
Estafas por la web: la “banda del chino”, una falsa app para hacer inversiones y el secuestro de US$8 millones en criptomonedas
Una investigación judicial puso al descubierto una organización dedicada a las estafas que operaba en la Argentina y en otros países de la región
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El artículo publicado en Facebook le interesó. Hacía referencia a profesionales. Entonces decidió averiguar más y comenzó a chatear con un contacto en WhatsApp; le recomendaron instalar en el teléfono celular una app para comenzar a operar.
Poco después comenzó a hacer transferencias con el asesoramiento de supuestos profesionales. En dos meses envió desde sus cuentas bancarias casi 70 millones de pesos. Poco después advirtió que había caído en una trampa: lo habían estafado.
Tras la denuncia de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, comenzó una investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Patricio Ferrari, que puso al descubierto una organización criminal liderada por un ciudadano chino que no solo opera en la Argentina, sino también en Chile, Perú, Colombia y México.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, “en la investigación se logró establecer que la organización operaba mediante la creación de aplicativos que aparentaban ser herramientas legítimas de productividad, entretenimiento o beneficios financieros, pero que en realidad contenían permisos y funcionalidades compatibles con malware. Este tipo de software malicioso se encuentra específicamente diseñado para sustraer información sensible de manera encubierta sin generar daños visibles inmediatos en el dispositivo comprometido, lo que dificulta su detección por parte de las víctimas".
Las supuestas apps financieras eran difundidas por redes sociales. Las víctimas caían en la trampa pensando que, como las aplicaciones se descargaban por la “tienda” del sistema Android, eran seguras.
“Una vez instaladas en los dispositivos Android, las aplicaciones ejecutaban en segundo plano diversas rutinas de espionaje digital y recolección de datos, permitiendo a la organización acceder ilícitamente a credenciales bancarias, cuentas de correo electrónico, redes sociales, billeteras virtuales, mensajes privados, códigos de autenticación y demás información sensible almacenada en los teléfonos afectados”, dijeron fuentes judiciales.
El fiscal Ferrari y su equipo de colaboradores pudieron hacer la trazabilidad del dinero transferido a las cuentas de los estafadores y se logró secuestrar 8 millones de dólares en criptoactivos.

La investigación de la Ufeic de San Isidro se dio en el contexto de una serie de 90 allanamientos simultáneos hechos en distintos puntos del país donde se detuvo a 24 sospechosos por estafas que generaron un perjuicio económico por casi 3000 millones de pesos.
“A partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires se procedió a un análisis en conjunto que detectó similares modalidades de fraude que comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras. Se comprobó que en la operación de estas estafas también se utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones y/o empresas reales; a menudo recurren al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva”, informó la Procuración General bonaerense en un comunicado de prensa.
El operativo, denominado Provincia, estuvo coordinado por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, a cargo de Rafael García Borda y Sabrina Lamperti, bajo la dirección de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Francisco Pont Vergés.
Participaron funcionarios de distintos departamentos judiciales de la provincia: el fiscal de Azul Adrián Peiretti, el de Bahía Blanca Gustavo Zorzano junto con el equipo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos; el fiscal Martín Laius, de Junín; el fiscal de Lomas de Zamora Gustavo Martínez; Lisandro Masson, de Mercedes; Nelson Mastorchio, de Pergamino; el fiscal general adjunto de Quilmes, Ernesto Ichazo, la fiscal Andrea Andoniades, de San Martín; la fiscal María Verónica Marcantonio, de San Nicolás, y Ferrari, de San Isidro.
En los allanamientos, a cargo de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), se secuestraron 60 millones de pesos, 8 millones de dólares en criptoactivos y dispositivos electrónicos.






