Femicidios: especialistas piden la reforma del sistema de prevención

El femicidio de la joven Úrsula Bahillo mostró, una vez más, las fallas del sistema de protección a las víctimas de violencia de género. Especialistas en procesos judiciales y temas relacionados con la violencia machista aseguraron que el crimen de Rojas pudo haberse evitado en caso de respetarse protocolos de acción para estas situaciones. La víctima había denunciado repetidas veces a agresor.

“Tengo la impresión que no estamos a la altura de las circunstancias. La prueba es la cantidad de mujeres que están matando, si bien para algunas el sistema fue de ayuda, me interesan también a las que no ayudó”, comentó a LA NACION la criminóloga Laura Quiñones Urquiza.

“Hay que reconocer que vivimos en una sociedad que tiene una cifra de femicidios que es insostenible”, aseveró Quiñones Urquiza.

Y consideró que una buena opción ante sería “pedir ayuda a criminólogos especializados”, de países en los que este problema haya sido erradicado o mermado. “Por ejemplo, una buena idea sería implementar la Ley Clare del Reino Unido, que le da la opción a mujeres y hombres a saber si su actual pareja tiene antecedentes de violencia”.

Ed Hilterman es sociólogo y vive en Barcelona hace 16 años, aunque su trabajo principal está en el Centro de expertos de Psiquiatría Forense de Utrecht, Holanda. Visitó en varias ocasiones la Argentina y junto a su equipo presentó programas ante diversos organismos estatales tendientes a abordar de manera interdisciplinaria la cuestión de la violencia doméstica y de género. Para ese especialista, “debe ser profesionalizada la ayuda estatal”.

“En Holanda hay servicios especializados, donde las personas pueden acudir directamente sin pasar por la policía. Se explora cuál es el problema, se hace una valoración del riesgo que existe, es decir, valoramos la posibilidad de que una persona sea violenta. En la Argentina he visto muchos psicólogos, asistentes sociales que trabajaban bien en este tema”, afirmó.

“Trabajé en Buenos Aires y provincias del norte, hicimos sesiones de formación para jueces, policías, asistentes sociales, fiscales; fue hace 10 años. Era muy interesante porque estaba organizado por la Corte Suprema de Justicia, pero una pregunta que nunca me voy a olvidar es la que hizo un juez del norte: ‘¿Cuántas veces le tienen que pegar a una mujer para que sea un delito?’ Me quedé sin palabras”, contó a LA NACION.

“¿Qué debería hacer el Estado? Criminólogos, psicólogos, sociólogos, gente que maneje las variables que correspondan para que el primer filtro sea importantísimo, eso lo que hay que hacer. Lo que sucede hoy es todo lo contrario: humilla a una parte de los ciudadanos, que son las víctimas, y legitima a los victimarios. Es un Estado perverso que mira para otro lado y avala esto”, reflexionó el psicólogo forense Alejandro Farji.

Por su parte, en diálogo con LA NACION el fiscal de Instrucción de Córdoba Marcelo Fenoll opinó que, en cuestiones de violencia de género la actuación de la Justicia, es “un fracaso anunciado”, y que esa intervención des “la consecuencia del fracaso del modelo educativo y social”.

“No tiene ningún tipo de justificativo o atenuante subestimar la reiteración de denuncias por violencia contra un mismo agresor. Debe existir una red y una estructura de análisis del caso que permita una detección temprana de riesgos. Hay que trabajar con mentalidad interdisciplinaria, con menos abogados y, más trabajadores sociales. Y actuar cuando el síntoma sea evidente, como fue lo en el caso de Úrsula”, señaló el fiscal Fenoll.

El juez penal de la ciudad de Buenos Aires Pablo Casas señaló que en nuestro país “no hay ningún abordaje del Estado sobre el agresor” en los casos denunciados por violencia de género, y consideró que el cruce de datos mediante el uso de la tecnología es “fundamental” para proteger a las víctimas.

“En el juzgado trabajamos con la violencia invisibilizada, lo que está debajo del iceberg, tenemos una base de datos abierta. Solo con el Estado no alcanza; en España por ejemplo, un grupo interdisciplinario y evalúa al agresor, eso contiene el caso, es otro tipo de control. La apuesta tiene que ser escuchar a la mujer y cruzar bases de datos del Estado. Alguien tiene que graduar el riesgo que hay”, indicó Casas.

Tras la sanción de la ley Micaela, en 2018, los funcionarios públicos deben tener una capacitación obligatoria en temas de violencia contra la mujer, pero el médico psiquiatra y especialista en perspectiva de género Enrique Stola afirmó que “la matriz de la mentalidad machista aún está en todos los pueblos”. Oriundo de Rojas, al igual que Úrsula, conoce de cerca lo que ocurre en localidades alejadas de las grandes ciudades. “He denunciado a algún juez de paz en Rojas en función de la terrible inacción ante la violencia, de lo que era el estamento policial y judicial. ‘Son buena gente, nos conocemos desde chicos...’, esas explicaciones generan un sostenimiento social del violento y después todos se indignan cuando ocurre una muerte. Conozco el caso de una mujer que llegó a hacer 50 denuncias y tuvo que escaparse de la ciudad”, expuso.

“Los femicidios tienen todas las características de que van a seguir aumentando. La Corte debería dar una instrucción a los jueces para la detención inmediata de quien viole una restricción perimetral”, enfatizó Stola.

Ramiro Ramos Ossorio es fiscal en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en Salta y comentó: “Estamos tratando de implementar una aplicación para que el sistema mismo nos detecte situaciones de riesgo elevado, de potenciales víctimas de femicidio. Nuestra intención es desarrollar un scoring de datos, en base a los cuales al momento que el personal policial que hace el primer abordaje realice una sumatoria de circunstancias que le de un puntaje, y el sistema lo indique de riesgo alto, medio o bajo”, explicó.

Y agregó: “La clave es educar al agresor de género, a quien no se le brinda ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando ingresa al circuito correccional, a un servicio penitenciario. El sujeto sale peor de lo que ingresó. En cambio, hay un nivel bajísimo de reincidencia en los casos de personas que han sido parte de programas de control de violencia, por eso es importante hacer una lectura adecuada más que tener instituciones como observatorios, que lo único que hacen es horrorizarse con las cifras”.

Por Sebastián Poleri

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