Histórico. La Ciudad de Buenos Aires tendrá su primer juicio por jurados

La jueza en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere será la encargada de conducir el primer juicio por jurados de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Ya fueron notificados 500 ciudadanos porteños, de los cuales, tras un proceso de selección, saldrán los 12 jurados populares –y dos suplentes, respetando la paridad de género– que resolverán el futuro legal de ocho personas imputadas por el derrumbe de una vivienda contigua a una obra en construcción en Boedo que provocó la muerte de un vecino y heridas graves a la dueña de un supermercado chino de San Cristóbal, el 1° de abril de 2019. La fecha del debate aún no fue fijada.

Para la conformación de los jurados, el Consejo de la Magistratura porteño tomó el padrón electoral, a partir del cual sorteó a los potenciales integrantes, que resultaron ser los residentes cuyo DNI finaliza en 605, según informó la agencia de noticias Télam.

Entre los requisitos para ser miembro del jurado están ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados; tener entre 18 y 75 años; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma castellano; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la Capital.

No podrán integrar el jurado funcionarios nacionales, provinciales y porteños de los Poderes Ejecutivo y Judicial, ni directivos de un partido político. Están “inhabilitados” para participar los abogados, los imputados en causas penales dolosas y los incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad, entre otros.

Entre las instancias para quedar exentos figura el tener “muy graves problemas en razón de sus cargas familiares o funciones o trabajos de relevante interés comunitario cuyo reemplazo origine en los mismos trastornos importantes”, así como quienes “acrediten satisfactoriamente causas o motivos que les produzcan dificultades graves para cumplir con la función de jurados” y los mayores de 70 años que “invoquen y acrediten satisfactoriamente motivos de salud”.

Serán juzgados con este sistema los procesados por delitos graves, aquellos para los que se prevé una pena máxima de 20 años o más de prisión o reclusión. En la Ciudad, inicialmente, estará limitado a cuatro delitos: estrago doloso seguido de muerte (el caso del primer juicio); abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo; apremios ilegales de funcionarios contra cualquier persona privada de su libertad; y tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por condiciones como la cercanía de una escuela.

El jurado deberá arribar a un veredicto de “no culpable”, “no culpable por razón de inimputabilidad” o “culpable”, sin ningún tipo de aclaración o aditamento, al que, además, deberá llegar por unanimidad y en los casos en que no se alcance un total acuerdo entre los 12 miembros, el sistema establece que deberá comenzar un nuevo juicio.

El hecho y los acusados

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informó hoy que “el debate oral todavía no tiene una fecha de realización, dado que se debe tener en consideración la pluralidad de imputados y querellantes involucrados en el caso, además de las posteriores convocatorias a los jurados y a la práctica de las audiencias de selección de jurados para completar la organización de todos los actos del procedimiento conforme lo defina la jueza Cavaliere”.

Hay ocho acusados: Valeria Martini, Ricardo Vernon Nicolson, Ramiro Ramos, Eduardo Agustín Aguaviva, Sabrina Lorena Blans, Osvaldo Pedro Becerra, Norma Eugenia Mendes Simoes y Guido Eduardo Tirendi (este último, inspector de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras del GCBA). Están acusados de haber omitido los recaudos y los controles exigibles para asegurar el normal desarrollo de las tareas de excavación de un terreno contiguo a un edificio situado en Pavón 3078, San Cristóbal. Las obras en el predio situado en Pavón 3062 prosiguieron, a pesar de que vecinos habían alertado sobre las grietas que provocaban en la edificación los trabajos de excavación y submuración que realizaba personal de las empresas Lybster S.A. y Demoliciones Mitre S.R.L por cuenta y orden de Caputo Hermanos S.A.

“Tales tareas de excavación y submuración se llevaron a cabo en manifiesta contradicción a las pautas establecidas en los proyectos estructurales oportunamente presentados ante la Dirección General de Obras y Catastro del GCBA, en estricto incumplimiento de las numerosas intimaciones cursadas por el órgano de control e inspección del GCBA, en especial aquella efectuada el 25 de marzo del 2019 y, sobre todo, en directa violación de la normativa vigente y aplicable al caso en lo que respecta al modo en que dicha actividad riesgosa debía dirigirse, ejecutarse y controlarse”, señalaron en su requerimiento de elevación a juicio los abogados querellantes Jorge Monastersky y Federico Cabuli.

A las 15.15 del 1° de abril de 2019, el edificio de Pavón 3076/3078 se derrumbó sobre sus cimientos. Al momento del colapso, el sonidista de la TV Pública Adrián Continello Farelo, que vivía en el 2° piso, falleció por los politraumatismos y hemorragias causados por el golpe y aplastamiento de los materiales desprendidos a raíz del derrumbe.

“Fueron tres años de una ardua lucha donde tuvimos chicanas para amedrentarnos. Considero un gran logro llegar a esta instancia de un juicio por jurados y confío en una justicia justa para que mi hijo, que lo enterraron con vida, pueda descansar en paz”, dijo a LA NACION Norma Farelo, la madre de Continello, que en el expediente es representada por la abogada Karina Bacci.

En la planta baja del edificio había un supermercado; su propietaria, Hun Zhu Shi, fue rescatada entre los escombros por los bomberos de la Ciudad.

“Como mínimo vamos por un estrago culposo y en el transcurso del debate oral se podrá ver si hay una figura del homicidio con dolo eventual. No vamos por ningún arreglo económico. Confiamos en la prueba que conseguimos para lograr una condena”, sostuvo a LA NACION el abogado Jorge Monastersky, representante de la querella.