El Gobierno propondrá a la Justicia provincial la ley antimafias para investigar el triple crimen
Esa normativa permite imputarles a todos los participantes de una organización criminal el mismo delito, independientemente de su rol en él
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La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó que pedirán a la Justicia bonaerense investigar el triple crimen de Florencio Varela bajo el paraguas de la “Ley Antimafias”, que permite, entre otros aspectos, que todos los integrantes de una organización, cualquiera sea su rol o su grado de participación en el hecho investigado, reciban la misma pena. En un caso como el de los narcofemicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, sería la prisión perpetua.
La funcionaria nacional dio la novedad en una conferencia de prensa en San Isidro en la que informó detalles de las recientes detenciones de Lázaro Víctor Sotacuro, en Bolivia, y de Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”, de 20 años.
La Ley 27.786, conocida como Ley Antimafias, fue sancionada el 20 de febrero de 2025 y promulgada el 10 de marzo de 2025. Su objetivo es fortalecer las herramientas del Estado para investigar y sancionar a las organizaciones criminales en Argentina.
La norma considera organización criminal a todo grupo de tres o más personas que, durante cierto tiempo y bajo modalidades específicas, actúe con el propósito de cometer delitos especialmente graves. Esta definición amplía la figura tradicional de asociación ilícita y permite aplicar sanciones más severas a todos los integrantes, sin importar su jerarquía dentro de la estructura.
El cambio más relevante está en el endurecimiento de las penas. La ley dispone que será reprimido con reclusión o prisión de ocho a 20 años quien tome parte, coopere o ayude a la formación o mantenimiento de una organización criminal. Se elimina la diferenciación de penas según el rol: todos los miembros son responsables por igual, desde el líder hasta el colaborador más reciente. Además, la norma introduce un criterio de responsabilidad ampliada: los integrantes pueden recibir la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, aunque no hayan participado directamente en su ejecución. Esto significa que, si la organización comete un homicidio, o tres como en el caso de Brenda, Morena y Lara, todos sus miembros pueden ser condenados por ese delito.
El régimen se vuelve más severo cuando la organización utiliza violencia, amenaza a la población o busca controlar un territorio. En esos casos, las penas se aplican en su máximo.
La ley también prohíbe el juicio abreviado en causas vinculadas al crimen organizado, lo que obliga a que los acusados enfrenten un juicio completo.
Junto con el endurecimiento de las condenas, la Ley Antimafias incorpora medidas excepcionales para la investigación: detenciones preventivas de hasta 48 horas, prorrogables a 15 días en casos complejos; intervención de comunicaciones con orden judicial; allanamientos masivos; y decomiso anticipado de bienes vinculados a la organización, incluso sin condena firme, siempre que existan sospechas fundadas sobre su origen ilícito.
Ya se aplica en Rosario
En mayo, Rosario fue la ciudad que se eligió para que debute la Ley Antimafias. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del 13 de mayo, prevé que las autoridades pidan al Poder Judicial que declare a esta ciudad “zona sujeta a investigación especial”, una figura que incluye la nueva normativa y les da a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado, como la posibilidad de intervenir comunicaciones digitales, entre ellas, redes sociales.
Con la aplicación de la Ley Antimafia buscarán desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta etapa, luego de que fueron encarcelados y se mantuvo aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos y los clanes de Esteban Alvarado, Funes y Caminos.
“Lo novedoso de la Ley antimafias son las herramientas con las que podrán contar los fiscales y las fuerzas de seguridad para investigar a organizaciones criminales”, había explicado a LA NACION Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito cuando entró en vigencia en la ciudad santafesina. Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que la elección de Rosario para la aplicación de esta ley tiene que ver con el trabajo de inteligencia criminal que se realizó en esta ciudad durante los últimos meses donde las fuerzas federales actúan desde diciembre de 2023 en el marco del Plan Bandera, en coordinación con la policía provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
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