínez. Anteayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta le suspendió los fueros. Un día antes, LA NACION había publicado una extensa crónica sobre el caso.
Esta mañana, la Unidad Fiscal de Orán arrestó al juez Parisi, que será indagado en las próximas horas.
Además del supuesto cobro de coimas, el juez detenido fue acusado de entorpercer la investigación que tenía como blanco a César Martínez, alias “Oreja”, hermano del intendente de Aguas Blancas.
Después de la detención de Delfín Castedo, también conocido como el Patrón del Norte, mientras circulaba en su camioneta por Parque Leloir, Ituzaingó, en julio de 2016, Palavecino se convirtió en uno de los jefes criminales más sanguinarios de Salta.
Para controlar la frontera por la cual los narcos cruzan la mayor parte de los cargamentos de cocaína que se producen en Bolivia, Palavecino habría urdido un plan que consistía en financiar las campañas electorales de los candidatos a intendentes que formaban parte de su organización en municipios que tienen jurisdicción en la frontera, con el objetivo de dominar el territorio y cobrar “peaje” para pasar la droga.
“Palavecino armó una fuerza de seguridad propia, con armamento con mayor poder de fuego que el de la policía. Utiliza explosivos e inhibidores de señal. Tiene capacidad operativa y armas, a pesar de que está preso en la cárcel de Villa la Rosas”, agregó el máximo responsable de los fiscales de Salta.
La red de protección de Palavecino incluía no solo al poder político, sino también a algunos funcionarios judiciales. Según quedó al descubierto durante la investigación encarada por los fiscales salteños, Dimas Ruiz, habría pagado una coima para que el juez Parisi lo beneficiara con la prisión domiciliaria.
Además, el magistrado habría informado al intendente de la localidad de Aguas Blancas sobre los procedimientos que solicitaban los fiscales que investigaban el homicidio de Martínez, acribillado de 14 balazos por dos sicarios que se movilizaban en moto. El hermano del Oreja era el intendente en un lugar clave para el tráfico de drogas, de personas y para el contrabando de cualquier cosa. Situada a orillas del río Bermejo, unida por un puente con la ciudad boliviana de Bermejo, junto con Salvador Mazza es uno de los lugares por donde pasa gran cantidad de la cocaína que se produce en Bolivia.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la existencia del plan de la banda de Palavecino para copar las intendencias de la frontera con Bolivia: “La magnitud de estos delitos y su relación con el crimen trasnacional subrayan la urgencia de que las instituciones provinciales y nacionales actúen con firmeza, en estricto apego a la ley para salvaguardar y garantizar que el sistema democrático no se vea vulnerado”.
La modalidad aplicada por el juez detenido es muy similar a la estructura que había armado el magistrado federal de Orán, la misma jurisdicción, Raúl Reynoso.
En 2019, Reynoso fue condenado a 13 años de cárcel al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos imputados con resoluciones judiciales.
Hace poco más de un mes, Raúl Reynoso recibió una pena de cinco años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.
“Por un pancho y una coca”
También fue acusado en otro expediente. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares René Antonio Arancibia, alias Choco, acusado de traficar 100 kilos de cocaína. Quien los delató a los tres es un traficante de origen sirio que declaró como imputado colaborador.
El fiscal federal Carlos Amad, que impulsa la acción contra el exjuez y su colega, anticipó que, tras la resolución de la Cámara, espera recibir el expediente para trabajar en el dictamen que sustente el requerimiento de elevación a juicio. Y aprovechó para definir, sin tapujos, como un “problema ético y moral” el hecho de que haya funcionarios judiciales que aceptan dinero del crimen organizado.
“La Justicia se ha vuelto permeable a los embates económicos del narcotráfico o de otro tipo de delitos. Hay un problema ético y moral de formación, porque, evidentemente, con las responsabilidades que tenemos los jueces y fiscales, y por las que nos pagan bien, venderse, traicionar los juramentos y exponer a la familia por un pancho y una coca es tremendo”, dijo Amad en una entrevista con el programa Algo Personal, de FM Noticias 88.1, de Salta. Más allá del sarcasmo... 150.000 dólares bastarían para comprar 150.000 de esos tentempiés.
El fiscal federal Bruno sigue en su cargo. Mientras que Reynoso renunció en 2016, fue destituido, condenado y sigue preso.
Los vínculos entre Dimas Ruiz y Palavecino quedaron al descubierto con el hallazgo del celular del jefe criminal. Al revisar el teléfono, los investigadores hallaron una gran cantidad de información sobre la organización de Palavecino y los cómplices con los que se comunicaba. A partir de la investigación de una de esas líneas telefónicas los responsables de la pesquisa encontraron mensajes en los que los interlocutores describieron un plan para matar al procurador García Castiela.
Algunos de estos lugartenientes de Palavecino y su hijo, menor de edad, aparecieron vinculados con el asalto contra la empresa frutihortícola Abra del Sol, en Orán, ocurrido el 16 de diciembre de 2022, donde un grupo comando se apoderó de 13 millones de pesos y 160.000 dólares.
Según consta en el legajo de instrucción 16/23, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se hallaron mensajes de audio entre Palavecino y Dimas Ruiz en los que se organizó el asalto contra aquella empresa frutihortícola.
En el momento del asalto, Dimas Ruiz se desempeñaba como contador de la empresa asaltada y era, además, candidato a intendente de Orán para las elecciones de 2023. De no haber sido por el hallazgo del celular de Palavecino durante uno de los allanamientos en los que logró eludir a los policías que lo buscaban, la supuesta participación de Dimas Ruiz en el asalto contra la empresa en la que trabajaba no se hubiera descubierto y, quizás, hoy estaría al frente del gobierno del municipio clave en la frontera caliente de la droga.
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