Les aplicaron la ley antimafia a seis robacables que dejaron sin conexión a casi mil usuarios y a dos comisarías en Azul
Los daños económicos fueron estimados en más de 20 millones de pesos; les imputaron el delito de asociación ilícita en modalidad de organización criminal, figura penal incorporada recientemente al Código Penal a través de la Ley 27.786
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LA NACION
La Justicia Federal de Azul imputó a seis personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al robo sistemático de cables subterráneos en la ciudad bonaerense de Olavarría, en una maniobra que provocó pérdidas millonarias, dejó sin servicio a casi mil usuarios y obligó a las autoridades a aplicar por primera vez una de las nuevas figuras penales incorporadas este año para combatir organizaciones delictivas complejas.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Azul y apunta a una estructura con logística sofisticada, vehículos adaptados especialmente para arrancar cableado subterráneo en cuestión de minutos y presuntos vínculos con empresas utilizadas como pantalla para encubrir las maniobras, según informó el Ministerio Público en su portal institucional www.fiscales.gob.ar.
La audiencia de formalización se realizó ante el juez federal de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio, quien hizo lugar a los planteos formulados por la fiscal subrogante María José Buglione y el auxiliar fiscal Lucas Moyano. El magistrado declaró el caso como “complejo”, autorizó un plazo de dos años para desarrollar la investigación y dictó la prisión preventiva por 90 días para cinco de los imputados. La única mujer acusada recuperó la libertad.
Según la acusación, la organización participó en al menos cinco hechos cometidos entre septiembre y noviembre de 2025 en distintos puntos de Olavarría, todos durante la madrugada. Uno de los episodios quedó en tentativa porque la maniobra fue interrumpida por las fuerzas de seguridad.
La investigación sostiene que los delincuentes robaban grandes extensiones de cableado perteneciente a empresas de telecomunicaciones, generando cortes masivos de servicio que afectaron a casi un millar de usuarios, entre ellos dependencias policiales como la comisaría 2a. de Olavarría y el destacamento local de la Policía Federal Argentina.
Además del perjuicio operativo, los daños económicos fueron estimados en más de 20 millones de pesos para la empresa damnificada.
El caso comenzó en noviembre de 2025, cuando cuatro hombres —dos argentinos y dos uruguayos— fueron sorprendidos mientras intentaban concretar uno de los robos. En ese operativo se secuestraron herramientas, vehículos y distintos elementos que permitieron advertir la capacidad operativa de la banda.
A partir del análisis de teléfonos celulares incautados en aquel procedimiento, los investigadores detectaron la existencia de una estructura más amplia y lograron identificar a otros dos presuntos integrantes, lo que derivó en nuevos allanamientos realizados la semana pasada.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación e imputó a los sospechosos por asociación ilícita en modalidad de organización criminal, una figura incorporada recientemente al Código Penal a través de la Ley 27.786, promulgada en marzo de 2025. La norma prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión para quienes integren organizaciones destinadas a cometer delitos graves de manera coordinada.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la banda funcionaba con roles claramente distribuidos. El principal acusado habría aportado financiamiento, logística y vehículos de gran porte, además de coordinar los operativos mediante órdenes directas y pagos realizados a través de billeteras virtuales.
Su pareja era señalada como nexo logístico entre la estructura empresarial y la operatoria delictiva, mientras que otro de los acusados actuaba como supervisor en el terreno y encargado de reportar el éxito de las maniobras.
La investigación también identificó a un supuesto especialista técnico encargado de la extracción de cables, a un hombre dedicado a tareas de vigilancia e inteligencia y a otro acusado de trasladar el material robado hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Uno de los puntos más relevantes de la causa fue el hallazgo de un galpón en Avellaneda que, según la fiscalía, funcionaba como centro operativo de la organización. Allí se secuestraron tres vehículos, bobinas de cable, una máquina industrial destinada a cortar cableado y extraer cobre, herramientas específicas y un camión especialmente acondicionado para realizar este tipo de robos.
Los investigadores determinaron que algunos de los vehículos estaban modificados con malacates, motores auxiliares y sistemas de poleas capaces de arrancar grandes tramos de cable subterráneo en muy poco tiempo, una modalidad que explicaría la rapidez con la que actuaban durante la madrugada.
Además, la fiscalía detectó presuntos vínculos con empresas que no registrarían actividad comercial real y que habrían sido utilizadas para justificar movimientos logísticos entre el AMBA y Olavarría. Según la acusación, algunas firmas ni siquiera contaban con CUIT activo o funcionaban en domicilios inexistentes.
Los fiscales remarcaron que la magnitud de la organización no solo surge de la cantidad de hechos investigados, sino también de la infraestructura desplegada para movilizar personas, vehículos y herramientas a más de 400 kilómetros de distancia.
La investigación continúa y no se descarta que existan más integrantes vinculados a la maniobra. Además, los investigadores buscan determinar dónde terminaba el cobre extraído, ya que hasta el momento no se localizaron fundiciones ni lugares de procesamiento del material robado, una pieza clave para reconstruir toda la cadena de comercialización ilegal.
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