El empresario acusado de corrupción de menores presentó 13 cautelares para armar un bozal a la prensa
Marcelo Porcel inició una ofensiva judicial sin precedentes contra los principales medios de comunicación en un intento de limitar la cobertura periodística del caso
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LA NACIONDiego Cabot
Una investigación judicial de altísimo impacto social, que se originó a partir de una denuncia por corrupción de menores publicada por LA NACION contra un empresario acusado de abusar de compañeros del colegio de su propio hijo, derivó en una ofensiva inédita de pedidos de medidas cautelares contra los principales medios de comunicación del país.
El empresario Marcelo Porcel, imputado en una causa penal que tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, promovió en los días previos a la feria judicial una batería de presentaciones destinadas a frenar o condicionar la cobertura periodística del caso.
En el contexto de un expediente que ya reúne al menos diez denuncias por presuntos abusos y corrupción de menores —hechos que, según la causa, habrían ocurrido entre 2022 y 2024 en distintos escenarios y bajo estrictas medidas de reserva— la estrategia judicial de Porcel incluyó pedidos de medidas cautelares contra 13 empresas periodísticas, entre ellas LA NACION, América TV, Grupo Telefé, Editorial Perfil, Infobae, Crónica, Grupo Clarín y C5N.
De ese total, trascendió que solo tres cautelares habrían sido concedidas por diferentes juzgados. En esos tres casos, los jueces habrían habilitado expresamente la feria judicial para avanzar con los planteos. Hasta el momento, ninguna de las resoluciones fue notificada, por lo que se desconoce el alcance concreto de las restricciones solicitadas por la defensa del empresario.
La mayoría de los pedidos, en cambio, fueron rechazados en primera instancia, con apelaciones concedidas que aún no fueron elevadas a la Cámara, única instancia que permanece de turno durante la feria. La única cautelar que fue rechazada y cuya decisión ya fue confirmada es la promovida contra Televisión Federal (Telefé).
Más allá del intento de imponer un virtual “bozal” a los principales medios del país, el derrotero de estas presentaciones deja al descubierto un mapa judicial fragmentado, con criterios dispares frente a planteos idénticos que tienen un mismo origen: la denuncia penal revelada por LA NACION el 18 de diciembre pasado.
Mientras tanto, en el juzgado penal donde tramita la causa contra Porcel declararon tres nuevos denunciantes en Cámara Gesell. El primero, el lunes pasado, brindó un relato coincidente con el de los otros nueve menores, aunque ubicó los hechos en un campo de la familia Porcel, en Cañuelas. Esa declaración podría convertirse en el germen de una causa penal en la justicia bonaerense.
El segundo denunciante relató que también visitó las oficinas céntricas del empresario, donde consumieron alcohol antes de regresar a un departamento. Allí, según su testimonio, el padre de sus amigos les ofreció realizarles “masajes” para bajar los efectos del alcohol. En ese momento, los chicos tenían alrededor de 14 años.
El tercero, que declaró hoy, describió hechos similares en otros lugares donde frecuentaba a la familia Porcel.
Concluida la ronda de declaraciones en Cámara Gesell, los menores ya fueron notificados de la fecha en la que se realizarán las pericias psicológicas a cargo del Cuerpo Médico Forense. Ese tipo de informes suele insumir menos de diez días. Recién entonces, las familias de los 11 denunciantes quedarían en condiciones de solicitar la indagatoria de Porcel y, eventualmente, su detención.
La denuncia original fue presentada el 5 de julio de 2024, pero la causa —registrada con el número 36.627/2024— aún no avanzó a la instancia de indagatoria. El juez a cargo, Carlos Manuel Bruniard, rechazó hasta ahora ese pedido, incluso cuando fue solicitado por el fiscal Pablo Turano, con el argumento de la “economía procesal” y a la espera de que declaren todos los menores.
El expediente investiga a un padre de alumnos de un colegio privado del barrio de Palermo Chico por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y delitos conexos. Se trata de un empresario de alto perfil, exconcesionario del fallido shopping Oh! Buenos Aires —ubicado en el predio donde funcionó el Design, en Recoleta— e hijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa fue vendida al Grupo Exxel.
En el colegio Palermo Chico informaron que la familia del denunciado ya no pertenece a la comunidad educativa. “Ante manifestaciones recibidas sobre presuntos hechos que involucrarían a alumnos de esta institución y que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, el establecimiento procedió oportunamente a activar los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y poniendo en conocimiento de la situación a las autoridades educativas jurisdiccionales”, comunicó la entidad.
LA NACION resguarda los nombres de los afectados por tratarse de menores y por pedido de sus padres. La gran mayoría ya pasó por la Cámara Gesell, donde relataron los detalles de lo que habría sido una manipulación y, posteriormente, un abuso de menores. Además, se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte, y, como se dijo, el juez dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado todo tipo de contacto −directo o indirecto− con las presuntas víctimas, testigos y sus familias. De hecho, fijó una distancia mínima a la que Porcel no puede acercarse a los denunciantes en determinados lugares, como el Colegio o el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Por ahora, no le impidió salir del país.
Según una fuente cercana al imputado, Porcel se habría desvinculado del emprendimiento comercial hace pocos meses. Sin embargo, empleados que trabajan en la refacción del predio aseguran que los pagos continúan siendo realizados por el propio empresario.
La causa se inició con el testimonio de seis compañeros del hijo del denunciado. Luego se sumaron más relatos y, tras la publicación de LA NACION, otros tres denunciantes declararon en los últimos días. Los presuntos abusos habrían ocurrido en la torre Le Parc, en la intersección de Godoy Cruz y Cerviño; en otro departamento frente a ese edificio; en oficinas ubicadas a metros del Obelisco; y ahora también en un campo de Cañuelas y en un domicilio en Uruguay.
Las cautelares, cuyo destino final aún se desconoce al no haberse notificado la resolución, fueron presentadas contra LA NACION, América, Infobae, Perfil, Grupo Clarín, MDZ Online, Telepiú (C5N), Trokas SRL y Telecentro.
También figuran pedidos de bozal legal contra Arte Radiotelevisivo Argentino (El Trece y TN) y Editorial Aconcagua (Crónica).
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