El abogado que intentó chantajear a Eskenazi ahora tendrá que indemnizar a un camarista por llamarlo “corrupto”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que obliga al abogado condenado por haber chantajeado al empresario Sebastián Eskenazi, exaccionista de YPF, a indemnizar a un camarista porteño al que trató de “corrupto” en las redes sociales.

Alejandro Sánchez Kalbermatten deberá pagar una indemnización de $8 millones más intereses a favor de Luis María Roberto Mario Bunge Campos, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que oportunamente había tomado intervención en la investigación de la causa en la que el letrado estaba acusado de haber intentado chantajear a Eskenazi en diciembre de 2017.

Por ese hecho, en agosto de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional porteño condenó a Sánchez Kalbermatten a tres años y tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de tiempo. Otros dos acusados, Pablo Brugo y Juan Manuel Ducler –hijo del fallecido Aldo Ducler, conocido como “el financista de los Kirchner”- se acogieron a una suspensión de juicio a prueba que implicó 200 horas de trabajo social y sendas donaciones a Cáritas, de $150.000 y $500.000, respectivamente.

La causa penal comenzó a fines de 2017, cuando Brugo se reunió en unas oficinas de la calle Cerrito al 700 de la ciudad de Buenos Aires con Sebastián Eskenazi, presidente del grupo Petersen, en nombre de Ducler y de Sánchez Kalbermatten. Le planteó que tenían información sobre supuestos ilícitos cometidos por el holding con el fallecido presidente Néstor Kirchner durante las compras del Banco de Santa Cruz y de una parte accionaria de YPF, e indicó que podía evitarse la difusión si le daba una “luz” o “reserva” como gesto de buena voluntad.

Durante las semanas que siguieron, se concretaron dos reuniones más hasta que, el 12 de diciembre de ese año, Brugo, Ducler y Sánchez Kalbermatten reclamaron una compensación por su silencio, que cifraron en US$20 millones, y se quejaron por la falta de respuestas. Al día siguiente, el Grupo Petersen radicó la denuncia penal.

Menos de dos semanas después, el jueves 28 de diciembre de 2017, la Policía Federal Argentina colocó cámaras ocultas en las mismas oficinas de Cerrito al 700 y marcó los primeros US$ 300.000 en billetes de un total de US$1 millón que el Grupo Petersen simuló que había aceptado pagar en la “negociación” para acallar esa información sensible.

Horas más tarde, Brugo, Ducler y Sánchez Kalbermatten se presentaron en las oficinas de Eskenazi, recibieron los dólares en una “entrega controlada” y terminaron detenidos por orden del juez Rodolfo Cresseri y de la fiscal Cinthia Oberlander, que impulsó la acusación que terminó con los primeros bajo la figura de “probation”, en octubre de 2021, y con Sánchez Kalbermatten condenado el 3 de agosto de 2023. A finales de 2025, la Cámara Nacional de Casación confirmó la condena del abogado, pero redujo la pena a tres años de prisión en suspenso.

En el contexto de esta investigación, cuando el procesamiento de primera instancia era revisado por la cámara de alzada, fue que desde la cuenta de X @askabogados, atribuida a Sánchez Kalbermatten, se emitieron una serie de mensajes en los que se cuestionaba al juez Bunge Campos, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a quien se tildaba de “juez corrupto” y “haragán con prontuario”.

Bunge Campos entabló una demanda civil por daños y perjuicios, que fue rechazado en primera instancia y que, luego, fue aceptada por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: el fallo ordenó que el abogado debía pagar una indemnización de $8 millones más intereses. La defensa apeló la decisión, pero el máximo tribunal rechazó la presentación por incumplimiento en los lineamientos de la acordada 4/2007.

LA NACION

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