La funcionaria judicial acusada de integrar la banda que robaba datos biométricos con el escaneo de ojos quedó presa en su casa

Desde anoche, Albertina Mangini, la funcionaria judicial acusada de integrar una banda delictiva que ofrecía dinero para escanear ojos y, con los datos biométricos obtenidos, abrir cuentas en billeteras virtuales para ser utilizadas en el redireccionamiento de la recaudación de casinos online clandestinos, goza del beneficio del arresto domiciliario. Se sospecha que la organización criminal habría lavado más de 27 mil millones de pesos con aquella maniobra.

Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, el arresto domiciliario se hizo efectivo anoche, después de que la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de La Plata rechazara la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal a la decisión que habia adoptado el juez Agustín Crispo a principios de mes.

“A mi juicio, las constancias colectadas posteriormente al dictado de la prisión preventiva dan cuenta de una serie de circunstancias particulares y personales que permiten presumir justificadamente, a esta altura, que los peligros procesales evaluados en su oportunidad pueden fundada y razonablemente neutralizarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada”, había explicado el magistrado al hacer lugar a un pedido de morigeración de la detención de Mangini presentada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón.

Hasta que fue imputada en la causa, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Tiene el cargo de secretaria de primera instancia.

“Huelga recordar que las medidas de coerción poseen una naturaleza esencialmente cautelar, provisional y revisable. De allí que su mantenimiento requiera verificar no solamente que existieron razones suficientes al momento de su imposición, sino que aquellas subsistan actualmente y con intensidad suficiente para continuar justificando la modalidad más gravosa de restricción de la libertad”, dijo ahora el juez al dictar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La medida, había sostenido el magistrado, se hará efectiva cuando la resolución quede firme y, cuando goce del arresto domiciliario, Mangini no podrá “mantener contacto directo o indirecto (personal, telefónico, electrónico, por redes sociales, servicios de mensajería o por interpósita persona) con la víctima, testigos individualizados y los restantes imputados”.

Tras la decisión del tribunal de alzada, la resolución de primera instancia quedó firme.

“Los informes médicos registran una pérdida significativa de peso, un índice de masa corporal de 16,6 kg/m², disminución generalizada de masa muscular, restricción alimentaria y episodios reiterados de constipación. A su vez, la pericia psicológica oficial describe un cuadro depresivo-ansioso, con incremento de la inestabilidad emocional y manifestaciones de angustia asociadas al encierro. La interrupción temporal de la medicación, aunque posteriormente subsanada, integra ese cuadro y refuerza la necesidad de asegurar la continuidad del tratamiento. La existencia de asistencia sanitaria penitenciaria constituye una obligación estatal, pero no vuelve irrelevante el deterioro documentado ni impide ponderarlo al examinar la proporcionalidad de la medida”, se sostuvo en el fallo, con las firmas de las juezas Sofía Rezzónico Bernard y Sofia Rezzónico Bernard.

Y se agregó: “Del mismo modo, la historia de discontinuidad farmacológica invocada por la acusación no autoriza a atribuir exclusivamente a decisiones voluntarias de Mangini todas las manifestaciones constatadas, cuando los informes también vinculan la ansiedad, la restricción alimentaria y la inestabilidad emocional con el contexto de encierro. La convergencia de los problemas de salud, sumado a las restantes circunstancias procesales y personales, son las que determinan al juez de la instancia a conceder el beneficio. La crítica fiscal, al insistir en que la asistencia intramuros se encuentra actualmente garantizada, no desvirtúa la conclusión central: determinar si resulta indispensable mantener esa modalidad cuando los fines cautelares pueden asegurarse mediante otra menos restrictiva”.

El Ministerio Público Fiscal se había opuesto al beneficio del arresto domiciliario porque “el juez de grado no demuestra de qué manera esa modalidad permite neutralizar los peligros procesales que justificaron su prisión preventiva”.

Mangini fue detenida el 13 de agosto pasado. Fue alojada en Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. A mediados de septiembre pasado, después de un pedido de la fiscal Betina de Lacki, a cargo de la investigación, el juez Crispo dictó la prisión preventiva de la funcionaria judicial.

Al fundamentar su decisión, el magistrado había explicado que la funcionaria judicial “desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa”.

En la citada resolución del mes pasado, el juez Crispo también dictó la prisión preventiva de Ignacio Marchioni, que estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Mauro Perrotta.

Los tres están imputados por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad y por ser cometido como miembro de una asociación.

Según explicó el juez en su resolución, Mangini “valiéndose de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata, y a cambio de una contraprestación económica, abordó a personas sometidas a supervisión judicial o en situación de extrema vulnerabilidad económica, citándolas, al menos, en un bar y, a cambio de sumas de dinero cercanas a los $80.000 y mediante el uso de los terminales de telefonía móvil proporcionados por los proveedores, conjuntamente con personas aún no individualizadas pero integradas a la maniobra que les tomaron las fotografías y capturas biométricas, participó en la apropiación ilegal de su identidad digital y biométrica para proceder a la apertura de diversas cuentas en plataformas y billeteras virtuales sin el consentimiento pleno de las víctimas, realizando un uso espurio de sus datos”.

Como informó LA NACION en su momento, la investigación, a cargo de la fiscal de Lacki, comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el escaneo de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000.

“Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Los tres sospechosos habían sido detenidos por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en allanamientos hechos en las ciudades de La Plata, Quilmes y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en La Falda, en Córdoba.

En los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos, 3300 dólares , 3490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, explicaron fuentes del caso.

Mangini ingresó en el Ministerio Público bonaerense en junio de 2009. Su primer destino fue una fiscalía de Saladillo.

Mangini está suspendida en sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación que lleva adelante la fiscal de La Plata Betina Lacki.

“La suspensión se renueva cada 90 días. Ahora con su detención y llamado a indagatoria se dispuso una nueva suspensión hasta que dure el proceso penal”, habían dicho a LA NACION fuentes de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense cuando se hizo pública su detención.

Antes de estar en la oficina de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y el Patronato de Liberados, cumplió funciones en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata.

“Las situación jurídica de la imputada permite situar el análisis dentro de las previsiones del artículo 169 del Código Procena Penal: no registra antecedentes penales condenatorios; se encuentra desafectada de la función que anteriormente desempeñaba y, consecuentemente, privada de los accesos institucionales derivados de ella; la investigación lleva más de dos años de desarrollo, presentando un considerable grado de avance; y los riesgos residuales que pudieran subsistir pueden ser neutralizados mediante una prisión domiciliaria sometida a monitoreo electrónico y estrictas prohibiciones de contacto”, afirmó el magistrado al resolver en favor del arresto domiciliario de Mangini.

Lavado de dinero

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