Femicidios: preocupante aumento de los casos de policías involucrados en asesinatos por violencia de género

Una mujer fue asesinada cada 38 horas en la Argentina en casos extremos de violencia de género que ocurrieron el año pasado. Así quedó establecido en el informe anual de la Oficina de la Mujer, que depende la Corte Suprema.

Fueron notificadas 231 víctimas mortales directas (entre ellas cinco mujeres trans), cifra que representa una disminución de 8% con relación a los femicidios verificados en 2020.

Es la cantidad de femicidios más baja desde los 225 casos registrados en 2014, momento en que la Corte Suprema empezó a sistematizar la información nacional sobre violencia de género.

Otras 20 personas (cinco mujeres y 15 varones) fallecieron en 2021 en casos señalados como femicidios vinculados, figura que detalla los episodios en los que el atacante elige víctimas relacionadas con la mujer blanco de su agresión machista con el objetivo de provocar un daño psicológico por la pérdida de un ser querido.

Una adicional consecuencia dramática de los femicidios queda reflejada en la cifra de niños, niñas y adolescente que sufrieron la muerte de su madre: 182.

Estaban embarazadas seis de las 231 víctimas de femicidio en 2021. Diecinueve eran niñas o adolescentes.

Nueve de cada diez mujeres asesinadas en situaciones de violencia de género conocían a sus agresores, según los datos que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema pudo obtener al analizar los expedientes en tribunales de todo el país.

Esa información indicó, además, que 62% de los imputados por los asesinatos eran pareja o expareja de la víctima. En 39% de los casos el agresor fue la persona que convivía con la mujer.

Uno de los hechos más preocupantes que surge de la estadística de 2021 es el crecimiento de la participación de policías en los asesinatos de sus parejas o exparejas. En esos casos, el femicidio se cometió con el arma que el Estado entregó a esas personas para la protección de los ciudadanos. Fueron 25 uniformados -de diferentes jurisdicciones- imputados por asesinatos de mujeres en situaciones de violencia de género.

Esa cifra de agentes federales y provinciales acusados de femicidios es la más alta en cinco años, ya que en 2020 fueron siete los policías imputados por asesinatos de mujeres; en 2019, 16; en 2018, 18, y en 2017, 12.

La presencia de un arma de fuego en la casa siempre es un motivo de alerta adicional cuando en las fiscalías se reciben denuncias sobre situaciones de violencia de género.

En la Guía de actuación para casos de violencia doméstica, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres estableció en 2016 una pauta prioritaria: sacar las armas del hogar apenas se reciba una denuncia. Esa situación puede ser más complicada si el agresor es personal de una fuerza de seguridad, ya que la portación del arma reglamentaria es parte de su trabajo. Por eso, el Ministerio Público Fiscal emitió una recomendación para todos sus investigadores judiciales.

“La pertenencia del agresor a las Fuerzas Armadas o de Seguridad constituye un factor de altísimo riesgo en casos de violencia doméstica, ya que el personal militar y policial porta armas reglamentarias que podrían ser utilizadas para atacar o intimidar a la víctima. En estos casos, las fiscalías deben informar a la autoridad administrativa correspondiente la existencia de la denuncia y las medidas preventivas urgentes ordenadas respecto del imputado, para que disponga la restricción del uso del arma reglamentaria a la jornada laboral”, se estableció en esa directiva.

No siempre alcanza esa medida. Así quedó expuesto en uno de los femicidios más impactantes registrados el año pasado. Pese a numerosas denuncias en la Justicia, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, asesinó a su exnovia Úrsula Bahillo, de 18. Desde el mismo momento en que apareció el cuerpo de la joven se generó una polémica alrededor de la actuación de la justicia y la policía en la localidad de Rojas. La víctima explicó a funcionarios judiciales una y otra vez su miedo. Las órdenes de restricción perimetral no fueron respetadas por el uniformado y la tensión fue en aumento.

Por causas que no quedaron suficientemente aclaradas, no se cumplió con el esquema de patrullajes en los alrededores del domicilio de Úrsula. El Ministerio de Seguridad bonaerense explicó en su momento que Martínez había sido suspendido apenas se notificaron las autoridades de la denuncia por violencia de género; también se aseguró que se quitó la pistola reglamentaria. El femicida, finalmente, usó un cuchillo.

Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero de 2021, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía arrestó a Martínez herido. El policía había logrado engañar a su ex novia y concretó el mortal encuentro.

En diciembre pasado, Martínez fue encontrado culpable del “homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio”. Fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, antes había recibido una sentencia por otro caso de violencia de género. Apenas pocos días después de encontrarse el cuerpo de Úrsula, el policía Martínez fue encontrado culpable de amenazas a su expareja, Belén Miranda, que había sido golpeada por el uniformado en 2017. Según la sentencia a cuatro años de prisión, Martínez intimidó en ese momento a la mujer con su arma reglamentaria. Pistola 9mm del Estado que mantenía en sus manos incluso después de la primera la denuncia de Úrsula, su próxima víctima.

Ese fue uno de los crímenes en los que el Estado recibió varios alertas y, sin embargo, se mostró ineficaz para evitar la muerte de la mujer.

Otro de los casos que tuvieron a policías involucrados en femicidios en 2021 fue más sorpresivo para las autoridades, pero no para la familia de la víctima. Sol Acuña Bilbao se desempeñaba en la comisaría 12 de la Policía de la Ciudad y convivía con Germán Baigorria, también uniformado y que se desempeñaba en Servicios Especiales de Tránsito de la Ciudad. Ambos se habían conocido en 2018, cuando realizaron el curso de ingreso en la fuerza de seguridad porteña. Allegados a la mujer contaron que sabían de situaciones de violencia en la pareja, pero que Acuña Bilbao no realizaba denuncia para que el agresor no tuviese problemas en su trabajo. En marzo pasado se encontró el cuerpo de la mujer. Había recibido un disparo de su propia arma reglamentaria. El policía porteño fue imputado por el femicidio.

En estos días también se analiza el caso de otra policía que fue asesinada con su propia arma. En Mar del Plata se encuentra en la etapa decisiva el juicio por el femicidio de Gisel Romina Varela, asesinada en 2019 por su expareja, Sergio Alejandro Cejas. El ahora imputado por femicidio tenía una orden judicial de restricción de acercamiento. Ese medida no impidió que sorprendiese a la víctima y le arrebatase la pistola. La estadística criminal establece que en muchos casos la víctima realizó denuncias por violencia de género, pero que estas no tuvieron la efectividad esperada.

En esa situación estuvieron 42 mujeres que fueron asesinadas el año pasado. Esa circunstancia de solicitar medidas de protección judicial se repite en los últimos cinco años en una proporción que fluctúa entre el 15 y 20 por ciento de las víctimas de femicidio.ß

LA NACION

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