Donan la mercadería incautada a la mafia de los contenedores

El material encontrado en 290 contenedores será entregado a organizaciones sociales
El material encontrado en 290 contenedores será entregado a organizaciones sociales Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky liberó 5300 toneladas de rollos de tela, indumentaria y otros artículos para que sean entregados a fundaciones, clubes y entidades oficiales
Gabriel Di Nicola
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3 de noviembre de 2018  

Se trata de una cifra que asombra. Y a diferencia de la mayoría de las causas judiciales, el material secuestrado no quedará almacenado en depósitos durante un tiempo indeterminado. Por decisión de la Justicia serán donadas unas 5300 toneladas de telas, indumentaria, mochilas y artículos de bazar que llegaron a la Argentina desde China y que se intentó ingresar de contrabando. Esa mercadería será entregada a entidades gubernamentales y sociales, clubes de barrio, ONG y fundaciones para que sea utilizada por los más necesitados. El valor del material decomisado, que estaba dentro de 290 contenedores, tiene un valor estimado en US$69.000.000.

La mercadería -que por decisión del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky comenzó a ser donada- es la que se secuestró en la causa denominada la mafia de los contenedores, una investigación judicial que se originó tras una presentación realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Se trata del caso por el que están bajo sospecha empresarios y exfuncionarios de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray. La investigación tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. Es el caso del legajo en el que está procesado Claudio "Mono" Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido.

Fuentes judiciales dijeron que esta decisión del magistrado "guarda" similitudes con el proyecto de extinción de dominio, que tiene media sanción del Senado y que ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados.

"Se trata de un tema central y una de las políticas de Estado más importante que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esto permite no solo combatir a las mafias que estaban enquistadas en la Aduana, sino que la mercadería ingresada de contrabando termine en manos de los más necesitados", afirmó Juan del Carril, coordinador del programa de donaciones. Para verificar que la mercadería llegue al destino pensado y evitar que sea desviada o revendida, el juez Aguinsky habilitó una dirección de correo electrónico para hacer denuncias: denuncias.donaciones.jpe6@pjn.gov.ar .

"Si la Justicia hace un decomiso anticipado de la mercadería se puede darle una utilización social. La Justicia está entendiendo que se pueden agilizar los tiempos. Lo más importante es que el sistema es transparente y todo llega a la gente de menos recursos", afirmó a LA NACION Diego Dávila, director general de Aduanas.

Mil contenedores

Se trata de una tarea en equipo entre el juez Aguinsky, la DGA, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todos cuentan con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público está representado por María Gabriela Ruiz Morales y la Procelac, a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta.

Según informaron fuentes judiciales, en la causa a cargo de Aguinsky hay 1000 contenedores secuestrados que tienen varios miles de toneladas de mercadería. Estos 290 contenedores liberados forman parte de una segunda tanda de donaciones.

"De lo donado, 105 contenedores fueron de telas e indumentaria confeccionada con un peso de más de 2000 toneladas. Además, los restantes 83 contenedores tenían lo que llamamos popurrí, esto es artículos de bazar, ferretería, útiles escolares, mochilas, juguetes, artículos de decoración, entre otras cosas. En total se donaron aproximadamente 700 toneladas más de mercadería", explicaron fuentes judiciales.

Voceros del Ministerio de Desarrollo Social sostuvieron que "a principios de 2017, el Gobierno estableció un sistema que aceleró la distribución de esos artículos a sectores sociales vulnerables de todo el país. Fue por medio del decreto 51/2017 que estableció que el Servicio Aduanero pusiera en forma directa a disposición del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, previa verificación, clasificación arancelaria y valoración de oficio, mercadería confiscada en contenedores, para otorgarle a la misma el destino que mejor estime para el cumplimiento de los fines sociales.

El decreto 51/2017 no solo abarca los 1000 contenedores secuestrados por Aguinsky, sino también numerosas cantidades de mercadería decomisadas en otros expedientes judiciales. En total son 4000 contenedores afectados a la operatoria.

El 20 de febrero de 2017 se dio inicio al proceso. Desde entonces se abrieron 407 contenedores, en los que había más de 1200 toneladas de telas, 441 toneladas de cemento, más de 287 mil juguetes, 244 mil kilos de indumentaria, 55 mil kilos de caños y 77.000 mochilas y bolsos, entre otra mercadería que fue entregada a 312 organizaciones sociales en 175 localidades de 22 provincias.

Escondían celulares en un auto deportivo

  • Primero, un grupo comando robaba teléfonos celulares de última tecnología en las bodegas y depósitos de empresas como Falabella y París, en Santiago de Chile. Después, otra organización criminal se dedicaba a ingresarlos de contrabando en la Argentina. Llamó la atención el vehículo utilizado para concretar la maniobra criminal: un Chevrolet Camaro, con doble fondo en la carrocería
  • Después de cinco meses, una investigación entre autoridades judiciales, aduaneras y de fuerzas de seguridad de ambos países permitió desbaratar a las bandas criminales que operaban en Chile y en la Argentina. Se estima que la operación de contrabando superó los US$3.000.000
  • Fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informaron el arresto de seis sospechosos. En los últimos días, se realizaron operativos en Mendoza y en Córdoba, en los cuales participaron agentes de la Gendarmería Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), la AFIP y detectives de la Policía de Investigación de Chile

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