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El coronavirus forzó a un despliegue de fuerzas nunca visto en el norte del país
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SALTA.- Expectantes y cautos, pero con celeridad, los gobiernos provinciales del norte del país desplegaron un inmenso operativo de protección civil que tiene como uno de sus pilares fundamentales el refuerzo de la seguridad fronteriza. Buscan evitar que organizaciones criminales asentadas en Bolivia, Brasil y Paraguay aprovechen las contingencias extraordinarias generadas por el avance del coronavirus para ingresar cargamentos de drogas a través de los caminos rurales clandestinos.
Desde que el presidente Alberto Fernández decretó el cierre total de las fronteras, solo pueden pasar camiones de carga vinculados con actividades de comercio internacional que no pueden detenerse y también vehículos de gran porte que trasladan insumos de primera necesidad.
Hay ocho pasos habilitados en el país y cuatro de ellos, ubicados en las regiones noroeste (NOA) y noreste (NEA) son, históricamente, los más conflictivos. Son los de Salvador Mazza, en Salta; Paso de los Libres, en Corrientes; Clorinda, en Formosa, y Posadas, en Misiones. En estas provincias la tasa de contagio y mortalidad por el Covid-19 aún es baja. Pero la imprevisibilidad del estallido de la pandemia forzó a un despliegue sanitario y de seguridad que la población local nunca antes había visto.
El ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, dijo a LA NACION: "En Salvador Mazza hay 150 agentes federales que realizan patrullas diarias. Trabajamos coordinadamente, buscamos un justo equilibrio para que el aislamiento no frene la producción del país. Y mantenemos también la atención sobre el narcotráfico, porque los delincuentes aprovechan todo tipo de situaciones para cambiar su forma de operar".
El ministro de Gobierno salteño, Ricardo Villada, agregó: "En esa ciudad, además del paso fronterizo habilitado, hay pasos clandestinos por los que circulan personas con mercadería, y eso torna difícil el control sanitario, que ahora es prioritario. Por eso, solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional asistencia para controlar este complejo sector y propusimos la intervención del Ejército, aunque todavía no obtuvimos respuesta".
Desde el inicio de la cuarentena, y en el contexto del aislamiento obligatorio, se habían realizado en Salta más de 6000 operativos policiales, con al menos 3500 personas detenidas.
En Misiones, además de prestar asistencia sanitaria y acercar alimentos a la población, las tropas de la Gendarmería Nacional en la zona recibieron órdenes de intensificar en Posadas los patrullajes terrestres y aéreos, con helicópteros y drones.
Una calificada fuente del Ministerio de Defensa de la Nación, un hombre que conoce muy bien la frontera y que ahora forma parte del operativo de protección civil en los bordes internacionales, describió -luego de recorrer los distintos puntos migratorios- cómo se vive la pandemia en los pequeños poblados limítrofes: "Cada municipio o comuna prepara sus recursos en la contingencia. Bolivia ha puesto al Ejército para cerrar la frontera. Esto quiere decir que han reforzado la poca vigilancia regular que suelen tener", dijo a LA NACION.
El funcionario agregó: "Los lugares donde el movimiento habitual es intenso están restringidos, no hay tránsito normal. Pasan camiones, mercadería, porque hay comercio de efectos de primera necesidad que no debe parar. Pero no se ve mucho más que eso. Cuando todo esto comenzó, hubo mayor desesperación por parte de los lugareños. Pasaban la frontera por donde podían para aislarse en lugares que sentían seguros. Intuyo que los narcos están siendo más cuidadosos porque no tienen el movimiento regular cotidiano, con el que se mimetizan".
Incautaciones y movimientos
No obstante esa presunción, algunos traficantes no detuvieron sus actividades. Este fin de semana, un operativo conjunto de la AFIP y la Gendarmería en el puente internacional San Ignacio de Loyola, en la ciudad formoseña de Clorinda, permitió el secuestro de 269 kilos de cocaína que iban ocultos dentro de camiones térmicos que transportaban carne refrigerada desde Paraguay hacia Chile. Hubo otros importantes procedimientos en Misiones y en Salta, tanto con embarques de Cannabis sativa como con clorhidrato de cocaína.
Desde el Ministerio de Seguridad de Jujuy informaron a LA NACION que en las zonas cercanas a la frontera con Bolivia hay desplegados 400 policías que trabajan junto a la Gendarmería. Además, se activaron operativos antidrogas en las principales rutas para evitar que los traficantes aprovechen las contingencias propias de la pandemia.
Fue justamente de la localidad jujeña de La Quiaca, en el límite con la ciudad boliviana de Villazón, desde donde partió en plena cuarentena un ómnibus con 61 extranjeros -peruanos, venezolanos, colombianos y brasileños- que habían quedado varados tras el cierre de fronteras; el colectivo cruzó todo el país y recién fue interceptado y controlado en el barrio porteño de Saavedra por la Policía de la Ciudad y por el SAME, que detectaron a una mujer con posibles síntomas de Covid-19.
Los extranjeros quedaron aislados preventivamente en hoteles, pero este hecho desató una intriga política que incluyó declaraciones y acusaciones cruzadas entre funcionarios nacionales, provinciales e incluso de las embajadas de Perú y de Colombia.
Fuentes del gobierno de Jujuy informaron a LA NACION que aquel traslado había sido consensuado con los varados y que "por petición de los extranjeros" se activó el viaje "con todas las autorizaciones correspondientes" y se acordó el traslado con las embajadas. El Poder Ejecutivo provincial hizo pública una batería de documentos para fundamentar su posición.
Ambas sedes diplomáticas negaron, en sendos comunicados, haber dado su consentimiento para el traslado de sus connacionales con el objetivo final de repatriarlos, por el simple hecho de que frente al avance de la pandemia en el mundo resultaba imposible, por ahora, que esos ciudadanos retornaran a sus países. En diálogo con distintos medios de prensa, pasajeros de ese ómnibus dijeron que habían viajado obligados y también denunciaron maltratos.
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo al respecto: "El micro tenía autorización oficial del Ministerio de Transporte y por eso llegó hasta Buenos Aires. Nueve de los colombianos que iban en ese vehículo entraron al país por pasos ilegales. Van a ser expulsados".
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