El número de femicidios estuvo en uno de sus puntos más bajos de la década, pero aumentaron las denuncias
El informe oficial de la Procuración General de Buenos Aires revela que 78 mujeres fueron asesinadas en 2025 y que hubo más de 146.000 procesos por violencia familiar y/o de género
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LA NACION
La estadística fría marca que el número de femicidios en Buenos Aires fue el año pasado uno de los más bajos de la década, en la que las vidas de más de 1000 mujeres fueron segadas por la ira machista. En cambio, en 2025 se registró la cifra más alta de procesos judiciales por violencia familiar o de género de los últimos once años, en una escalada mínima, pero preocupante por el número: 146.046, más del 14% de las causas penales abiertas en la provincia; tres de cada cuatro víctimas de este flagelo fueron mujeres.
El mayor territorio nacional, y por lejos el más poblado, tuvo la mayor incidencia neta en la estadística de femicidios del país: la Procuración General de la provincia documentó 78 hechos, 20 menos que en 2024 y la cifra más baja desde 2021, cuando se registraron 73 casos; representaron el 30% de los hechos totales en la Argentina, 262, según el informe de la ONG Ahora que sí nos ven.
En Buenos Aires hubo 134 homicidios dolosos consumados sobre mujeres, lo que implica que el 60% fueron calificados efectivamente como femicidios. Por caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ratio fue del 53%: se registraron 19 homicidios de mujeres y 10 encuadraron en la tipificación penal de femicidio, tal como surge del informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es la fiscal nacional Mariela Labozzetta.
En la provincia se registraron algunos de los casos más paradigmáticos de violencia contra las mujeres, con la particularidad de que se inscribieron dos procesos con dos víctimas y uno con tres: el que tuvo como víctimas a las jóvenes Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, que el 19 de septiembre pasado fueron conducidas a una muerte premeditada desde la rotonda de La Tablada, en La Matanza, hacia una casa situada en Jáchal y Chañar, Florencio Varela, en el contexto de una venganza narco en el que las chicas fueron torturadas y asesinadas de un modo indecible.
El Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género presentado en las últimas horas por el organismo a cargo del procurador general Julio Conte-Grand “comprende todas las causas iniciadas por delitos consignados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (Refivag) del Ministerio Público y todos los hechos de femicidios”, se informó.
Abarcó inicialmente “Todos los procesos penales iniciados en el año 2025 en la provincia de Buenos Aires en los que se investigaron muertes violentas de mujeres y mujeres trans/travestis, hayan o no recibido la calificación jurídica de femicidio del artículo 80 inciso 11 del Código Penal” y luego “se examinó exhaustivamente cada causa a fin de determinar la existencia indicadores de violencia de género en el hecho”.
Por otra parte, el informe desglosó los datos oficiales del Refivag, que muestran que durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional), que representaron el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año (1.035.350).
Por razones obvias, el número de denuncias y procesos penales no representa el total real de casos de violencia de género; es de prever que hay muchos −muchísimos, quizás− casos que no llegan a conocimiento de las autoridades ni obtienen atención formal. Pero su evolución ascendente es un buen punto de partida para el análisis cualitativo.
Para advertir esa trayectoria de la problemática, basta tener en cuenta que en 2015 se iniciaron 67.685 instrucciones penales preparatorias por denuncias de violencia familiar y/o de género. Eso implica que once años después el número de procesos había aumentado un 116%.
En los dos años previos a la pandemia de coronavirus pareció haber una desaceleración en el número de casos (que había superado el piso de los 110.000 por año), pero desde 2020 la variación interanual de denuncias no dejó de crecer: 128.900 en 2021 (ese año, la incidencia en el total de los casos de violencia de género en el total de delitos fue la más alta: 14,9%); 129.886 en 2022; 141.909 en 2023; 144.972 en 2024, y 146.046 en 2025.
Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), en tanto Necochea (1006) y Pergamino (1829) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al Refivag iniciados durante el 2025.
Asimismo, se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (147.902), el 73,9% fueron de sexo femenino; mientras que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados/sindicados eran de sexo masculino.
En cuanto a los delitos denunciados, el 27,7% fueron amenazas; el 24,5%, lesiones; el 12,3%, desobediencia (de órdenes de restricción de acercamiento, por ejemplo). Le siguen abuso sexual (7,8%) y daño (5,5%), entre otros.
Muertes
En el informe de la Procuración General, en cuanto a los femicidios, surge que durante 2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fallecidas, de las cuales una era una mujer trans.
“Se ha podido acreditar que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto, las 78 víctimas de femicidio representan el 60,5% de la totalidad de víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia. En este sentido, la tasa anual de víctimas de femicidios para la provincia en 2025 es de 0,88 cada 100.000 mujeres”, se reflejó en la comunicación de la Procuración General.
A los efectos comparativos, en cuanto al ratio población/número de casos cada 100.000 habitantes, la provincia de Misiones fue la que tuvo la más alta incidencia de femicidios, con una tasa de 2,45, según el Registro Nacional de Femicidios 2025 del Observatorio Ahora que sí nos ven.
En cuanto a las características de los hechos de femicidios, surge que la mayor cantidad de casos de 2025 ocurrieron en enero, que el 85,9% ocurrieron en una vivienda y que el principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%) seguido de arma de fuego (23,1%).
Del informe se desprende además que más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, y que en el 64% de estos casos existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.
Con relación a las víctimas, se destaca que el 55,1% tenían entre 18 y 40 años. El 15,4% de las víctimas (12) había realizado denuncias penales previas contra el agresor, de las cuales en nueve casos el vínculo era íntimo y en tres, familiar. A su vez se relevó que al menos 83 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 37 casos son mayores de edad y en 46 menores de 18 años.
Respecto de los imputados, el 58% tenían entre 18 y 40 años en el momento del hecho. En 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio.
Finalmente, en el informe de la Procuración General bonaerense se relevaron otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. Se identificaron 10 hechos con víctima masculina, ocurridos principalmente en una vivienda (50%) y perpetrados con armas de fuego y arma blanca (40% cada una).
Durante los últimos 11 años, entre 2015 y 2025, en la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 1010 mujeres asesinadas producto de la violencia de género.
“En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones, como objetivo estratégico de política criminal del Ministerio Público. Por otra parte, permiten acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género que impacta en el ámbito penal, a través de datos cuantitativos que posibiliten el acceso a la información, así como la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, concluyó la Procuración General bonaerense.
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