Informes calcados, padres destruidos: una red de psicólogas fue denunciada por fabricar acusaciones de abuso sexual
El primer hecho fue detectado en septiembre de 2025, pero ahora empezaron a aparecer más casos; ocho ya están confirmados, aunque se estima que pueden llegar a ser el doble
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO. Una trama de documentos copiados al pie de la letra, diagnósticos idénticos para pacientes distintos y padres alejados de sus hijos durante años por acusaciones que la propia Justicia terminó descartando: eso es lo que revela la denuncia penal que un grupo de abogados rosarinos presentó en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación contra tres psicólogas a las que acusan de haber construido una estructura de informes falsos para sostener imputaciones por abuso sexual infantil.
Esta semana el caso escaló: el jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, decidió reforzar el equipo de investigadores con dos nuevas fiscales, una señal de que apunta a que la dimensión del presunto esquema supera ampliamente lo que se conoció en una primera instancia.
“Entre un grupo de abogados empezamos a notar que los informes en distintas causas de abuso sexual tenían como denominador común a tres psicólogas, y que los contenidos eran similares. Fueron unas ocho causas, en las que los testimonios de los niños y niñas en Cámara Gesell contrastaban con los informes que se adjuntaban a las denuncias”, aseguró a LA NACION el abogado José Nanni.
Las tres psicólogas señaladas –cuyas iniciales son P.B.A., G.R.S. y N.V.A- pertenecerían a la organización AEVAS (Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales), con sede en la ciudad de Rosario. Según la denuncia, las profesionales habrían utilizado criterios repetitivos y estructuras idénticas en evaluaciones de distintos menores, lo que evidenciaría el uso de “formularios prearmados”, en lugar de análisis individuales.
El mecanismo era, en apariencia, sencillo. Al iniciar las sesiones daban por sentado que lo que se denunciaba era cierto y condicionaban la terapia instalando una idea de agresión inexistente en los niños.
Los informes, presentados luego ante fiscales y jueces, tenían un peso decisivo en la apertura de causas penales y en el dictado de medidas cautelares que impedían el contacto entre el padre imputado y su hijo o hija. En un caso, un padre no pudo ver a su hijo por tres años.
Los estudios psicológicos se basaban en relatos de una sola de las partes y no incluían instancias clave de evaluación. “Contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”, sostuvieron los abogados denunciantes.
Uno de los elementos más contundentes aportados por la defensa es la imposibilidad de verificar los supuestos relatos de los menores. “Todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones que los niños hacen durante la técnica que denominan ‘la hora del juego’, que no registran en audio ni video”, indicaron, al advertir que esto impide verificar la veracidad de los dichos.
Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, fue categórico al describir el hallazgo que disparó la investigación: “Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales, que si se suprimieran los nombres podría pensarse que se trata de un único paciente”.
Se detectaron diagnósticos idénticos en pacientes diferentes con años de diferencia, lo que refuerza la hipótesis de un esquema coordinado. Existen indicios de que las tres psicólogas pertenecen a una ONG con domicilio en La Plata, presidida por un exjuez federal, y que contaría con una sucursal en Rosario.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación en Rosario y lleva las firmas del exministro de Justicia provincial Juan Lewis, la excamarista Carina Lurati y los abogados Froilán Ravena, Ramiro Coso, Nanni, Estela Marelli, Adriana Torchio y Viviana Cosentino. Se trata de una demanda por asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado.
La magnitud del fenómeno se vislumbra en los números: al analizar en conjunto los expedientes, los letrados detectaron similitudes llamativas en los relatos. “Las situaciones que describían eran iguales, con características comunes en todos los niños y niñas. Incluso, en algunos casos, decían exactamente lo mismo: determinados juegos sexuales atribuidos a los padres o la misma terminología para referirse a órganos sexuales”, sostuvo Nanni.
Hasta la fecha ya relevaron ocho casos que fueron presentados en la denuncia, pero tienen más de 15 en análisis. Nanni aclaró que cada caso hay que estudiarlo e investigarlo en profundidad, porque se trata de situaciones complejas en las que hay niños de por medio.
Pablo Barra, de 51 años, visitador médico, es el rostro más visible del caso. La última vez que estuvo con su hija fue en junio de 2018. Días después supo que tenía una denuncia por abuso sexual contra la niña, que en ese momento tenía tres años. Hoy ella tiene 11 y él no la vio más, ni siquiera por fotos.
En diálogo con el programa De 12 a 14 de Canal 3, Barra reconstruyó el peso de esos años: “Me explotó una bomba en el momento que supe de la denuncia y que no pude ver más a mi hija. Fueron 7 años en los que literalmente transcurrí un calvario, me dejaron y me sentí absolutamente solo”.
Fue absuelto en primera instancia, pero el Ministerio Público de la Acusación apeló el fallo, lo que prolongó aún más su angustia.
El impacto de la denuncia llegó esta semana a la cúpula del Ministerio Público de la Acusación. El jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, informó por escrito que reforzó el equipo de trabajo designando a las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman para que intervengan junto a la fiscal Guillermina Aiello, que ya tenía la causa en su poder.
La decisión llegó luego de que los abogados denunciantes pidieran el apartamiento de Aiello por considerar que la investigación no avanzaba con la celeridad necesaria.
Merlo rechazó esa solicitud al interpretar que no existen “motivos suficientes” que afecten la objetividad o eficacia en el desempeño de la fiscal, pero optó de todas formas por sumar refuerzos. Serán en total tres investigadoras del MPA las que se abocarán a esclarecer los hechos.
La señal política también llegó desde el más alto nivel del Poder Judicial santafesino. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe mantuvo una reunión con fiscales y representantes del Colegio de Abogados para abordar la creciente preocupación en torno a una seguidilla de denuncias por presunto abuso infantil en el marco de divorcios conflictivos, e inició una recopilación de datos estadísticos sobre la problemática.
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