Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

El paso del tiempo, lejos de ayudarlos o empeora las cosas para el clan L’abbate. Presos desde hace meses en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal, Vito, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y Patricio Gastón Flores, su histórico colaborador, sumaron un nuevo procesamiento por la suerte de “Ponzi inmobiliario” que ejecutaron con la venta de departamentos de pozo en edificios que están a medio hacer o que siguen siendo un terreno baldío, o con la venta simultánea de unidades que tuvieron hasta seis compradores cada una.

Todo eso lo hicieron, según la investigación judicial, a través de una especie de “mamushka” de empresas creadas por ellos mismos para reemplazar firmas fallidas y perpetuar la captación de clientes, incluso a través de fondos comunes de inversión en los cuales ofrecían intereses en dólares por encima de lo que se conseguía en el mercado financiero, lo que les permitió completar una defraudación cuantificada en 24,1 millones de dólares y 1125 millones de pesos.

Por decisión de la jueza nacional Paula González, y a instancias de la fiscal Mónica Cuñarro, los cinco seguirán en prisión preventiva por 441 estafas vinculadas a fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios en decenas de locaciones de la Capital. Vito, ingeniero civil e iniciador del conglomerado empresario familiar que tuvo como nave insignia a la empresa Induplack SA, y su primogénito, el maestro mayor de obras Emanuel, ambos presos en la cárcel de Devoto, fueron considerados jefes de una asociación ilícita constituida para enriquecerse con el dinero de clientes que, en muchos casos, apostaron todos sus ahorros a convertirse en propietarios y ahora se quedaron con las manos vacías. Santiago y Juan Ignacio L’abbate, presos en el penal de Ezeiza, y Flores, alojado en Marcos Paz, fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita.

Por la magnitud de la defraudación, se les dictó un embargo de $36.954.357.836 y la inhibición general de bienes.

En su resolución firmada esta tarde, y a la que tuvo acceso LA NACION, la jueza González sostuvo: “Se revela una conducta sistemática del manejo de los fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios mediante el abuso de la confianza depositada por las víctimas y aprovechamiento de sus necesidades, lo que se condice con la multiplicidad de damnificados y los numerosos incumplimientos en la obligación de entregar una unidad terminada”.

El fallo detalla una estructura societaria integrada por 23 empresas en cuyos directorios los imputados figuraban alternativamente y en distintos puestos que posibilitó la concreción de las estafas. “Mediante este andamiaje societario, los imputados lograron crear la logística operativa de las distintas unidades de negocios espurios, mientras los jefes manejaban la estrategia general, comercial y el destino final del dinero obtenido ilícitamente”.

Se detectó “la creación y uso abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva; fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y contratos de inversión inmobiliaria y contratos de inversión. todo lo cual fue el vehículo para la consumación de las maniobras estafatorias y así lograr el desvío del dinero en perjuicio de los adquirentes de las unidades funcionales”.

Sostuvo la magistrada: “En definitiva, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- lo que les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido”.

La fiscal Cuñarro, en un dictamen firmado en octubre pasado, había solicitado la ampliación de las imputaciones para los L’abbate y Flores. “La estructura criminal se valió de instrumentos jurídicos como fideicomisos privados, contratos de colaboración empresarial y fondos de inversión para captar capitales y desviar los fondos en perjuicio de los adquirentes”.

La investigación determinó que la organización operó entre 2012 y abril de 2025 (fecha en la que los imputados ya acumulaban procesamientos por otras estafas desde al menos mayo de 2023). Solo las detenciones impidieron que siguieran con las operaciones saltando de una empresa del propio riñón a la otra.

“Esto que a simple vista parece una inversión normal no es más que otra forma de poder controlar absolutamente todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos y luego se desvió en beneficio propio de los imputados”, sostuvo la jueza González.

Entre las operaciones de captación de fondos se detectaron contratos de inversión inmobiliaria con renta fija que ofrecían retornos anuales del 10% al 12%, que no se cumplieron.

La resolución detalla que los damnificados suscribieron boletos por unidades que nunca recibieron. En algunos casos, las obras estaban paralizadas; en otros, los terrenos seguían baldíos. Se verificaron reventas múltiples: departamentos vendidos hasta cuatro veces, cocheras adjudicadas a distintos compradores y unidades ocupadas por terceros.

Entre los fideicomisos más comprometidos figuran Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 y 6683, y Caaguazú 6144, donde se constataron preventas por montos superiores a USD 100.000 por unidad. El expediente incluye más de 400 denuncias con documentación respaldatoria: boletos, comprobantes de pago, cartas documento y convenios de dación en pago.

La jueza agregó en su resolución: “No importa frente a qué tipo de instrumento jurídico nos encontremos −fideicomiso, contrato de inversión, fondo común−, lo cierto es que los imputados recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca fueron destinadas a la construcción de los edificios”.

También señaló que “la ingeniería societaria descripta permite concluir que la creación de las diversas empresas generó una confusión de patrimonios tendiente a ocultar las erogaciones de los compromisos asumidos”.

El dictamen fiscal agregó: “La maniobra no se limitó a la captación de fondos por preventas. Se ofrecieron contratos de inversión con renta fija, se constituyeron sociedades para aparentar solvencia y se utilizaron fideicomisos privados para eludir controles. Todo ello con un único propósito: obtener dinero y no cumplir con las obligaciones asumidas”.

LA NACION

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